El regreso de las aspersiones aéreas, la contratación de erradicación manual y la incertidumbre sobre la sustitución voluntaria marcan el balance del Gobierno f
La meta quedó escrita en el plan de Gobierno de Abelardo De La Espriella: fumigar por vía aérea 330.000 hectáreas de cultivos ilícitos y reducir en un 50% la violencia posterior a estas intervenciones. A 100 días de su posesión, la estrategia comienza a tomar forma con el regreso de las aspersiones, nuevos contratos de erradicación manual y una pregunta que sigue sin respuesta clara: ¿qué pasará con las familias que le apostaron a sustituir voluntariamente la coca?
El Gobierno recibió un país con 261.000 hectáreas sembradas de coca, según el monitoreo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), correspondiente a 2024 y publicado este año. La cifra representó un incremento del 3,5% frente a las 253.000 hectáreas registradas en 2023.
El informe también evidenció la concentración territorial del fenómeno: cerca de la mitad de los cultivos se ubicaba en apenas diez municipios, de los aproximadamente 180 afectados. Mientras el Pacífico y el Catatumbo registraron aumentos del 14% y el 11%, respectivamente, en Putumayo-Caquetá y la región Central hubo reducciones.
Frente a ese panorama, los primeros movimientos de la administración se han concentrado en recuperar mecanismos de erradicación. Para Luis Fernando Niño, consejero de paz de Norte de Santander, todavía es “prematuro en 100 días hablar de resultados o avances en sustitución de cultivos”.
El funcionario considera que los programas anteriores no siempre ofrecieron incentivos suficientes para que las familias abandonaran la coca y encontraran alternativas económicas sostenibles. Por eso, insiste en que la sustitución debe acompañarse de inversión social y apoyos durante la transición hacia productos legales como el cacao o la palma. Sin ingresos que permitan subsistir mientras crecen las nuevas cosechas, advierte, el cambio difícilmente será sostenible.
Niño agregó que todavía se están definiendo los funcionarios nacionales, regionales y locales que estarán a cargo de estos programas y de proyectar iniciativas productivas e infraestructura social para territorios como el Catatumbo.
Una política que vuelve a la erradicación
Desde la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), la lectura es más crítica. Juan Carlos Quintero, defensor de derechos humanos y directivo de la organización, considera que el Gobierno está retomando fórmulas que no han resuelto las causas estructurales del problema.
“En nuestro criterio, la política de cultivos del actual presidente de la República no tiene nada de novedoso a lo que hemos visto en los últimos 35 años en Colombia y que claramente ha fracasado”, afirmó.
Uno de los principales anuncios fue la reactivación de las aspersiones aéreas. El 28 de agosto, el Ejecutivo derogó la Resolución 6 de 2015, que había frenado las fumigaciones con glifosato, y el 29 de septiembre anunció un plan piloto con glufosinato de amonio, un herbicida distinto al utilizado anteriormente. Sin embargo, según Quintero, acciones judiciales frenaron el piloto y, por ahora, impiden avanzar con ese esquema.
A la par, el 3 de octubre se adjudicó un contrato de erradicación manual por más de $60.000 millones. La operación contempla intervenir hasta 37.316 hectáreas en 129 municipios de 12 departamentos, incluido Norte de Santander, mediante 22 grupos móviles.
Pero la mayor preocupación de las organizaciones campesinas está en el futuro de la sustitución voluntaria. Quintero recordó que cerca de 99.000 familias firmaron acuerdos en el marco del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), a las que se suman hogares vinculados a Renacemos. Según Ascamcat, el Gobierno aún no ha precisado cómo garantizará la continuidad de esos compromisos.
El dirigente también recordó que la Sentencia SU-545 de 2023 de la Corte Constitucional estableció que el Estado debe priorizar la sustitución voluntaria y acudir a la erradicación forzada si aquella fracasa. La decisión también ordenó cumplir los acuerdos colectivos y garantizar los recursos para su implementación.
Así, De La Espriella no parte de cero: recibe compromisos jurídicos y acuerdos con comunidades que ya asumieron la decisión de abandonar los cultivos ilícitos. El desafío será demostrar que su estrategia no se limita a recuperar la fumigación y la erradicación, sino que ofrece alternativas económicas capaces de competir con las rentas de las economías ilegales.
El Pacto Social por el Catatumbo, otro compromiso pendiente
Suscrito en marzo de 2025, durante el Gobierno de Gustavo Petro, el Pacto Social por la Transformación del Catatumbo tiene una vigencia de diez años y reúne compromisos para 11 municipios de la región. Surgió en medio de la crisis humanitaria de enero de ese año, que provocó el desplazamiento de más de 100.000 personas.
El Departamento Nacional de Planeación reporta seguimiento a 95 proyectos estratégicos con financiación asegurada, más de 60 en ejecución. Para Luis Emil Sanabria Durán, presidente nacional de Redepaz, el documento recoge necesidades históricas de la región, pero el reto es convertir los compromisos en obras y oportunidades concretas, con recursos, cronogramas y mecanismos de seguimiento.