La gobernadora electa Gina Hinojosa propone revisar subsidios, frenar nuevos proyectos y proteger a los consumidores del poder tecnológico.
La victoria electoral de Gina Hinojosa abre un nuevo capítulo en la relación entre Texas y las grandes tecnológicas. La demócrata propone cambiar las reglas para construir centros de datos, utilizar electricidad y agua, y aplicar algoritmos que determinan precios.
El resultado del 3 de noviembre tiene un significado político adicional. Hinojosa derrotó al republicano Greg Abbott y será la primera mujer latina en gobernar Texas, además de devolver a los demócratas al poder después de más de tres décadas.
Su propuesta plantea una discusión que trasciende la competencia partidista. El crecimiento de la inteligencia artificial exige instalaciones con enormes necesidades de energía y refrigeración, mientras las empresas utilizan cada vez más información personal para tomar decisiones comerciales que afectan a los consumidores.
Texas se convirtió en uno de los destinos más atractivos para esa infraestructura. La disponibilidad de terrenos, los recursos energéticos y las condiciones regulatorias favorables impulsaron inversiones de compañías que necesitan procesar cantidades crecientes de información para desarrollar servicios digitales y modelos de inteligencia artificial.
Según datos atribuidos al operador eléctrico ERCOT, a comienzos de 2026 funcionaban aproximadamente 400 centros de datos en su área de cobertura. La cifra refleja la dimensión de una infraestructura que continúa creciendo y demanda nuevas conexiones a la red eléctrica.
Los centros de datos alojan servidores que permiten almacenar información, prestar servicios en la nube y entrenar modelos de inteligencia artificial. Su funcionamiento requiere suministro eléctrico permanente y sistemas de refrigeración que pueden consumir importantes volúmenes de agua, según su tecnología.
Hinojosa escuchó durante la campaña a habitantes preocupados por la llegada de estas instalaciones. Sus inquietudes se concentraron en el consumo de recursos, los efectos sobre las tarifas de electricidad y la falta de información pública sobre los acuerdos entre empresas y autoridades.
La discusión tiene consecuencias directas para los hogares. Cuando una instalación industrial exige ampliar la capacidad eléctrica, construir líneas de transmisión o reforzar redes de distribución, surge una pregunta central sobre quién debe financiar esas inversiones y evitar que terminen trasladadas a los usuarios residenciales.
Frenar la expansión sin trasladar los costos
La gobernadora electa propone establecer una moratoria para autorizar nuevos centros de datos hasta que el poder legislativo apruebe mecanismos de protección para las comunidades. La medida busca revisar las condiciones de expansión antes de permitir nuevas instalaciones.
Su planteamiento también contempla eliminar subsidios y exenciones fiscales concedidos a estas empresas. Hinojosa considera que las compañías deben asumir los costos de la infraestructura que necesitan, en lugar de recibir beneficios públicos mientras las familias afrontan mayores gastos por servicios esenciales.
En materia eléctrica, propone exigir que los grandes consumidores financien las inversiones adicionales que requieren sus operaciones. También plantea congelar temporalmente las tarifas residenciales mientras se establecen nuevas reglas para distribuir los costos de generación, transmisión y conexión.
El agua ocupa otro lugar central en su programa. La propuesta busca impedir que los contratos de suministro destinados a centros de datos comprometan el abastecimiento de las comunidades. También pretende garantizar que los habitantes participen en las decisiones sobre proyectos que afectan sus territorios.
La transparencia constituye otro componente. Hinojosa quiere impedir acuerdos de confidencialidad que oculten información sobre las condiciones de instalación y operación de estos complejos. Además, plantea incorporar garantías laborales para trabajadores calificados y sindicalizados vinculados con las nuevas inversiones.
Las propuestas no significan que la futura gobernadora rechace toda inversión tecnológica. Su posición apunta a modificar las condiciones bajo las cuales se desarrolla, de manera que la expansión empresarial tenga obligaciones verificables frente a los consumidores, los trabajadores y las comunidades.
Ese enfoque también incluye fortalecer la confiabilidad de la red e incorporar fuentes renovables como la solar y la eólica. Hinojosa, sin embargo, cuestiona que las nuevas líneas de transmisión se construyan sin consultas adecuadas ni consideración de los derechos de propietarios y residentes.
Algoritmos bajo vigilancia
La regulación que propone Hinojosa no se limita a los edificios que alojan servidores. También alcanza los algoritmos que utilizan las empresas para establecer precios, analizar hábitos de consumo y calcular cuánto estaría dispuesto a pagar cada cliente por un producto.
Una de sus prioridades es combatir el surveillance pricing, una práctica que utiliza datos personales, historiales de compra y patrones de comportamiento para ofrecer precios diferentes a consumidores que adquieren el mismo producto o servicio.
La preocupación se extiende a los supermercados y al mercado inmobiliario. Hinojosa cuestiona que grandes minoristas puedan utilizar información de sus clientes para elevar precios y que los propietarios empleen sistemas algorítmicos para determinar los alquileres de las viviendas.
Su programa plantea prohibir los usos abusivos de estas herramientas y exigir responsabilidades a las empresas. También propone limitar la adquisición de viviendas por fondos de inversión, a los que responsabiliza de contribuir a las dificultades de acceso a la propiedad.
La discusión tiene un efecto potencialmente importante para la gente común. Si prosperan estas iniciativas, los consumidores podrían tener mayor protección frente a precios personalizados, mientras los hogares ganarían garantías sobre el uso de sus datos y el acceso a servicios básicos.
Sin embargo, todavía existen interrogantes sobre el alcance de las restricciones, los mecanismos para detectar prácticas abusivas y las sanciones aplicables. Hinojosa no ha presentado una estrategia integral de inteligencia artificial ni un proyecto legislativo que detalle cómo regulará estos sistemas.