Uno de los episodios más delicados es la supuesta instalación de micrófonos y dispositivos GPS en vehículos asignados a los esquemas de protección de expresiden
El Departamento Nacional de Inteligencia (DNI) se convirtió en uno de los nuevos focos de confrontación política entre el Gobierno de Abelardo De La Espriella y sectores cercanos al expresidente Gustavo Petro. Las denuncias sobre presuntas operaciones de espionaje contra antiguos mandatarios, posibles maniobras para interferir en las elecciones presidenciales de 2026 y cuestionamientos a la contratación de la entidad plantean interrogantes sobre el uso de las capacidades de inteligencia del Estado y sus controles institucionales.
El origen de las revelaciones es un informe de empalme de 26 páginas, elaborado en julio de 2026 y conocido por Noticias Caracol. El documento recoge información suministrada por funcionarios de la propia agencia sobre presuntas irregularidades durante la administración anterior. Entre los episodios más delicados aparece la supuesta instalación de micrófonos y dispositivos GPS en vehículos asignados a los esquemas de protección de expresidentes y exvicepresidentes.
Según el informe, un decreto expedido semanas antes de la segunda vuelta presidencial habría facilitado la participación del DNI en la asignación de esos automotores y, eventualmente, labores de seguimiento sobre sus ocupantes. También se menciona una supuesta casa clandestina de inteligencia en Bogotá, cerca de la Embajada de Estados Unidos, que habría operado sin registro oficial y cuyos rastros habrían sido eliminados de los archivos de la entidad después de los comicios.
A estas denuncias se suman viajes de funcionarios a Rusia para recibir capacitación del servicio secreto de ese país y la entrega de equipos tecnológicos sobre los que existen sospechas de posibles programas de espionaje. Se trata de señalamientos que, por su gravedad, requieren investigaciones que permitan establecer qué ocurrió, quiénes participaron y bajo qué órdenes se habrían realizado esas actividades.
La controversia por la sombra electoral
El capítulo más sensible está relacionado con Carlos Andrés Oyola Tovar, ingeniero de sistemas que ingresó al DNI en 2024 y fue enviado a prisión por un proceso judicial que, aunque ha alimentado la controversia pública, no corresponde a la presunta manipulación electoral.
La Fiscalía lo señala de integrar una red que, entre 2017 y 2023, habría alterado calificaciones y registros financieros en el campus virtual de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), para facilitar que 19 estudiantes obtuvieran títulos sin cumplir los requisitos. Según el ente acusador, su propio historial académico habría sido modificado en 46 oportunidades, lo que le permitió obtener títulos de ingeniero de sistemas y especialista en gerencia pública.
Por estos hechos, Oyola deberá responder por concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático agravado, daño informático agravado, obtención de documento público falso y fraude procesal. El procesado no aceptó los cargos.
Sin embargo, existe una segunda investigación, distinta de la que motivó su captura y medida de aseguramiento. El informe de empalme lo relaciona con una presunta red que habría intentado acceder a información electoral y atacar los sistemas de la Registraduría para alterar los resultados de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026. Esa hipótesis aún debe ser esclarecida por las autoridades y no puede darse por probada a partir del proceso por las irregularidades académicas.
En medio de la controversia también se afirmó que Oyola se habría reunido con la fiscal general, Luz Adriana Camargo. La funcionaria desmintió esa versión y aseguró que los registros de visitas a su despacho y al del vicefiscal Gilberto Guerrero permiten verificar que esos encuentros no ocurrieron.
Las reacciones políticas evidencian la profundidad de la disputa. El vicepresidente José Manuel Restrepo calificó lo ocurrido como un posible “abuso y mal uso” del DNI y pidió investigar a los responsables directos e indirectos. Desde el Pacto Histórico, Iván Cepeda sostuvo que las denuncias buscan “poner en duda la legalidad de la gran votación que obtuvo el Pacto Histórico y mi candidatura en las elecciones presidenciales”.
También afirmó que no existe sustento probatorio sobre la participación de funcionarios de la entidad en un plan de manipulación y recordó que la Registraduría ha descartado reiteradamente que una intrusión informática alterara los resultados.
Los recursos públicos, otro frente de investigación
A la controversia se suma la revisión prioritaria que ordenó la Contraloría sobre cinco contratos del DNI por $20.783 millones. Entre las adquisiciones mencionadas están un helicóptero no tripulado de $9.000 millones, que sufrió un siniestro en marzo de 2026, y sistemas antidrones por $8.340 millones.
También se reportaron dificultades con un sistema biométrico que no pudo implementarse, computadores con problemas de calidad y elementos para las oficinas de la entidad, entre ellos camas cuyo costo habría sido de $18 millones cada una.
La revisión deberá determinar si existieron fallas de planeación, posibles sobrecostos o responsabilidades fiscales. Por ahora, las observaciones y actuaciones de control no equivalen a una declaración de responsabilidad.
Más allá de la confrontación entre el Gobierno actual y sus antecesores, el caso pone sobre la mesa una discusión de fondo: los límites del poder de una agencia de inteligencia en una democracia.