Iris Marín alertó que debilitar el Acuerdo de Paz puede afectar la seguridad del país y que se trata de un deber constitucional del Estado su implementación.
A diez años de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, Colombia vuelve a enfrentar una escalada de violencia que pone a prueba los compromisos de desmovilización, reincorporación y transformación territorial. Sin embargo, para la defensora del Pueblo, Iris Marín, responsabilizar al pacto firmado en 2016 por el deterioro de la seguridad supone desconocer las causas estructurales que han permitido la continuidad del conflicto armado.
Marín –en una entrevista con Colprensa- sostuvo que el problema histórico del país ha sido la incapacidad de garantizar desarrollo rural, seguridad física y acceso a la justicia en las regiones más vulnerables. A su juicio, las disidencias que hoy operan en distintos territorios no representan una continuidad política de las antiguas Farc, sino estructuras fragmentadas que se sostienen principalmente mediante economías ilícitas.
“La guerra con las Farc se acabó. Quedaron unos reductos que se mantienen sobre todo por las economías ilícitas, el narcotráfico y la minería ilegal”, afirmó. Agregó que estos grupos carecen de un mando unificado y de un ideal común, y que su expansión responde, en buena medida, a los recursos que obtienen de esas actividades.
La defensora también cuestionó a quienes atribuyen al Acuerdo la violencia actual. Recordó que, tras su firma, las cifras de violencia asociada al conflicto registraron una reducción sustancial durante 2017, tendencia que se mantuvo en 2018 y 2019. El repunte comenzó en 2020. “No quiero sacar el Acuerdo de la discusión, pero sí encuadrarlo en un marco más general”, precisó.
Para Marín, Colombia ha logrado poner fin a ciclos de violencia mediante negociaciones o presión militar, pero no ha conseguido desactivar los factores que permiten su reproducción. Hoy, señaló, el narcotráfico, los cultivos de uso ilícito y la minería ilegal tienen un peso determinante. Por eso considera que la respuesta estatal debe combinar seguridad, justicia y transformación de las condiciones económicas y sociales de las comunidades.
La paz, una obligación que no depende del Gobierno
Esa mirada adquiere relevancia ante las decisiones de la administración de Abelardo De La Espriella sobre la implementación del Acuerdo. Marín expresó preocupación por la reducción de recursos destinados al desarrollo rural, el retiro de la supervisión internacional sobre algunos compromisos y el cierre de la Unidad de Implementación.
Aunque reconoció que cada presidente puede reorganizar la estructura administrativa del Gobierno, advirtió que esa facultad no elimina las obligaciones del Estado. “La preocupación no es que se quite una institución, sino que se la quite sin establecer un mecanismo que permita cumplir la obligación constitucional de cumplir el Acuerdo de Paz”, explicó.
La defensora alertó que la combinación de menos presupuesto, ausencia de seguimiento internacional y debilitamiento de la institucionalidad puede dejar los compromisos en el papel. Esto, además de afectar a las comunidades que esperan la reforma rural y los programas de sustitución de cultivos, puede comprometer la sostenibilidad de la política de seguridad.
“La paz es de la gente, no de Timochenko, ni de Santos, ni de Petro”, enfatizó. Su planteamiento apunta a que la implementación no debe convertirse en una disputa entre gobiernos o en una bandera partidista, sino entenderse como una deuda con las poblaciones que habitan los territorios más afectados por la guerra.
También pidió no perder de vista a los cerca de 11.000 firmantes que continúan en proceso de reincorporación. Según el balance citado en la entrevista, 521 excombatientes han sido asesinados. “Les fallamos en garantías de seguridad y en garantías de reincorporación”, reconoció, al advertir que el incumplimiento estatal puede afectar la confianza de quienes eventualmente decidan dejar las armas.
El presidente y los límites de la fuerza
Marín reconoció que el actual Gobierno tiene una visión de seguridad distinta a la de su antecesor y que ha privilegiado el uso de la fuerza, aunque mantiene abierta la posibilidad del sometimiento a la justicia. Para la Defensoría, no se trata de plantear una oposición entre paz y seguridad: el Estado debe proteger a la población, combatir a los grupos armados y garantizar, al mismo tiempo, los derechos humanos y la justicia.
Esa advertencia también está dirigida al presidente De La Espriella y a la forma en que su administración comunica las operaciones militares. La defensora cuestionó la espectacularidad y la exhibición de la guerra como parte de la imagen presidencial.
“Los derechos humanos son de todas las personas, y los criminales los tienen”, recordó. Esto no significa impedir que sean capturados, procesados o combatidos, sino exigir que las actuaciones militares y judiciales respeten los límites del Estado de derecho y el derecho internacional humanitario.
“Cuando muere una persona, así sea el peor criminal y así muera en combate, algo de humanidad debe quedarnos para saber que eso no es bueno”, sostuvo. Y lanzó una de sus críticas más contundentes: “El presidente es mucho más que un combatiente (...) Es mucho más que sencillamente alguien que hace un show y muestra una guerra”.
Para Marín, la autoridad presidencial debe estar por encima del poder de las armas y representar a todos los ciudadanos, no convertir la confrontación en un espectáculo.