Deicy Jiménez afirma que obtuvo contratos estatales por recomendación del exmandatario y que otras mujeres habrían recibido oportunidades laborales a cambio de
Las denuncias sobre una presunta red de contratos y oportunidades laborales en entidades estatales a cambio de favores sexuales durante el gobierno de Gustavo Petro comenzaron a escalar en los organismos judiciales y de control. La Fiscalía, la Procuraduría, la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusación de la Cámara ya tienen en sus manos distintas actuaciones que buscan establecer si se utilizó el poder público para beneficiar a mujeres a cambio de encuentros sexuales con el entonces mandatario.
El caso, que involucra al expresidente Petro y a la exsenadora María José Pizarro, tomó fuerza tras las declaraciones de Deicy Jiménez, quien aseguró que conoció al exmandatario en 2019, cuando era congresista, y que posteriormente habría recibido contratos estatales por recomendación suya. La mujer también sostiene que existía una dinámica en la que otras mujeres habrían obtenido oportunidades laborales bajo las mismas condiciones.
El pasado jueves 29 de octubre, Jiménez compareció durante cerca de cuatro horas ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, donde ratificó sus señalamientos y manifestó su disposición a entregar nuevos elementos materiales de prueba, entre ellos su teléfono celular, que contendría conversaciones, imágenes y videos. El dispositivo será entregado en una fecha que deberá fijar el magistrado encargado de la diligencia.
Su abogado, Felipe Caballero, pidió que el testimonio sea valorado con enfoque diferencial y de derechos humanos hacia las mujeres. “El testimonio de ella es una prueba”, afirmó, al insistir en que no se puede descalificar su relato como un montaje ni exigirle pruebas adicionales por tratarse de una denuncia de violencia contra una mujer.
Caballero anticipó que podrían aparecer nuevos testimonios y nombres de funcionarios o exfuncionarios, algunos de ellos con fuero constitucional. Incluso aseguró que “más mujeres se van a envalentonar” cuando existan garantías para declarar. Sin embargo, evitó revelar identidades y detalles de lo expuesto ante la Corte.
Los contratos y las versiones
Uno de los puntos centrales de la investigación será establecer si las vinculaciones laborales de Jiménez respondieron a necesidades reales de las entidades o si fueron utilizadas como mecanismo para pagar presuntos favores sexuales.
Los registros del Portal Anticorrupción dan cuenta de diez contratos a su nombre entre 2021 y 2026: siete con el Senado, dos con el Ministerio del Interior y uno con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. A estos se sumaría otro con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), fechado en julio de 2026, cuya existencia fue señalada por el Instituto Anticorrupción.
Entre los contratos mencionados figura uno por cerca de 34 millones de pesos para apoyar las labores de la Primera Vicepresidencia del Senado, cuando esa posición estaba a cargo de Pizarro. Jiménez sostiene que llegó a la Unidad de Trabajo Legislativo de la entonces congresista por recomendación de Petro y que la exsenadora conocía las circunstancias de su vinculación.
La justicia deberá revisar los objetos contractuales, los requisitos exigidos, los productos entregados, los supervisores y los ordenadores del gasto para determinar si hubo irregularidades.
La Fiscalía abrió una indagación por el presunto delito de abuso de función pública y anunció que escuchará a Jiménez, así como a las exdirectoras del Dapre Laura Sarabia y Angie Rodríguez. También adelantará actividades de policía judicial para recaudar pruebas. Por su parte, la Procuraduría abrió una actuación disciplinaria preliminar y la Corte Suprema recibió denuncias contra Petro y Pizarro por posibles delitos relacionados con la contratación y el ejercicio de la función pública.
Las versiones de Petro
En medio del escándalo, el exdirector del Dapre, Mauricio Lizcano, aseguró que durante los seis meses que estuvo al frente de esa dependencia, entre agosto de 2022 y abril de 2023, no conoció irregularidades relacionadas con contratos o nombramientos de mujeres.
“No vi nada raro mientras estuve allá”, afirmó. Según explicó, Laura Sarabia era el principal enlace con el entonces presidente y tenía una influencia determinante en las decisiones de la Casa de Nariño.
Lizcano reconoció, sin embargo, que Petro lo llamó en dos oportunidades para solicitarle nombramientos cuando se desempeñaba como ministro de las TIC. En uno de los casos, dijo, el mandatario le pidió ayudar a una persona que posteriormente llegó a ocupar ese ministerio. En otro, aseguró que rechazó la recomendación porque el candidato no cumplía los requisitos para el cargo.
El exfuncionario sostuvo que, si ocurrieron los presuntos encuentros denunciados, estos habrían sucedido fuera de la Presidencia y manifestó su disposición a declarar ante la Fiscalía.
Las defensas y las pruebas pendientes
Petro y Pizarro rechazan los señalamientos. El abogado Alejandro Carranza aseguró que demostrará la inocencia de sus representados y calificó las denuncias como un supuesto montaje. “Vamos a demostrar la equivocación profunda, el montaje que se está orquestando”, manifestó.
Además, anunció una denuncia penal contra Jiménez por posibles irregularidades en documentos que habría presentado para acreditar experiencia laboral en HispanTV. El canal aseguró que no expidió ni avaló una certificación atribuida a esa empresa y utilizada por la mujer para respaldar su trayectoria profesional.
Carranza también denunció ante la Fiscalía al director del Dapre, Carlos Andrés Ríos, por presuntos actos de constreñimiento contra funcionarias que habrían sido interrogadas sobre sus posiciones políticas y sus conocimientos de las denuncias. Según el abogado, algunas habrían recibido presiones relacionadas con la continuidad de sus contratos. Ríos no aparece, en la información aportada, con una respuesta a estos nuevos señalamientos.
Pizarro, por su parte, calificó las acusaciones como “sin fundamento” y aseguró que hacen parte de una estrategia para afectar su nombre.
Así, mientras Jiménez habla de una presunta red que podría involucrar entre 30 y 50 mujeres, todavía no se conocen testimonios independientes que permitan establecer la existencia de un esquema organizado.
El desafío de las autoridades será contrastar cada versión con documentos contractuales, registros de comunicaciones, testimonios y demás elementos materiales de prueba.