La reducción de recursos obligará a la jurisdicción a modificar su funcionamiento, disminuir gastos administrativos y reorganizar sus capacidades operativas.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) inicia una nueva etapa marcada por la austeridad, la presión presupuestal y la necesidad de acelerar los resultados de los procesos de justicia transicional. Durante la posesión de los magistrados Danilo Rojas Betancourth y Diana María Vega, como presidente y vicepresidenta del alto tribunal, respectivamente, se anunciaron drásticas medidas para afrontar el recorte de $170.000 millones previsto para la vigencia de 2027.
La reducción de recursos obligará a la jurisdicción a modificar su funcionamiento, disminuir gastos administrativos y reorganizar sus capacidades operativas, en un momento en el que todavía tiene importantes decisiones pendientes sobre los macrocasos relacionados con el conflicto armado.
Una de las medidas más significativas será la entrega del edificio Torre Squadra, actual sede de la JEP, prevista para marzo de 2027. Rojas anunció que la ceremonia de posesión sería “el último acto público en este edificio”.
Con el traslado, la entidad pasará de ocupar 15.000 metros cuadrados a cerca de 4.200, una reducción que representaría un ahorro aproximado de $26.000 millones anuales. El cambio también implicará que el trabajo virtual se convierta en la regla y que se implemente un modelo de turnos para el uso de los espacios disponibles.
A esto se sumará el recorte del 85% de los contratos de prestación de servicios, que representan labores fundamentales para el funcionamiento de la Jurisdicción, entre ellas la defensa técnica, el acompañamiento psicosocial y los encuentros restaurativos entre víctimas y comparecientes. La decisión supondría un ahorro cercano a los $83.000 millones.
Rojas aseguró que la reorganización interna buscará evitar que los ajustes afecten la participación de quienes hacen parte de los procesos judiciales. “La JEP hará hasta lo imposible para que los rubros que facilitan a las víctimas y a los comparecientes su participación procesal no se vean alterados”, manifestó.
La seguridad, otro frente de austeridad
El plan también contempla una reducción sustancial de los esquemas de protección de magistrados, fiscales y secretarios ejecutivos. Para estos últimos, incluso, se eliminarán por completo las medidas de seguridad.
La decisión se extenderá a los esquemas de protección de víctimas, testigos y comparecientes, una determinación especialmente sensible por las condiciones de riesgo que enfrentan algunas personas vinculadas a los procesos de la justicia transicional. El ahorro estimado por este concepto sería de $37.000 millones anuales.
Frente a este escenario, el nuevo presidente de la JEP anunció que solicitará al Gobierno Nacional asumir esa responsabilidad. “Dada la sensibilidad de esta decisión de inmediato pediremos al gobierno nacional asumir esta responsabilidad con base en lo establecido en las normas pertinentes”, señaló.
La reducción de estos recursos plantea uno de los mayores desafíos del ajuste: garantizar que las restricciones presupuestales no terminen comprometiendo la seguridad de quienes participan en los procesos de verdad, justicia y reparación.
La presión por cerrar los macrocasos
Más allá de los recortes, la nueva presidencia de la JEP tendrá que enfrentar otra tarea determinante: establecer un cronograma para el cierre parcial y definitivo de las actividades de sus diferentes salas.
Entre las prioridades está la Sala de Amnistía o Indulto, que tiene cerca de 2.000 solicitudes pendientes; mientras que la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad deberá avanzar en el cierre de la fase dialógica de los 11 macrocasos y expedir las resoluciones de conclusiones que todavía están pendientes.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas también tendrá que resolver las solicitudes de beneficios no sancionatorios. Por su parte, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) tendrá plazo hasta mediados de marzo de 2028 para presentar las últimas acusaciones que considere viables ante el Tribunal para la Paz.
Estos compromisos evidencian que la reducción presupuestal coincide con una etapa decisiva para la Jurisdicción: demostrar resultados concretos en los procesos que adelanta desde su creación.
La nueva vicepresidenta, Diana María Vega, reconoció que la JEP “atraviesa momentos difíciles”, pero consideró que también llegó el momento de responder a las expectativas del país. “El país demanda mayores resultados de la JEP y debemos atender a esa expectativa”, afirmó.
Vega también planteó la necesidad de recomponer las relaciones institucionales, especialmente con el Gobierno de Abelardo De La Espriella, mediante una agenda de diálogo y cooperación. Su propósito, dijo, será “tender puentes de relacionamiento y colaboración armónica con las entidades del Estado en favor de los procesos de justicia que adelanta la JEP”.
El reto de la nueva dirección será, entonces, doble: administrar una entidad con menos recursos y demostrar que los ajustes no frenarán los procesos de verdad, justicia y reparación. La austeridad será inevitable, pero su legitimidad dependerá de que no termine debilitando los derechos de las víctimas ni la capacidad de la JEP para cumplir el mandato para el que fue creada.