Para lo que resta de 2026, el Gobierno prevé ejecutar $1,7 billones a través del Fondo Milagro.
La reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto avanza entre millonarias necesidades presupuestales, trámites administrativos y propuestas del sector privado que buscan acelerar la recuperación de miles de familias. Mientras el Gobierno reconoce que se requieren $54 billones para atender la emergencia, los constructores advierten que no basta con disponer de recursos: también se necesita agilizar los procedimientos y coordinar esfuerzos para que las soluciones habitacionales lleguen a quienes todavía viven en albergues o dependen de ayudas temporales.
El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, actualizó las cifras de la tragedia durante el Congreso Colombiano de la Construcción, organizado por Camacol en Cartagena. Según explicó, al menos $19,7 billones se necesitan para reconstruir las 203.301 viviendas averiadas y las 51.778 destruidas en 16 departamentos.
“Hoy la reconstrucción nos vale $54 billones y solo en materia de vivienda hay un aproximado de $19 billones. Es una cifra alarmante”, afirmó.
Para lo que resta de 2026, el Gobierno prevé ejecutar $1,7 billones a través del Fondo Milagro. De ese monto, $836.000 millones se destinarán a vivienda nueva, mejoramientos habitacionales y soluciones para las zonas afectadas.
Beltrán planteó tres líneas de acción: habilitar suelo para construir, acompañar a los municipios en la reformulación de sus planes de ordenamiento territorial y establecer una hoja de ruta para el cuatrienio. También anunció medidas para ofrecer estabilidad jurídica al sector y reducir los obstáculos administrativos que retrasan los proyectos.
Los trámites, otro obstáculo para reconstruir
La disponibilidad de recursos es apenas una parte del desafío. La presidenta de la Junta Directiva de Camacol Nacional, Natalia Trujillo, advirtió que los procesos de licenciamiento urbanístico y ambiental, junto con la falta de articulación entre reglamentos técnicos, pueden prolongar la construcción y elevar sus costos.
“Tenemos un montón de reglamentos técnicos que hacen muy compleja la producción de vivienda”, señaló.
La dirigente gremial aclaró que agilizar los procedimientos no significa disminuir los estándares de calidad, sino armonizar los requisitos para evitar trámites adicionales. También propuso adelantar diseños y proyectos mientras el Gobierno completa los procesos presupuestales y fiscales.
La emergencia habitacional, insistió, todavía está lejos de terminar. “La atención de emergencia se tendrá que mantener un tiempo mientras logramos tener las soluciones definitivas”, explicó. Incluso las alternativas modulares requieren entre dos y tres meses para su producción e instalación de servicios públicos.
En Pereira, una de las ciudades más afectadas, la necesidad de reconstrucción supera las 30.000 viviendas. Las estimaciones oscilan entre 31.000 y 35.000 unidades nuevas, mientras también se reportan daños importantes en hospitales y establecimientos educativos.
El sector privado busca soluciones
Ante la magnitud de la emergencia, las empresas constructoras y cementeras han comenzado a movilizar recursos, materiales, conocimientos técnicos y mano de obra.
Una de las iniciativas es “Adopta un Hogar”, impulsada por Cementos Argos, que contempla la construcción de 500 viviendas durante 2027 y otras 300 en 2028. La compañía espera entregar entre 120 y 150 unidades antes de finalizar 2026 y priorizar seis departamentos, con la mitad de las viviendas proyectadas para Chocó.
“Son viviendas donadas, es decir, a cero costo para las personas que se les van a adjudicar”, explicó Carlos Mario Gómez, director de asesoría técnica de la compañía.
Holcim, por su parte, puso a disposición de los damnificados cerca de $2.000 millones, provenientes de donaciones de sus empleados en Colombia y otros países de Latinoamérica. Además, ofreció al Ministerio de Vivienda una escuela itinerante para capacitar a profesionales y comunidades en técnicas de construcción y reparación seguras.
Su presidente ejecutivo, Carlos Casado, destacó que la tragedia también evidenció la falta de mano de obra cualificada en algunas zonas y la necesidad de fortalecer la formación técnica.
La informalidad, un riesgo que persiste
Más allá de levantar nuevamente las viviendas destruidas, el terremoto reabrió el debate sobre la calidad de las construcciones en Colombia. Los representantes del sector alertaron sobre la informalidad y la autoconstrucción sin acompañamiento técnico, factores que aumentan la vulnerabilidad ante los movimientos sísmicos.
Gómez estimó que cerca de la mitad de las viviendas del país se construyen sin licencia. Por eso, pidió fortalecer la asistencia a las comunidades que levantan sus propias casas. “Colombia tiene un código sismorresistente y nos da confianza, hay que aplicarlo”, afirmó.
El desafío, entonces, no se limita a conseguir los $54 billones anunciados por el Gobierno. La reconstrucción exige que los recursos se conviertan en obras, que las donaciones se articulen con la política pública y que los trámites no terminen prolongando la espera de las familias. Para quienes perdieron sus hogares, cada mes sin una solución definitiva representa una emergencia que todavía no termina.