El aumento de homicidios contrasta con el discurso oficial y plantea desafíos urgentes para la seguridad nacional. El panorama de seguridad en Colombia muestra
El aumento de homicidios contrasta con el discurso oficial y plantea desafíos urgentes para la seguridad nacional.
El panorama de seguridad en Colombia muestra un deterioro inesperado durante los primeros tres años del gobierno de Gustavo Petro, según un informe del Centro de Paz y Seguridad de la Universidad del Externado, que evidencia un aumento sostenido de homicidios en comparación con sus antecesores.
El documento, dirigido por el analista Andrés González, señala que entre agosto de 2022 y agosto de 2025 se registraron 40.663 homicidios, cifra superior a los 37.795 casos del mismo periodo del gobierno Duque y a los 36.646 asesinatos acumulados bajo la administración de Juan Manuel Santos.
El estudio revela que el promedio anual de homicidios durante el gobierno Petro es de 13.554 casos, superando los 12.598 registrados en el mandato de Duque y los 12.215 del periodo Santos, lo que evidencia un repunte persistente y generalizado en distintas zonas del país.
El pico más crítico se registró entre agosto de 2024 y agosto de 2025, cuando se contabilizaron 13.817 asesinatos, equivalentes a un homicidio cada 39 minutos, la cifra más alta desde 2014 y un indicador alarmante del escalamiento de la violencia nacional.
Aunque el presidente llegó al poder con la promesa de consolidar una política de Paz Total, el centro académico advierte que el comportamiento de la violencia letal configura una “meseta prolongada”, distante del “quiebre notorio” que se esperaba con la nueva estrategia gubernamental.
Mientras el Ejecutivo insiste en que el conflicto armado muestra signos de desescalamiento, los investigadores destacan que la violencia homicida no solo persiste, sino que se incrementa en intensidad en varias regiones priorizadas por la administración Petro.
El informe detalla una reconfiguración territorial profunda, marcada por incrementos severos en la Costa Caribe y el Nororiente, mientras departamentos tradicionalmente golpeados por la violencia, como Antioquia o Nariño, registran reducciones significativas en el mismo periodo.
En total, 19 departamentos presentan aumentos frente al trienio Duque. Entre los casos más críticos figuran Bolívar, con 870 homicidios adicionales; Magdalena, con 811 más; Atlántico, con 803; Santander, con 530; Cesar, con 425; y Huila, con 312 asesinatos más.
El análisis relaciona estos incrementos con disputas entre estructuras criminales como el Clan del Golfo, disidencias de las Farc, frentes del Eln y múltiples bandas urbanas, además de choques entre estos grupos ilegales y la fuerza pública en zonas estratégicas.
“La región Caribe pasó de registrar 6.512 homicidios en el trienio Duque a 9.382 en el trienio Petro, un salto de 2.870 asesinatos adicionales, que explica buena parte del aumento nacional”, señala el Centro de Paz en su evaluación comparativa.
El nororiente del país también refleja un deterioro significativo, especialmente en Norte de Santander, donde los homicidios aumentaron en 141 casos frente al gobierno anterior, con un repunte del 33,8% solo entre 2024 y 2025, según detalla el informe.
Los municipios de Tibú, Ocaña, El Tarra y Cúcuta concentran los mayores riesgos, en un contexto marcado por enfrentamientos entre el Eln y disidencias, además de agresiones contra líderes sociales y firmantes de paz, que incrementan la presión humanitaria regional.
Tibú presenta una situación crítica: los homicidios pasaron de 29 en 2024 a 129 en lo corrido de 2025, lo que representa una tasa de 187,5 asesinatos por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del país y clasificada como violencia extrema.
El estudio también muestra aumentos relevantes en Cartagena, Valledupar, Santa Marta, Barranquilla, Soledad, Cúcuta, Villavicencio y Bogotá, ciudades donde el reacomodamiento del crimen organizado ha dejado impactos profundos e incrementos sostenidos de homicidios.
Por contraste, ciudades como Cali, Medellín, Montería y Bello registran disminuciones significativas, lo que indica que la violencia no crece de manera homogénea, sino que se desplaza hacia áreas donde las estructuras armadas disputan corredores estratégicos.
El documento destaca que muchos de los incrementos están asociados a la llegada o fortalecimiento de grupos armados que buscan controlar rutas mineras, cocaleras, fronterizas o portuarias, lo que ha reconfigurado mapas criminales y dinámicas violentas en amplias zonas del país.
Según los investigadores, estos patrones muestran que la actual estrategia de paz y seguridad no logró contener la expansión de organizaciones criminales, que hoy operan con mayor capacidad territorial, financiera y operativa en áreas claves para el control ilegal.
El Centro de Paz advierte que la persistencia de estas tendencias podría comprometer seriamente los objetivos de la Paz Total y profundizar la vulnerabilidad de comunidades que enfrentan disputas armadas, desplazamientos y homicidios en ascenso.
El informe concluye que el país atraviesa un momento decisivo en materia de seguridad, donde las cifras de violencia exigen revisiones estructurales de la política pública y respuestas integrales que mitiguen la expansión de actores ilegales en los territorios.