El detonante de la confrontación fue la detención de Luisa González, excandidata presidencial del movimiento Revolución Ciudadana y figura clave del correísmo.
Las relaciones bilaterales entre Colombia y Ecuador han alcanzado su punto más crítico. Lo que comenzó como un cruce de acusaciones en redes sociales escaló a un enfrentamiento directo cuando el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, vinculó abiertamente al expresidente colombiano Gustavo Petro con una supuesta red transnacional de narcotráfico y lavado de activos.
El señalamiento, de una gravedad inédita en el escenario diplomático andino, reaviva la polarización en la región y deja al descubierto una compleja trama geopolítica donde se cruzan procesos judiciales, disputas electorales e intereses de seguridad transfronteriza.
El detonante de la confrontación fue la detención de Luisa González, excandidata presidencial del movimiento Revolución Ciudadana y figura clave del correísmo, en el marco del denominado ‘Caso Laberinto’. La Fiscalía de Ecuador investiga presuntas irregularidades, inconsistencias en los aportes y dudas sobre el origen lícito de los fondos dedicados a la publicidad electoral en la campaña presidencial de 2023.
La detención de González —cuyo partido fue inhabilitado para los comicios locales— desencadenó la inmediata reacción de Petro, quien denunció un quiebre democrático en el país vecino: “En Ecuador se desarrolla una verdadera dictadura, que comienza con un fraude electoral. El llamado escudo no es un escudo contra el narcotráfico, sino un escudo contra la democracia”, trinó el exmandatario colombiano.
Desde su celda, la propia González coincidió con este diagnóstico al calificar su arresto como una “acusación absurda” y denunciar que bajo la administración de Noboa “el ataque a las libertades y la persecución política son una realidad permanente”.
La contraofensiva de Quito
La respuesta de Daniel Noboa no se hizo esperar y elevó el tono a niveles insospechados. Lejos de limitar el debate al ámbito procesal, el mandatario ecuatoriano arremetió contra Petro acusándolo de formar parte de las estructuras criminales que su Gobierno asegura estar combatiendo en la frontera: “Estamos desbaratando una gran estructura de narcotráfico y lavado de activos que incluye al expresidente Petro, por eso se enloquece y hace comentarios así”, enfatizó Noboa.
Para sustentar sus afirmaciones, el presidente ecuatoriano sostuvo que dirigentes de Revolución Ciudadana vinculados a Petro mantendrían nexos con alias Fito, cabecilla de Los Choneros recluido en Estados Unidos.
Asimismo, reveló que tras asistir a su posesión presidencial, Petro pernoctó durante tres días en una vivienda en Manta cuyos propietarios estarían ligados al narcotráfico, y afirmó que alias El Loco Ovidio, uno de los capos más buscados de Ecuador, se encuentra refugiado en territorio colombiano.
Entre la investigación judicial y el uso político
Desde la institucionalidad ecuatoriana se ha intentado desmarcar el accionar de la Fiscalía del calendario electoral. Esteban Torres, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, defendió la independencia del proceso al señalar que “aquí se ha malentendido el concepto de que aquel que está en política está santificado... Somos cautos, es una investigación previa”.
Sin embargo, para los analistas internacionales, el intercambio verbal excede el rigor del debido proceso. La acusación de Noboa contra un exjefe de Estado colombiano —formulada en medios de comunicación y sin que exista un dictamen judicial en firme— marca un peligroso precedente de diplomacia de micrófono.
A medida que el Caso Laberinto avanza en los tribunales y el calendario electoral de la región se aprieta, el choque entre Quito y Bogotá amenaza con paralizar la cooperación antinarcóticos en una frontera compartida que requiere, más que acusaciones incendiarias, coordinación institucional efectiva.