Mientras los sindicatos evalúan propuestas de doble dígito, analistas prevén un alza salarial de un solo dígito. Muy por debajo del alza decretada para 2026.
El debate económico más polémico de fin de año en Colombia ha comenzado. La discusión en torno a la fijación del salario mínimo que regirá a partir del 1º de enero de 2027 ya está en carrera; siendo esta la primera negociación salarial bajo la administración del presidente Abelardo de la Espriella.
Con unas bases actuales situadas en $1.750.905 de salario básico —que sumados a los $249.095 de auxilio de transporte sitúan el ingreso mensual de los trabajadores en $2.000.000—, las proyecciones iniciales de los centros de investigación económica ubican la remuneración básica cerca de la barrera de los $1,9 millones.
Las estimaciones técnicas cobran fuerza luego de que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) revelara el dato de inflación correspondiente a octubre, el cual situó la variación anual en el 6,30%, frente al 5,51% registrado en el mismo periodo de 2025, acumulando una tasa de 5,94% en lo corrido del año.
Este comportamiento inflacionario, sumado a las variables de productividad, empleo e informalidad analizadas en las mesas técnicas previas lideradas por el Ministerio del Trabajo, junto a Hacienda, el DNP y el Dane, delimita el margen de maniobra para la discusión paritaria.
Proyecciones técnicas
De acuerdo con los cálculos de analistas como César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, un ajuste técnicamente sostenible se movería en una horquilla de entre el 8% y el 9%, fundamentado en una expectativa de inflación del 6,8% y una productividad estimada del 1,2 %.
Con un incremento del 8%, el ingreso básico aumentaría $140.072 para ubicarse en $1.890.977, mientras que un reajuste del 9% lo elevaría hasta los $1.908.486.
En la acera del frente, los sindicatos, encabezados por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), preparan una postura unificada que mantiene su aspiración histórica de lograr un incremento de dos dígitos, argumentando la necesidad de recuperar de manera contundente el poder adquisitivo de los hogares frente al costo de vida.
Esta brecha entre las expectativas gremiales y los cálculos corporativos anticipa una dura negociación en el seno de la comisión tripartita de concertación, cuya instalación oficial está prevista para el próximo 18 de noviembre de 2026.
La mesa reunirá formalmente a los delegados del Gobierno, los sindicatos y los empresarios para buscar un punto de equilibrio que evite presiones inflacionarias o sobrecostos letales para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y el sector rural.
La postura del Ejecutivo
Frente a las expectativas generadas por el reajuste salarial, el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, ratificó el compromiso del Ejecutivo de propiciar un escenario de concertación riguroso y técnico.
"Yo sé que la ministra de Trabajo viene haciendo una tarea destacada en el acercamiento entre los equipos sindicales, los sindicatos de nuestro país, los gremios empresariales, los empresarios de Colombia, buscando que la política en materia de salario mínimo sea una política que permita reconocer la pérdida del poder adquisitivo, simultáneamente la productividad de los trabajadores, y que busque garantizar y preservar la capacidad de poder adquisitivo que deben tener los colombianos", señaló el alto funcionario.
Restrepo enfatizó que la administración buscará que el mecanismo respete las realidades del mercado laboral, marcado aún por altos índices de informalidad y retos de competitividad empresarial.
Por su parte, la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección, Juliana Morad, y la viceministra de Empleo y Pensiones, Elianne Forero, insistieron en la necesidad de sopesar el impacto de la medida sobre los costos de producción y la generación de puestos de trabajo formales.
Con el cronograma en marcha, si las partes logran consensuar una cifra antes de finalizar el año, el incremento se adoptará por acuerdo tripartito; de lo contrario, el Gobierno nacional tendrá la facultad constitucional de fijar el porcentaje mediante decreto antes del 30 de diciembre, asegurando su entrada en vigor para el primer día de 2027.