La denuncia plantea delitos como peculado por apropiación, peculado culposo, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento
La presencia del caricaturista y excandidato al Congreso Julio César González Quiceno, conocido como Matador, desató una fuerte controversia en el Senado de la República, donde varios congresistas cuestionaron su participación y rechazaron que se le permitiera intervenir en el recinto. El episodio volvió a poner sobre la mesa los señalamientos que enfrenta por presunta violencia contra las mujeres y abrió un nuevo capítulo de cuestionamientos por su relación contractual con el Estado.
La discusión comenzó cuando integrantes del Pacto Histórico intentaron darle la palabra al caricaturista, quien llegó con una pancarta alusiva a la primera dama, Ana Lucía Pineda, y al presidente Abelardo De La Espriella. Sin embargo, congresistas de distintas bancadas se opusieron, recordando los antecedentes de González y los recientes comentarios dirigidos contra Pineda.
El 11 de octubre, Matador publicó en su cuenta de X una ilustración de la primera dama acompañada de un mensaje en el que la llamó “ratita” y cuestionó el destino de las ayudas para los damnificados por el terremoto de Pereira. La publicación motivó una indagación de oficio de la Fiscalía por el presunto delito de injuria agravada, bajo la consideración de una posible violencia basada en género.
En medio del debate parlamentario, la senadora María Irma Noreña, del Partido de La U, cuestionó su presencia y recordó los episodios de violencia contra su esposa que se hicieron públicos años atrás. “Si defendemos las mujeres, las tenemos que defender de verdad”, manifestó.
En la misma línea, el senador Jota Pe Hernández rechazó que se le permitiera intervenir, mientras que Hernán Cadavid, del Centro Democrático, publicó: “En el Congreso no vamos a escuchar misóginos como usted”. La senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, defendió su presencia, pero los enfrentamientos y las interrupciones obligaron al presidente del Senado, Honorio Henríquez, a llamar al orden. Finalmente, la Policía retiró al caricaturista del recinto.
Las denuncias por sus contratos con el Estado
A la controversia por sus publicaciones se sumó una denuncia penal presentada por el director del Dapre y comisionado de Paz encargado, Carlos Andrés Ríos, ante la Fiscalía, por presuntas irregularidades en un contrato que González suscribió durante el gobierno de Gustavo Petro.
La denuncia se relaciona con el contrato 1937 de 2024, celebrado con el Fondo Colombia en Paz, cuyo objeto era desarrollar una estrategia pedagógica mediante expresiones gráficas sobre el Acuerdo Final de Paz. El negocio tuvo un plazo de doce meses y un valor de 257 millones de pesos, con pagos mensuales de 21,4 millones.
Según el documento, las revisiones realizadas por el actual Gobierno habrían identificado inconsistencias en los informes de ejecución, entre ellas duplicación de soportes, diferencias entre las fechas facturadas y las evidencias presentadas, así como documentos posteriores a los periodos de cobro.
La denuncia plantea posibles delitos de peculado por apropiación, peculado culposo, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público. No obstante, el propio documento advierte que las inconsistencias administrativas o contractuales no constituyen por sí solas prueba de una conducta penal.
Ríos solicitó inspecciones al contrato, verificaciones forenses de los soportes y declaraciones de las personas involucradas. También se mencionaron posibles revisiones a otros contratos del caricaturista con entidades estatales, entre ellos uno con RTVC, donde habría prestado servicios como asesor de contenidos audiovisuales y creativos.
Las donaciones a los damnificados
En paralelo, las acusaciones de Matador contra la primera dama abrieron una discusión sobre el manejo de las donaciones destinadas a las víctimas del terremoto del 10 de agosto.
La Presidencia rechazó los señalamientos y calificó las expresiones del caricaturista como misóginas, sexistas y denigrantes. “La misoginia no puede disfrazarse de humor ni utilizarse como instrumento de confrontación política”, manifestó.
Por su parte, la DIAN aclaró que la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, creada por Pineda, tiene vigente su Registro Único Tributario y pertenece formalmente al Régimen Tributario Especial. La entidad precisó que las organizaciones sin ánimo de lucro legalmente constituidas pueden recibir donaciones de acuerdo con su objeto social, independientemente de su inscripción en dicho régimen.
Así, Matador enfrenta dos frentes de cuestionamiento: uno relacionado con sus expresiones contra la primera dama y otro con la ejecución de recursos públicos durante el gobierno anterior. Mientras las autoridades avanzan en las respectivas actuaciones, será la Fiscalía la encargada de establecer si las denuncias tienen sustento penal. Por ahora, los señalamientos no constituyen responsabilidades judiciales demostradas.