El desafío para la justicia será determinar si detrás de las denuncias existió un esquema de favorecimiento irregular en la contratación estatal.
Las denuncias de Deicy Jiménez contra el expresidente Gustavo Petro abrieron un nuevo frente de controversia política y, sobre todo, una discusión jurídica sobre el presunto uso de la contratación estatal para obtener beneficios particulares. La publicación de un video en el que ambos aparecen en un encuentro íntimo elevó la presión sobre el exmandatario, pero el principal interrogante para las autoridades sigue siendo si existió un intercambio de favores sexuales por contratos públicos y quiénes habrían intervenido en esas decisiones.
Jiménez sostiene que conoció a Petro en 2019, cuando este se desempeñaba como senador, y que posteriormente habría recibido vinculaciones contractuales en distintas entidades del Estado a cambio de mantener relaciones sexuales con él. Entre los lugares donde asegura haber trabajado menciona la Unidad de Trabajo Legislativo de María José Pizarro, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior.
La mujer había anunciado que contaba con fotografías, conversaciones y videos para respaldar sus señalamientos. Esta semana publicó una grabación en la que aparece junto al expresidente en un espacio privado, abrazándose y besándose.
Los posibles delitos bajo la lupa
Más allá de la controversia por el contenido del video, las declaraciones de Jiménez plantean la posibilidad de investigar conductas relacionadas con la contratación pública y el eventual aprovechamiento del cargo para obtener beneficios particulares.
Uno de los delitos que podría entrar en el análisis es el interés indebido en la celebración de contratos, contemplado en el artículo 409 del Código Penal. Esta conducta se configura cuando un servidor público se interesa, en provecho propio o de un tercero, en un contrato u operación en la que debe intervenir por razón de sus funciones.
En este escenario, los investigadores tendrían que establecer si Petro intervino o utilizó su posición para favorecer determinadas vinculaciones contractuales con un interés particular, ajeno a los fines de la administración pública.
Otro posible delito es el cohecho, que contempla distintas modalidades. Esta conducta sanciona al servidor público que recibe o acepta beneficios indebidos, o que los solicita, para realizar u omitir actuaciones relacionadas con sus funciones. Para considerar esta hipótesis, la Fiscalía tendría que demostrar la existencia de una utilidad indebida y su relación con una actuación propia del cargo. No bastaría con acreditar una relación íntima entre las personas involucradas.
También podría examinarse el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, previsto en el artículo 410 del Código Penal. Se configura cuando un servidor público, por razón de sus funciones, tramita, celebra o liquida un contrato sin observar los requisitos legales esenciales.
Para establecer si hubo esta conducta, sería necesario revisar los procesos de contratación señalados por Jiménez, identificar a los funcionarios que participaron en ellos y determinar si se desconocieron las exigencias legales o se favoreció irregularmente a alguna persona.
Las pruebas, determinantes para el proceso
Por ahora, las acusaciones no equivalen a responsabilidades penales demostradas. La grabación publicada por Jiménez podría aportar elementos para establecer la cercanía entre ambos, pero no demuestra por sí misma que existiera un intercambio de relaciones sexuales por contratos estatales.
La investigación deberá concentrarse en verificar los testimonios, las conversaciones, los registros contractuales y las posibles intervenciones de funcionarios públicos. También será necesario establecer si hubo una relación entre los supuestos beneficios personales y las decisiones administrativas.
El caso tiene, además, un componente relacionado con la seguridad de la denunciante. La abogada Dina Luz Malo Andrade asumió su representación luego de la renuncia de su anterior apoderado, quien advirtió presuntas amenazas. La nueva defensora denunció seguimientos y pidió a la Fiscalía, la Policía y la Unidad Nacional de Protección adoptar medidas para proteger a su clienta.
Así, el escándalo que comenzó con señalamientos sobre la vida privada del expresidente se trasladó a un terreno de mayores implicaciones institucionales. El desafío para la justicia será determinar si detrás de las denuncias existió un esquema de favorecimiento irregular en la contratación estatal o si los señalamientos carecen de sustento probatorio. La respuesta dependerá de las evidencias y de las responsabilidades individuales que logren establecerse.