El escándalo puso bajo presión el discurso de austeridad del Gobierno y abrió interrogantes sobre los criterios con los que se fijaron las remuneraciones de una
Ni tres meses alcanzó a permanecer Jaime Andrés Uribe al frente del Fondo Milagro. Su renuncia, solicitada y aceptada por el presidente Abelardo De La Espriella, se produjo en medio de la polémica por los altos salarios de la entidad, cuya nómina mensual asciende a $765,6 millones, pese a que actualmente cuenta con apenas 26 trabajadores.
El escándalo puso bajo presión el discurso de austeridad del Gobierno y abrió interrogantes sobre los criterios con los que se fijaron las remuneraciones de una entidad creada para gestionar los recursos destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.
La controversia comenzó esta semana, cuando la senadora Kamelia Zuluaga, del Pacto Histórico, divulgó la información obtenida mediante un derecho de petición. Según los datos publicados por la congresista, el Fondo tiene capacidad para vincular hasta 130 personas, pero por ahora cuenta con 26 trabajadores, cuyos contratos laborales a término indefinido están suscritos con Fiducoldex, administradora del patrimonio autónomo, y prestan sus servicios en Pereira.
Los valores reportados generaron cuestionamientos. El director, Jaime Uribe, recibía $39.441.454 mensuales; el secretario privado y cuatro directores de área, $36 millones cada uno; 13 coordinadores, $33 millones, y el coordinador regional, $30 millones. Para los profesionales técnicos, las remuneraciones oscilan entre $5,8 millones y $18,9 millones.
En conjunto, estos pagos representan cerca de $765,6 millones al mes, sin incluir primas ni prestaciones sociales. A esa cifra se suma la comisión que recibe Fiducoldex por administrar los recursos: 142 salarios mínimos mensuales, equivalentes a unos $248,6 millones, antes de IVA. Así, los costos mensuales de nómina y administración superan los $1.000 millones.
La austeridad, bajo presión
La reacción del presidente fue inmediata. De la Espriella anunció que había ordenado reversar los pagos y calificó la situación como un “despropósito”. También aseguró que las remuneraciones no habían contado con su autorización y que contrariaban las directrices de austeridad de su Gobierno.
Este jueves confirmó que aceptó la renuncia de Uribe, tal como se la había solicitado. “Porque era lo correcto”, dijo el mandatario, quien defendió su decisión como una muestra de que su administración reconoce y corrige los errores.
“Cuando se cometen errores, no los ocultamos: los reconocemos y los corregimos de inmediato. No soy infalible, pero tengo el carácter, la determinación y los mecanismos de control necesarios para corregir lo que haya que corregir”, manifestó en su cuenta de X.
El jefe de Estado insistió en que ningún funcionario tiene asegurado su cargo y advirtió que todos están bajo evaluación permanente. También anunció que dará a conocer el nombre de quien asumirá la dirección del Fondo y las medidas correctivas frente a las decisiones relacionadas con la contratación y los pagos.
Sin embargo, la discusión no se limita a la salida de un funcionario. Este viernes, el Departamento Administrativo de la Función Pública aclaró que no intervino en la fijación de los salarios, debido a que el Fondo Milagro funciona como un patrimonio autónomo constituido por el Ministerio de Hacienda y administrado por Fiducoldex. Por esa naturaleza jurídica, sus trabajadores no son servidores públicos y sus condiciones laborales se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo, no por las escalas salariales del Estado.
“Sus trabajadores no ocupan empleos públicos y sus salarios no están sujetos a las escalas salariales establecidas por el Gobierno Nacional”, precisó la entidad.
Esta explicación permite entender el régimen de contratación, pero no elimina el debate sobre el uso de los recursos. Aunque los trabajadores no tengan la condición de funcionarios públicos, sus remuneraciones se cubren con dinero público y, por tanto, están sujetas al escrutinio ciudadano.
Los resultados también están en discusión
La polémica salarial coincidió con otros cuestionamientos sobre la gestión del Fondo. Esta semana, Uribe fue criticado por no asistir a un debate de las comisiones conjuntas de Senado y Cámara sobre la atención de la emergencia, pese a haber sido citado. El entonces director justificó su ausencia al señalar que había sido invitado a un acto con el presidente en Cali.
A esto se suma el panorama financiero de la reconstrucción. Un informe de la Defensoría del Pueblo advirtió que, de los $58 billones estimados para atender las necesidades derivadas del terremoto, solo $8 billones tienen una fuente de financiación identificada. La cifra contrasta con la magnitud de las necesidades y plantea dudas sobre la capacidad institucional para garantizar que los recursos lleguen oportunamente a las comunidades afectadas.
De la Espriella ha defendido la gestión del Fondo y sostiene que ya comenzó la entrega de viviendas y subsidios, además de adelantar demoliciones para dar paso a la reconstrucción. Según el mandatario, la entidad ha hecho en tiempo récord tareas que antes tardaban años.
Pero el escándalo deja una pregunta de fondo: ¿cómo justificar una estructura administrativa con costos superiores a los $1.000 millones mensuales cuando la reconstrucción todavía enfrenta un importante déficit de financiación?