Una revisión de la contratación entre 2022 y 2026 reveló más de 20.000 acuerdos, contratos simultáneos con honorarios de hasta $46 millones.
El Ministerio de Salud y Protección Social encendió las alarmas sobre el manejo de los recursos públicos en el sector tras presentar un balance de auditoría forense a la contratación ejecutada entre los años 2022 y 2026, correspondiente a la administración del expresidente Gustavo Petro.
La revisión de la gestión contractual destapó un panorama de presuntas anomalías que asciende a los $8,47 billones, involucrando a nueve entidades de la cartera y abriendo un nuevo frente de escrutinio fiscal, disciplinario y penal en el país.
El análisis técnico detalló que, durante el periodo examinado, las entidades adscritas suscribieron más de 20.600 contratos directos.
Sin embargo, lo que debió ser una ejecución ordinaria de recursos expuso nodos críticos de contratación simultánea y debilidades severas en los procesos de planeación y supervisión de las obligaciones pactadas.
Alertas en la seguridad social
Según el informe anunciado por la ministra Ana María Vesga los hallazgos presentados caerían sobre la figura del contratista en el sector público.
Entre las irregularidades más sensibles resalta la identificación de 143 personas que mantenían contratos simultáneos en distintas entidades del Estado de manera concurrente, percibiendo sumas de honorarios mensuales que llegaban a alcanzar los 46 millones de pesos.
De forma simultánea, las verificaciones cruzadas con el sistema financiero y de seguridad social permitieron detectar a 176 contratistas con posibles inconsistencias o vacíos en sus aportes al Sistema de Seguridad Social.
Situación que será evaluada de manera individual por las autoridades competentes para determinar posibles omisiones en las cargas legales de los prestadores de servicios.
En el caso particular de la sede central del Ministerio, se suscribieron 8.517 contratos directos a lo largo del periodo analizado.
No obstante, un dato que llamó la atención de los auditores es que más de la mitad de dichos convenios se concentraron en un lapso muy breve, entre enero de 2025 y agosto de 2026.
Irregularidades en logística
El alcance de la auditoría no se limitó a la modalidad de contratación directa. El Ministerio puso bajo la lupa un contrato de servicios logísticos suscrito el 28 de abril de 2026, enfocado en la organización de eventos institucionales con vigencia hasta diciembre.
Las cifras del acuerdo encendieron las alarmas de los nuevos administradores: el presupuesto inicial de $1.750 millones fue objeto de una adición por $490 millones en tiempo récord, elevando el valor del contrato a $2.240 millones.
Lo alarmante del caso radica en que, al 7 de agosto de 2026 (en el marco del cambio de mando presidencial), el presupuesto ya acumulaba cuentas pendientes de pago por $1.798 millones que contaban con el visto bueno de los supervisores.
Sin embargo, la actual administración determinó que "no encontramos soportes suficientes que demostraran el cumplimiento de todas las exigencias para programar esas actividades", sumado a deficiencias de planeación que frustraron la ejecución de otros eventos programados.
La jefa de la cartera de salud también reveló que existen denuncias penales formales instauradas ante la Fiscalía General de la Nación en torno a contratos logísticos del sector que sumaron $20.200 millones entre 2023 y 2026, tras detectarse indicios sobre el presunto uso de bienes y servicios costeados con presupuestos sanitarios para financiar actividades de campañas electorales.
Aunque la ministra aclaró que los señalamientos aún no están judicialmente probados y obedecen a una exigencia de investigación, los expedientes ya fueron remitidos a los tribunales disciplinarios.
"Los recursos de la salud son de los colombianos. Nuestra obligación es protegerlos y exigir que cada peso esté debidamente justificado", concluyó la ministra Vesga, al anunciar que las auditorías continuarán profundizando en los estados financieros de las entidades del sector para blindar los presupuestos destinados al bienestar de la ciudadanía.