Mientras las Fuerzas Militares anuncian operaciones, capturas y despliegues para recuperar el control territorial los grupos armados siguen poniendo a prueba la
La ofensiva del Gobierno de Abelardo De La Espriella contra las estructuras armadas ilegales se ha intensificado en distintos puntos del país. Sin embargo, mientras las Fuerzas Militares anuncian operaciones, capturas y despliegues para recuperar el control territorial, los ataques con drones explosivos y la capacidad de los grupos armados para movilizarse por las zonas de frontera siguen poniendo a prueba la estrategia de seguridad.
Tres episodios recientes retratan los desafíos que enfrenta la administración: el ataque contra el cantón militar de Santa Rosa del Sur, en Bolívar; la Operación Noah, desarrollada en Tibú, Norte de Santander, y el despliegue de la Fuerza Pública tras el secuestro de Nancy Gómez, esposa del alcalde de Uribia, en La Guajira. A estos hechos se suma la controversia por el Escudo Nacional Antidrones que, según el actual Ministerio de Defensa, terminó siendo un proyecto sin condiciones para ejecutarse.
Santa Rosa, drones vuelven a golpear a la Fuerza Pública
El 7 de noviembre, el cantón militar Prócer Manuel Rodríguez Torices, en Santa Rosa del Sur, fue atacado con aeronaves no tripuladas acondicionadas con explosivos. La acción, ocurrida hacia las 12:30 del mediodía, dejó tres militares muertos, 16 heridos de gravedad y otros 31 uniformados afectados, de acuerdo con los reportes conocidos posteriormente.
Las autoridades atribuyeron el atentado al Eln, aunque inicialmente no hubo una reivindicación pública de la organización. El ministro de Defensa, Jorge Mora, señaló que el ataque habría sido una represalia por la captura de alias Carrito, señalado cabecilla del Frente de Resistencia Guamocó.
El episodio no solo evidenció la capacidad ofensiva de los grupos armados, sino también la vulnerabilidad de instalaciones militares ante una tecnología relativamente económica y cada vez más utilizada en el conflicto colombiano.
Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el país registró 119 ataques con drones en 2024, 277 en 2025 y 351 hasta el 2 de noviembre de 2026. Es decir, una frecuencia cercana a un ataque cada 21 horas.
Operación Noah: un golpe a la estructura 33 en Tibú
En Norte de Santander, el Gobierno respondió con una operación militar contra la estructura 33 de las disidencias de las Farc, de la facción de Calarcá. La Operación Noah, desarrollada en zona rural de Tibú, dejó cuatro integrantes muertos y seis capturados, según el balance oficial.
Entre los detenidos figura alias Barba Chivo, señalado como cabecilla de comisión y hombre de confianza de alias Andrey Avendaño.
El Ministerio de Defensa le atribuye una trayectoria criminal de 11 años y presunta participación en homicidios de líderes sociales, ataques con drones contra la Fuerza Pública, extorsiones, reclutamiento de menores y desplazamientos forzados.
Durante el procedimiento también fueron incautados siete fusiles y 15 granadas para drones, además de neutralizarse tres áreas campamentarias.
El resultado representa un golpe operativo para esa estructura, pero también revela una contradicción: mientras el Estado intenta debilitar a quienes utilizan estos artefactos, las organizaciones ilegales siguen incorporándolos a sus capacidades de combate.
Uribia: despliegue militar y cooperación con Venezuela
Otro frente de la respuesta gubernamental se abrió en La Guajira. El 11 de noviembre fue secuestrada Nancy Gómez, esposa del alcalde de Uribia, Jaime Buitrago, cuando se encontraba en un gimnasio del municipio.
El presidente De La Espriella ordenó el despliegue de la Fuerza Pública y activó un plan candado para impedir que los responsables trasladaran a la víctima hacia Venezuela. Las primeras hipótesis apuntaron al Eln, aunque la responsabilidad debía ser establecida por las autoridades.
El caso adquirió una dimensión binacional, porque el 12 de noviembre, la Cancillería colombiana informó que activó mecanismos de cooperación con Venezuela. El canciller Omar Bula sostuvo una conversación con su homólogo venezolano, Oliver Blanco, para coordinar el intercambio de información y apoyar las labores de búsqueda.
La situación vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la cooperación fronteriza, porque los operativos militares nacionales pueden resultar insuficientes cuando las estructuras criminales aprovechan territorios limítrofes para escapar de la acción de las autoridades.
El escudo antidrones: una estrategia que nunca llegó al terreno
El punto más delicado de este panorama es la ausencia de un sistema integral para enfrentar los ataques desde el aire.
El anterior Gobierno anunció el Escudo Nacional Antidrones, una iniciativa estimada en $6,2 billones, que contemplaba capacidades de detección, rastreo e inhibición de aeronaves no tripuladas. Sin embargo, el ministro Jorge Mora aseguró que recibió un proyecto sin financiación consolidada, viabilidad técnica ni recursos garantizados para su ejecución en 2026.
“Prometieron un Escudo Nacional Antidrones de 6,2 billones de pesos que resultó ser un espejismo”, afirmó Mora, quien también cuestionó que los $800.000 millones anunciados para una primera fase no estuvieran asegurados presupuestalmente.
El funcionario negó que la administración actual hubiera cancelado contratos adjudicados y anunció un plan de choque para dotar a las tropas con equipos financiados mediante los presupuestos ordinarios. También informó que se trabaja en un documento Conpes para garantizar recursos sostenibles y en una ley para regular la importación y el uso de drones.
El exministro de Defensa Pedro Sánchez defendió la decisión de no adquirir los equipos evaluados. Según explicó, durante siete meses se revisaron propuestas de 119 empresas de 21 países, pero los comités técnicos concluyeron que ninguna solución satisfacía integralmente las necesidades operacionales del país.
El desafío, además, no se resuelve únicamente comprando inhibidores. Los escudos antidrones requieren varias capas: radares, sensores y cámaras para detectar; sistemas para identificar y seguir los aparatos, y mecanismos para neutralizarlos. Los inhibidores de radiofrecuencia, por ejemplo, pierden efectividad frente a drones controlados mediante fibra óptica, por lo que también se necesitan interceptores físicos.