La mujer insiste en que existe una presunta red de mujeres vinculadas mediante contratos estatales a cambio de favores sexuales.
La controversia por la presunta entrega de contratos estatales a cambio de favores sexuales durante el gobierno de Gustavo Petro entró en una nueva fase. La publicación de un video en el que aparece el expresidente junto a Deicy Jiménez, la mujer que hizo las denuncias, reactivó el debate político y elevó la presión sobre el exmandatario, cuya defensa insiste en que el material no demuestra la existencia de irregularidades en la contratación pública.
Las imágenes, de aproximadamente un minuto de duración, muestran a Petro y a Jiménez en un espacio privado, mientras sostienen una conversación. Al final de la grabación, el exmandatario se acerca a la mujer, le toma el rostro con las manos y la besa. Aunque el registro evidencia cercanía e intimidad entre ambos, por sí solo no acredita que se hayan entregado contratos a cambio de relaciones sexuales, que es el núcleo de las denuncias.
“Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad. Los colombianos merecen saber quién es Gustavo Petro”, escribió Jiménez en sus redes sociales. También manifestó temor por su seguridad y responsabilizó al expresidente si algo llegara a sucederle a ella o a su familia.
La reacción de Petro fue negar que hubiera utilizado recursos o decisiones del Estado para obtener favores sexuales. “Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie. Las mujeres que trabajaron en mi gobierno llegaron por su capacidad y su esfuerzo”, afirmó en un mensaje publicado en X.
El expresidente también cuestionó el alcance probatorio de la grabación y señaló que no ha sido examinada por peritos ni valorada por un juez. “Nadie sabe todavía de cuándo es, de dónde viene ni qué muestra en realidad”, sostuvo. Su abogado, Alejandro Carranza, respaldó esa posición y aseguró que se trata de un fragmento sin fecha, lugar ni origen verificado, cuya autenticidad, integridad y contexto deberán establecerse dentro del proceso judicial.
La defensa también cuestionó que el material se hiciera público antes de ser entregado formalmente a las autoridades. Sin embargo, anunció que Petro responderá ante la instancia competente y rechazó que el caso se convierta en un juicio mediático.
Las denuncias pasan al terreno judicial
Más allá de la controversia por el video, el asunto tiene implicaciones que van mucho más allá de la vida privada del expresidente. Jiménez sostiene que conoció a Petro en 2019, cuando era senador, y que habría recibido contratos en distintas entidades públicas, entre ellas la Unidad de Trabajo Legislativo de María José Pizarro, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior.
La mujer asegura que existe una presunta red de mujeres vinculadas mediante contratos estatales a cambio de favores sexuales. Para respaldar sus señalamientos, anunció que tenía conversaciones, fotografías y videos.
En ese contexto, la extracción de la información de su teléfono celular por parte de la Fiscalía, en una diligencia que se extendió durante 15 horas y 45 minutos, representa un paso relevante para establecer qué elementos pueden respaldar sus declaraciones. Jiménez insistió en que el asunto no debe reducirse a su supuesta relación con Petro: “No desviemos el tema. Se trata de hechos, de una red de la que decidí no hacer parte y de una verdad que merece ser denunciada”.
El proceso también está rodeado de preocupaciones por la seguridad de la denunciante. Su anterior abogado, Felipe Caballero, renunció tras advertir presuntas amenazas. Ahora, la abogada Dina Luz Malo Andrade asumió su representación y pidió a la Fiscalía, la Policía y la Unidad Nacional de Protección investigar los seguimientos y la difusión de fotografías de Jiménez. La nueva defensora anunció que el video será puesto a disposición de las autoridades para su valoración.
Las implicaciones políticas
El caso también salpicó a la exsenadora María José Pizarro, quien se pronunció sobre la vinculación de Jiménez a su equipo de trabajo. La dirigente aseguró que conoció a la denunciante como contratista y que sus funciones se desarrollaron en condiciones normales. “Nunca he participado en actuación alguna que implique corrupción o el condicionamiento de un contrato público a favores de ninguna naturaleza”, manifestó.
Pizarro agregó que nunca tuvo conocimiento de una relación íntima entre Jiménez y Petro y que, por respeto a las instrucciones de reserva de la Corte Suprema de Justicia, no entregará más declaraciones públicas.
La controversia plantea un desafío político para el expresidente, pues las acusaciones involucran presuntas prácticas de contratación durante su administración y mencionan a personas que ocuparon posiciones en entidades del Estado. No obstante, será la justicia la encargada de establecer si existieron conductas delictivas y determinar las responsabilidades individuales.