El fortalecimiento de las relaciones con Venezuela, los ajustes al gasto público y los cambios en el sector minero y energético aparecen entre los compromisos c
Al cumplirse los primeros 100 días del gobierno de Abelardo de la Espriella, el balance económico y empresarial deja avances, asuntos en trámite y una lista de compromisos que todavía no se materializan. El semáforo de este periodo muestra que, aunque hay decisiones concretas en materia fronteriza, fiscal y energética, persisten deudas con los sectores productivos, especialmente en regiones como Norte de Santander, donde la dinámica económica depende en buena medida del intercambio comercial con Venezuela.
El panorama evidencia una administración que ha comenzado a mover algunas de sus apuestas, pero que aún tiene pendiente traducir sus anuncios en medidas que mejoren la competitividad, reduzcan los costos empresariales y generen condiciones para la inversión y el empleo formal.
Verde: decisiones que ya se concretaron
Entre los avances se destaca el fortalecimiento del relacionamiento con Venezuela, un asunto estratégico para Cúcuta y Norte de Santander, cuya economía mantiene una dependencia histórica del comercio binacional. La recuperación de los canales de interlocución representa un paso importante para la actividad empresarial y la integración fronteriza.
También figura la derogación de las 15 resoluciones que establecían los Distritos Mineros Especiales en Norte de Santander y otros diez departamentos, así como el levantamiento de la prohibición de exportar carbón a Israel. Estas decisiones modifican las condiciones regulatorias para el sector minero y carbonífero.
En el balance también aparece la construcción participativa del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, concebido como la hoja de ruta para los próximos años, y el ajuste estatal mediante el recorte y la racionalización del gasto público.
A esto se suma el impulso a la producción de hidrocarburos, una de las apuestas del Gobierno para dinamizar el sector energético y fortalecer la actividad extractiva.
Amarillo: anuncios y medidas en trámite
En el punto intermedio están los compromisos que han comenzado a tomar forma, pero que todavía requieren decisiones, reglamentación o resultados concretos.
La seguridad es uno de ellos. Hay acciones en marcha para enfrentar la delincuencia y recuperar el control de zonas urbanas y rurales, aunque el desafío sigue siendo convertir esos esfuerzos en mejores condiciones para la población y el desarrollo de las actividades económicas.
En materia fronteriza, están sobre la mesa iniciativas de carácter tributario e impositivo que buscan reconocer las particularidades de Cúcuta y su relación comercial con Venezuela. Una eventual diferenciación del régimen económico podría representar un alivio para los empresarios de la región.
También se encuentran en trámite las propuestas de reducción de la renta corporativa del 35% al 31%, una tarifa preferencial del 2% durante 16 años para grandes inversionistas extranjeros y la eliminación del 4x1000, contempladas en el proyecto de Ley de Rescate Económico.
La recuperación de la sostenibilidad fiscal, el fortalecimiento de la competitividad empresarial y la creación de condiciones para atraer capital y generar empleo formal completan esta franja. Son propósitos que todavía deben demostrar su alcance en la economía real.
Rojo: las deudas que siguen sin resolverse
Las mayores alertas están en los compromisos que no han pasado del papel. Uno de ellos es la infraestructura vial, con inversiones pendientes en las redes primaria, secundaria y terciaria. Corredores estratégicos como Cúcuta-Ocaña, Pamplona-Bucaramanga y La Soberanía continúan a la espera de soluciones que mejoren la conectividad y reduzcan los costos logísticos.
Tampoco se han materializado los alivios para el sector empresarial. Sigue pendiente la creación de nuevas oportunidades de crédito y apalancamiento, así como una política industrial con programas, inversión y acompañamiento efectivo para fortalecer la producción nacional.
En esa misma línea, no se han concretado reformas que reduzcan los costos laborales y productivos, mejoren la productividad y estimulen la generación de empleo.
Las preocupaciones también alcanzan el proyecto de Ley de Rescate Económico. La propuesta de aumentar del 5% al 19% el IVA para determinados productos podría afectar el bolsillo de los consumidores y la capacidad de las mipymes, mientras continúa pendiente la aplicación de aranceles a plataformas digitales de comercio electrónico para proteger al sector moda.
A esto se suma la falta de una evaluación de las sanciones a usuarios comerciales e industriales por incrementos en el consumo de energía, una situación que preocupa a las empresas cuya operación requiere mayor capacidad energética.
Así, los primeros 100 días dejan un balance de contrastes: decisiones concretas en algunos frentes, reformas todavía en discusión y compromisos económicos sin resolver. Para las regiones productivas, el reto del Gobierno será pasar de las medidas anunciadas a resultados verificables que se traduzcan en inversión, infraestructura, competitividad y oportunidades de empleo.