Cecilia Arango propone cinco prioridades para que Colombia crezca al 6 % anual y pide a la ciudadanía construir una cultura acorde con los nuevos retos.
En mi artículo anterior escribí: «Para atrás, ni para coger impulso». Hablé de la urgencia de crecer, industrializar el país y poner la ciencia y la tecnología al servicio de nuevas oportunidades. Pero conocer el rumbo no basta. Avanzar exige decisiones, recursos y voluntad política.
El 5 de noviembre de 2026, el Departamento Nacional de Planeación publicó los resultados del Índice de Desempeño Fiscal (IDF) municipal de 2025. El promedio nacional subió 1,40 puntos y llegó a 57,25. Sin embargo, 706 municipios —el 64 %— siguen en los rangos de riesgo y deterioro.
El IDF de 2024 ayuda a entender parte de esa fragilidad. La dependencia municipal promedio de las transferencias de la Nación pasó de 66,9 % en 2021 a 74,3 % en 2024. En el mismo periodo, la participación de la inversión en formación bruta de capital fijo bajó de 21,4 % a 17,3 %. Mejorar los ingresos propios y convertir los recursos en inversión productiva son tareas urgentes.
El IDF no mide por sí solo el bienestar. Su utilidad está en alertar a cada municipio para que revise sus finanzas, mejore el recaudo y la ejecución, y priorice inversiones que impulsen la productividad y la calidad de vida.
Paraguay y Costa Rica ofrecen aprendizajes distintos. En 2025, sus economías crecieron 6,6 % y 4,6 %, respectivamente. En Paraguay, el resultado estuvo impulsado por el consumo privado, la inversión y el buen desempeño agrícola. Su estrategia busca aprovechar la energía, mejorar la logística y atraer inversión hacia la agroindustria y la manufactura.
Costa Rica ha consolidado una economía exportadora, abierta a la inversión y especializada en actividades de mayor contenido tecnológico, como los dispositivos médicos y los servicios empresariales. Su reto es conectar más empresas nacionales y regiones con esos sectores.
Colombia puede aprender de ambos casos y diseñar una estrategia propia para alcanzar, en los próximos cuatro años, una tasa anual de crecimiento del PIB del 6 %. Propongo cinco prioridades: garantizar energía confiable y tarifas competitivas; ofrecer estabilidad jurídica y trámites ágiles; preparar proyectos financiables de infraestructura multimodal, agroindustria, manufactura avanzada, servicios tecnológicos y energías limpias; formar talento para esos sectores; y vincular más empresas locales a las cadenas de exportación. La inversión debe traducirse en empleo formal, productividad y mejores ingresos en todas las regiones.
El nearshoring abre una oportunidad para acercar al país a las cadenas de suministro de América del Norte y otros mercados. Nuestra ubicación ayuda, pero no basta: las empresas necesitan energía disponible, reglas estables e infraestructura. Ante las presiones sobre el suministro y los costos energéticos, Colombia debe anticiparse y ofrecer certezas para que los proyectos se instalen, crezcan y generen empleo.
El Plan Nacional de Desarrollo 2026–2030 debe convertir estas prioridades en decisiones, financiación y metas verificables. La Nación, las regiones, los municipios, las empresas, la academia y la ciudadanía deben trabajar en una misma dirección.
El desarrollo también depende de cómo convivimos y resolvemos nuestras diferencias. El viernes 30 de octubre de 2026, en un escenario académico, surgió un dilema: ¿qué hacer cuando una norma jurídica entra en tensión con una tradición cultural ancestral? Las normas establecen mínimos obligatorios para proteger derechos y ordenar la convivencia. Una sociedad que aspira a transformarse debe garantizar, además, principios éticos y morales superiores. Esto exige escuchar a las comunidades, deliberar con respeto y proteger la dignidad de las personas.
La ciudadanía tiene una responsabilidad decisiva: construir una cultura acorde con los nuevos retos. La transformación se expresa en cómo cumplimos compromisos, cuidamos lo público y participamos en las soluciones. También se fortalece con vínculos de confianza y colaboración, y al ampliar nuestro capital relacional para trabajar por objetivos comunes.
Romper la inercia exige disciplina y constancia en la vida diaria: decidir, cumplir y colaborar. El Gobierno debe actuar; las instituciones, responder; y cada ciudadano puede participar, exigir y aportar. Así, las metas nacionales se convierten en mejores oportunidades para las personas.
El cambio comienza por mí.