El índice regional destaca la financiación pública, pero advierte que la infraestructura, el talento y la adopción empresarial condicionan sus avances.
Colombia ocupa el cuarto lugar en el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA 2026), una posición que refleja avances institucionales, pero también desafíos para convertir sus políticas, universidades y conexiones digitales en productividad empresarial. El estudio ubica al país entre los adoptantes.
El estudio, elaborado por la Cepal y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile (CENIA), examina veinte países mediante 126 subindicadores. Evalúa infraestructura, investigación, adopción tecnológica y gobernanza, no solo la disponibilidad de herramientas digitales.
Colombia obtuvo 56,8 puntos y quedó en el grupo de adoptantes, integrado por diez países con resultados entre 35 y 60 puntos. Chile, Brasil y Uruguay encabezan la categoría de pioneros, todos por encima de 60 puntos, según el índice.
El resultado sitúa a Colombia en una posición intermedia. Cuenta con bases institucionales y educativas, aunque necesita ampliar capacidades de cómputo, especialización laboral y uso empresarial. La distancia entre diseñar una estrategia y ejecutarla es central en el diagnóstico.
Una fortaleza aparece en la financiación pública. Colombia y Brasil son los únicos países analizados con presupuestos explícitamente asignados en sus instrumentos nacionales de inteligencia artificial. La existencia de recursos identificados, sin embargo, no demuestra por sí sola que las medidas se ejecuten.
El índice advierte que el 85% de los países examinados tiene una estrategia nacional vigente o en elaboración, mientras el 75% cuenta con una institución responsable. La brecha está en convertir esos marcos en programas financiados y medibles.
El desafío también es empresarial. En América Latina y el Caribe, la adopción de inteligencia artificial se estima en 27,6% entre grandes compañías, 12,8% en medianas y 6,8% en pequeñas. La diferencia limita que los beneficios alcancen al conjunto productivo.
Estas cifras regionales no son una medición exclusiva de Colombia. El informe señala que la incorporación de herramientas inteligentes depende del tamaño empresarial y de las capacidades para integrarlas a procesos, formar equipos y evaluar resultados.
Para las pequeñas empresas, el obstáculo no consiste solo en acceder a una aplicación. Necesitan datos organizados, conectividad confiable, personal capacitado y criterios para verificar resultados. Sin esas condiciones, la tecnología puede quedarse en pruebas aisladas y no mejorar la productividad.
Infraestructura desigual
La capacidad de cómputo es otra restricción. Brasil concentra el 87,7% de las unidades de procesamiento gráfico (GPU) regionales y el 92% de la capacidad considerada por el estudio. Esta concentración limita el acceso a recursos avanzados en otros países.
El informe calcula que los cinco países extrarregionales comparados disponen, en promedio, de cerca de 29 veces más GPU por millón de habitantes que América Latina. La brecha importa porque entrenar y operar sistemas avanzados requiere procesamiento, energía y financiación.
Colombia tiene ventajas en conectividad móvil y acceso general a internet, pero persisten dificultades de asequibilidad y calidad en redes fijas. La cobertura acerca herramientas a más personas, aunque no garantiza que hogares y empresas puedan utilizarlas de forma efectiva.
El país cuenta con programas de posgrado relacionados con inteligencia artificial y ha incorporado contenidos de esta tecnología en la educación secundaria. El reto es traducir esa oferta formativa en más especialistas para empresas, centros de investigación y entidades públicas.
Talento y reglas
La formación no resuelve automáticamente las brechas de género. El índice destaca la productividad científica de las investigadoras que permanecen en el sistema, pero advierte que su participación sigue siendo minoritaria en espacios de alta tecnología. Ampliar oportunidades fortalece la base de talento.
Los datos públicos representan otro activo. Colombia dispone de sistemas estadísticos útiles para formular políticas, aunque el informe advierte que contar con información no basta si faltan condiciones jurídicas claras para reutilizarla de forma segura en investigación y desarrollo de modelos.
La regulación debe acompañar la innovación con reglas sobre privacidad, ciberseguridad y uso responsable. El estudio identifica la incertidumbre jurídica sobre la minería de textos y datos como una limitación regional para construir conjuntos de información y entrenar sistemas propios.
La automatización podría acelerar tareas administrativas, legales, contables y de desarrollo de software, según los análisis recogidos por el informe. El efecto económico dependerá de cómo empresas y trabajadores utilicen el tiempo liberado, destinándolo a actividades de mayor valor.
El índice plantea una agenda de inversión, cooperación regional y evaluación de resultados. Para Colombia, la prueba será ampliar el acceso a infraestructura, llevar herramientas a empresas pequeñas y convertir presupuesto y formación en mejoras verificables de productividad, innovación y bienestar.
El informe también identifica oportunidades en la matriz energética colombiana, donde las fuentes renovables pueden favorecer el desarrollo de centros de datos. Esa ventaja dependerá de inversiones, disponibilidad de redes y reglas claras para construir infraestructura tecnológica con criterios ambientales.