La educación enfrenta un panorama de incertidumbre por las decisiones presupuestales y las reformas.
La reducción de recursos para la gratuidad, la concesión escolar y las iniciativas que modificarían el funcionamiento de la educación pública generan preocupación entre estudiantes, docentes y directivos. En algunos departamentos golpeados por la violencia, las alertas se extienden al riesgo de deserción y reclutamiento de menores.
A cien días de la llegada de Abelardo De La Espriella a la Presidencia, la educación enfrenta un panorama de incertidumbre por las decisiones presupuestales y las reformas que impulsa el Gobierno. Aunque durante la campaña el mandatario planteó propuestas como la doble titulación, la priorización de materias, la reparación de colegios y el cero adoctrinamiento, sus primeras medidas han puesto en el centro del debate los recortes, la concesión escolar y las restricciones a las movilizaciones estudiantiles.
Una de las principales preocupaciones está en el Presupuesto General de la Nación para 2027.
La mayor alerta está en la política de gratuidad, cuyo presupuesto bajaría de más de $80.000 millones a $32.515 millones. Aunque esta reducción no significa por sí sola que el programa haya sido eliminado, sí abre interrogantes sobre su continuidad y la capacidad de garantizar el acceso de los jóvenes a la educación superior.
La gratuidad, entre la deserción y el reclutamiento
Pablo Echavarría, integrante del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU), advirtió que la eventual pérdida de este beneficio tendría consecuencias sobre la permanencia estudiantil.
“Habría una deserción de aproximadamente el 80 por ciento de la población estudiantil de la educación superior porque las matrículas están en un promedio de cuatro millones de pesos y la mayoría de los estudiantes son de estrato dos y tres”, explicó.
La preocupación adquiere otra dimensión en las zonas de frontera, donde las universidades públicas representan una alternativa para jóvenes de municipios afectados por la pobreza y el conflicto armado. Javier Soledad, presidente del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación de Norte de Santander, estimó que entre 18.000 y 25.000 estudiantes de estratos 1, 2 y 3 quedarían desamparados o en riesgo de congelar sus estudios.
“Sin el subsidio, la mayoría de los jóvenes matriculados en primer y segundo ciclo abandonarían la universidad para integrarse a la economía informal, labores del campo o economías ilícitas”, advirtió.
Para el dirigente, las instituciones de educación superior públicas, son una válvula de escape frente a la exclusión social.
Oscar Aldana, rector de la institución educativa Julio Pérez Ferrero, coincidió en que la ausencia de gratuidad reduciría las posibilidades de ingreso a la universidad. “Si ya es alto el índice de jóvenes que no quieren estudiar, los que sí lo desean van a desistir con este nuevo obstáculo. Es claro que la ausencia de la gratuidad los hace aún más vulnerables a las ofertas que se utilizan ahora para seducirlos hacia el crimen”, señaló.
La advertencia no es menor en una región donde el reclutamiento de menores continúa siendo una amenaza. Luis Fernando Niño, alto consejero para la Paz de Norte de Santander, informó que entre enero y junio de 2026 se comprobaron 23 casos de reclutamiento forzado en el departamento, aunque reconoció que existe subregistro por la falta de denuncias.
Juan Carlos Quintero, defensor de derechos humanos y directivo de la Asociación Campesina del Catatumbo, agregó que durante 2025 se reportaron 70 casos de reclutamiento de menores, según los registros que mencionó. Tibú, El Tarra, Sardinata, Teorama y Convención figuran entre los municipios más expuestos, especialmente para niños y niñas de entre 12 y 15 años.
En ese contexto, la permanencia escolar no es solamente un asunto académico. También constituye una medida de protección frente a los grupos armados.
Concesión escolar y reformas bajo cuestionamiento
Otro frente de discusión es el proyecto de decreto sobre concesión escolar. Para Aldana, esta figura no resolvería los problemas de calidad educativa ni mejoraría necesariamente los resultados de las pruebas externas. Incluso sostuvo que en Cúcuta los resultados más bajos corresponden precisamente a colegios bajo este modelo.
Desde Fecode, Hugo Cárdenas, secretario de asuntos laborales y jurídicos, rechazó la modificación del Decreto 1075 al considerar que podría abrirle espacio a la privatización y desnaturalizar la financiación de la educación pública.
El dirigente también alertó sobre un posible congelamiento de proyectos educativos por $700.000 millones y el impacto que tendría en los programas previstos para este año. A esto sumó su rechazo al proyecto de ley 074, que busca caracterizar la educación como servicio esencial y que, según advirtió, podría limitar las protestas y los paros del magisterio.
También cuestionó el proyecto 126, relacionado con bonos escolares, porque considera que debilitaría los recursos estatales y abriría espacio a prácticas politiqueras. A estas iniciativas se suma la preocupación por el posible freno a los concursos de ascenso docente, que afectaría a maestros que han invertido en su formación académica.
Las consecuencias de los recortes también podrían trasladarse a las condiciones materiales de las instituciones educativas. Esto también dejaría sin fondos las becas de manutención y subsidios de transporte, indispensables para la permanencia de los estudiantes rurales.
A cien días de Gobierno, el balance educativo está marcado por interrogantes sobre la financiación, el acceso y el futuro de la educación pública.