El Gobierno propone recortar gastos, aumentar ingresos y estimular inversiones para corregir el déficit, contener la deuda y recuperar la confianza económica.
La radicación de la Ley de Rescate Económico abre una discusión que va más allá de reducir el gasto público. El Gobierno busca corregir un desequilibrio fiscal que considera insostenible, mientras intenta evitar que el ajuste termine trasladándose a los hogares.
La iniciativa pretende obtener un ahorro de $44,6 billones en 2027 y de $76,1 billones en 2030, mediante recortes al funcionamiento estatal, cambios tributarios y nuevas fuentes de ingresos. El Ejecutivo calcula una mejora fiscal superior a $122 billones.
El diagnóstico oficial parte de una diferencia considerable entre los recursos que recibe y los que gasta el Estado. Según las cifras divulgadas por el Gobierno, los ingresos mensuales promedian $29 billones, mientras los gastos superan los $40 billones.
Ese desequilibrio, que las autoridades relacionan con decisiones fiscales de la administración anterior, habría llevado el déficit a $144 billones al cierre de este año. El Gobierno advierte que mantener esa trayectoria aumentaría las presiones sobre el endeudamiento público.
La preocupación central está en el costo de financiar las obligaciones estatales. El Ejecutivo sostiene que, sin medidas correctivas, la deuda podría representar el 82% del producto interno bruto (PIB) al finalizar su periodo de gobierno y alcanzar el 149% en diez años.
El tamaño del ajuste
La dimensión de esas proyecciones explica la urgencia que el Gobierno intenta imprimirle al proyecto. Sin embargo, las cifras corresponden a escenarios oficiales y deberán contrastarse durante el debate legislativo, especialmente en sus supuestos de crecimiento, recaudo, ahorro y comportamiento de la deuda.
La propuesta concentra siete de cada diez pesos del ajuste en el propio Estado, según explicó el vicepresidente José Manuel Restrepo. El funcionario aseguró que la intención es reducir gastos burocráticos, controlar la contratación y revisar compras, sin afectar los servicios esenciales.
El plan contempla reducir en 20% el gasto de nómina de las entidades nacionales en 2028, con excepción de la Fuerza Pública. También plantea disminuir a la mitad el gasto en contratos de prestación de servicios durante 2027.
Las compras estatales de bienes y servicios quedarían limitadas al crecimiento de la inflación entre 2027 y 2030. La austeridad también alcanzaría partidas operativas como papelería, viáticos y publicidad, mientras una evaluación revisaría la utilidad de cada gasto público.
El Gobierno exceptúa de esa revisión sectores y obligaciones como salud, educación básica, agua, pensiones, universidades públicas y sentencias judiciales. También asegura que respetará los incrementos salariales de los empleados públicos, que no podrán quedar por debajo de la inflación.
Otra medida ordenaría trasladar al Tesoro los excedentes anuales de fondos especiales y encargos fiduciarios, salvo los destinados a salud y pensiones. La iniciativa también abre la posibilidad de vender bienes estatales calificados como inútiles, aunque no precisa cuáles entrarían en esa categoría.
El costo social del rescate
El ajuste tiene una contrapartida dirigida a los hogares de menores ingresos. El Gobierno propone devolver el IVA a familias con ingresos mensuales de hasta $3,4 millones, mediante un mecanismo denominado EfectIVA, que sustituiría progresivamente el esquema vigente de compensación.
Según las estimaciones oficiales, los hogares beneficiarios recibirían en promedio $213.000 mensuales, con un máximo de $288.000, dependiendo de los criterios de focalización. La devolución comenzaría en enero de 2028 y tendría un giro anticipado antes del 20 de diciembre de 2027.
El Ejecutivo presenta este mecanismo como una garantía para que la reducción del gasto no recaiga sobre la población vulnerable. Sin embargo, su alcance dependerá de la identificación de beneficiarios, la capacidad operativa de la DIAN y la disponibilidad efectiva de recursos.
La reforma también modifica las condiciones tributarias de las empresas. La tarifa general del impuesto de renta para sociedades bajaría al 33% en 2027 y al 31% desde 2028, con el propósito de aliviar costos y favorecer la inversión.
A ese incentivo se suma el Régimen Único de Grandes Inversiones, que establecería tarifas de renta del 20% para proyectos ejecutados en 2027 y 2028, y del 26% para inversiones realizadas durante 2029. Su efecto dependerá de la llegada de capital nuevo.
La propuesta elimina además la exención del IVA para compras internacionales inferiores a 200 dólares realizadas mediante plataformas de comercio electrónico. El Gobierno argumenta que busca corregir diferencias tributarias frente a los productores nacionales y mejorar las condiciones de competencia.
La prueba del Congreso
El proyecto contempla mayores contribuciones de quienes tienen ingresos altos y cambios en gravámenes relacionados con renta, salud, licor, tabaco y cerveza. Los recursos adicionales provenientes de estos últimos productos se destinarían al aseguramiento del sistema de salud.
El Gobierno también atribuye al crecimiento económico una parte del mayor recaudo, estimado en $1,7 billones durante 2027 y $13,8 billones en 2030. Esa proyección introduce una variable decisiva, porque depende de que la inversión y la actividad productiva respondan a los incentivos.
La iniciativa reúne objetivos que no necesariamente avanzan al mismo ritmo: reducir el tamaño del Estado, aliviar impuestos empresariales, aumentar ingresos y proteger a los hogares. El Congreso deberá examinar su viabilidad, los costos de cada medida y la consistencia de las proyecciones fiscales.
La discusión legislativa determinará si el Gobierno consigue convertir sus cálculos en un programa sostenible. El desafío no consiste únicamente en aprobar recortes, sino en demostrar que el ajuste reducirá la deuda, sostendrá la inversión y evitará mayores cargas para los ciudadanos.