La política de Estado en temas migratorios también requiere mecanismos de regularización, acceso a derechos, oportunidades laborales, educación, atención instit
La deportación y expulsión de extranjeros en situación irregular se convirtió en una de las principales apuestas del presidente Abelardo De La Espriella durante sus primeros 100 días de Gobierno. Bajo el argumento de combatir la inseguridad, la administración puso en marcha operativos para identificar y retirar del país a quienes incumplen las normas migratorias. Sin embargo, mientras el discurso oficial insiste en el control y la expulsión, hay una discusión que apenas aparece en la agenda presidencial: ¿qué lugar ocupa la integración de los 2,8 millones de venezolanos que viven en Colombia?
Desde los primeros meses de su mandato, De La Espriella ordenó a Migración Colombia y a la Policía Nacional intensificar los controles en distintas ciudades. La instrucción tomó forma a finales de agosto, durante un consejo de seguridad en Barranquilla, cuando anunció operativos para deportar a los denominados “migrantes ilegales”. La prioridad, dijo entonces, sería actuar contra quienes estuvieran cometiendo delitos y continuar con quienes no tuvieran regularizada su permanencia en el territorio nacional.
Desde entonces, el mandatario ha sostenido que quienes tienen sus documentos al día cuentan con garantías, pero que no habrá tolerancia frente al ingreso ni a la permanencia irregular.
Las cifras oficiales dan cuenta de esa apuesta. Entre el 7 de agosto y el 29 de octubre se realizaron 812 deportaciones y expulsiones. De ellas, 462 fueron justificadas por razones de seguridad nacional, alteraciones del orden público, requerimientos de Interpol o solicitudes de otros países. A ese balance se sumaron otras 285 salidas del territorio nacional durante noviembre, en siete operativos, para un acumulado de 1.097 personas.
No obstante, detrás de los resultados también hay interrogantes sobre los fundamentos de algunas actuaciones. El Gobierno ha relacionado estos procedimientos con conductas como hurto, extorsión, tráfico de drogas, porte de armas blancas, riñas e irrespeto a la autoridad. Pero en determinados casos se han invocado medidas correctivas del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que no equivalen a condenas penales.
El abogado migratorio César González advirtió, tras los primeros anuncios presidenciales, que el endurecimiento de la política migratoria plantea un desafío jurídico: establecer hasta dónde puede actuar el Estado sin convertir una infracción administrativa en un delito que no existe en la legislación colombiana. El debate, por tanto, no se limita a la eficacia de los operativos, sino también a las garantías y los límites legales de las medidas.
Integración, una palabra ausente
Más allá de las deportaciones, el balance de los primeros 100 días deja otra pregunta: ¿qué está haciendo el Gobierno para integrar a quienes llegaron a Colombia y tienen vocación de permanencia?
Ronal Rodríguez, vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, encontró una ausencia significativa en el discurso presidencial. A partir de la revisión de 64 videos de los 165 publicados por la Presidencia en su canal oficial de YouTube, entre el 7 de agosto y el 7 de noviembre de 2026, identificó que el mandatario no ha expresado respaldo a la integración migratoria.
“En las 7 alocuciones, 30 declaraciones y 27 intervenciones en eventos, entre el 7 de agosto y el 7 de noviembre de 2026, el presidente Abelardo de la Espriella no se ha pronunciado en favor de la integración migratoria”, precisó el investigador.
Rodríguez identificó dos pronunciamientos específicos sobre la migración venezolana irregular. El primero ocurrió durante la declaración conjunta con Marco Rubio, cuando De la Espriella defendió una “migración legal, ordenada y segura” y aclaró que su oposición está dirigida a la migración ilegal, no al fenómeno migratorio en sí. El segundo fue el 28 de octubre, después de un consejo de seguridad en Bogotá, cuando ordenó al director de Migración Colombia “deportar sin dilación a quienes delinquen y tengan anotaciones”.
En otras intervenciones, según el seguimiento, el presidente vinculó la migración con el tráfico de personas, la trata, el crimen transnacional y el narcotráfico, además de insistir en la corresponsabilidad internacional. Para Rodríguez, el vacío está en que el Gobierno no ha incorporado en su narrativa el aporte económico y social de los migrantes ni ha planteado una estrategia que atienda sus necesidades de integración.
Una realidad que va más allá de la frontera
La dimensión de esa población hace difícil mantener la discusión exclusivamente en términos de control. En enero de 2026, Colombia registraba 2.841.048 ciudadanos venezolanos. De acuerdo con las cifras citadas, el 82% se encontraba en condición migratoria regular, en su mayoría con Permiso por Protección Temporal (PPT). Los venezolanos están presentes en todos los departamentos, con mayores concentraciones en Bogotá, Antioquia, Norte de Santander y Atlántico.
En las zonas de frontera, su presencia también se refleja en la composición de las nuevas generaciones. “El 62,90% de los niños, niñas y adolescentes de Puerto Santander y el 40,15% de los de Tibú son de nacionalidad venezolana. Se trata de menores que están creciendo, estudiando y construyendo sus proyectos de vida en Colombia”, explicó Rodríguez.
El investigador también recordó que los venezolanos representan el 5,3% de la población nacional y constituyen la segunda minoría del país, según las cifras que cita para 2026.
Este panorama plantea un desafío que no se resuelve únicamente con controles migratorios. La política de Estado también requiere mecanismos de regularización, acceso a derechos, oportunidades laborales, educación, atención institucional y convivencia.