El centro de estudios económicos respalda la iniciativa fiscal del Gobierno, pero sugiere modificar el IVA y reducir más el gasto público.
El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella enfrenta una enorme presión política y técnica para sacar adelante su propuesta de Ley de Rescate Económico en el Congreso de la República. El vicepresidente, José Manuel Restrepo, defendió con firmeza la necesidad urgente de tramitar esta iniciativa fiscal para evitar una debacle financiera nacional.
Durante su intervención en la Asamblea General de ANIF, el alto funcionario advirtió sobre el panorama alarmante que el país afrontará durante la próxima década si no se implementa una reforma tributaria profunda.
Restrepo aseguró enfáticamente que el Ejecutivo asume un costo político importante al poner la cara ante los ciudadanos.
Las proyecciones oficiales señalan que, de mantener la inercia actual sin ajustes, el Estado deberá destinar una proporción insostenible de sus ingresos futuros solo al pago de obligaciones básicas. El Gobierno nacional busca convencer a las bancadas parlamentarias de dejar de lado la politiquería para lograr consensos técnicos indispensables.
Por su parte, el centro de pensamiento económico manifestó un respaldo claro a la iniciativa gubernamental, calificándola como una medida que apunta en la dirección correcta. El presidente de la entidad, José Ignacio López, reiteró que la compleja situación fiscal heredada requiere acciones inmediatas e ineludibles.
ANIF advirtió con contundencia que, sin la aprobación de esta ley de ajuste, el déficit fiscal del Gobierno Nacional Central superará el 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2027. Esta cifra representaría el nivel más alto registrado en toda la historia económica de Colombia.
El centro de estudio económico también alertó que a partir de 2029 la deuda pública nacional rebasará el 70 por ciento del PIB. En ese escenario crítico, el pago de intereses, pensiones y transferencias obligatorias superará totalmente el recaudo tributario ordinario del Estado.
Ante semejante vulnerabilidad financiera, la Nación se vería obligada a endeudarse exclusivamente para cubrir la nómina pública, la salud, la educación y la seguridad ciudadana. La institución técnica recordó que estos desbalances estructurales provienen de compromisos presupuestales previos adoptados sin fuentes estables de financiación.
Ajuste fiscal y resistencia tributaria
A pesar del espaldarazo a la iniciativa, ANIF planteó modificaciones puntuales para lograr consensos políticos viables en el ámbito legislativo. El centro de pensamiento criticó que el peso del ajuste fiscal recaiga mayoritariamente en los bolsillos de las familias y de las empresas productivas.
El análisis detalla que el 35 por ciento del ajuste propuesto proviene de recortes en el gasto estatal, mientras que el cincuenta y cuatro por ciento depende de mayores contribuciones tributarias. Este desbalance genera resistencia ciudadana y fatiga fiscal acumulada tras años de aumentos impositivos continuos. El punto más álgido de las observaciones de ANIF gira en torno a la propuesta de incrementar el IVA (Impuesto sobre el Valor Agregado) a diversos productos esenciales.
La entidad advirtió que el 72 por ciento de la canasta gravada corresponde a insumos productivos e intermediarios clave para la economía. Aunque el Ejecutivo diseñó el programa EfectIVA para devolver los cobros a las familias más pobres, el centro económico señaló que existen riesgos latentes.
Si el mecanismo de devolución digital falla, sectores como la ganadería, la agricultura y el comercio sufrirán pérdidas severas en su actividad.
Diálogo político y alternativas
Frente a las críticas y reparos de los partidos oficialistas y de colectividades aliadas como el Centro Democrático, el Ejecutivo mantiene abiertos los canales de diálogo. El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, confía en lograr acuerdos sólidos antes del primer debate parlamentario.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez propuso alternativas complementarias, sugiriendo recortar el tamaño del Estado mediante la eliminación o fusión de más de doscientas entidades innecesarias.
Asimismo, planteó vender acciones de Ecopetrol y fortalecer el Régimen Simple de Tributación para dinamizar la inversión privada.
Las próximas semanas definirán el futuro de la Ley de Rescate Económico en el Congreso, donde confluyen la advertencia de crisis inminente y las exigencias de modificación técnica. El pulso político pondrá a prueba la capacidad de concertación entre el Gobierno y los partidos para blindar las finanzas nacionales.