El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, presentó la decisión como parte de la estrategia de Washington contra la corrupción y el narcotráfico en la
La política de Estados Unidos contra la corrupción en América Latina vuelve a tener repercusiones en Colombia. El Departamento de Estado anunció el retiro de las visas de ingreso a siete colombianos, entre ellos Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol, y Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo. La lista también incluye a políticos relacionados con investigaciones por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Además de Roa y Acuña, la medida cobija a Wadith Manzur, exrepresentante a la Cámara; Karen Manrique, representante electa; Julio Elías Chagüí y Liliana Bittar, exsenadores, y José Ignacio Mesa, excongresista y exalcalde de Envigado.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, presentó la decisión como parte de la estrategia de Washington contra la corrupción y el narcotráfico en la región. Según explicó, la medida responde a compromisos adquiridos en el marco de la Cumbre de Doral y la declaración de los líderes de Escudo de las Américas.
Aunque el retiro de una visa es una decisión administrativa de Estados Unidos, no equivale a una condena judicial ni demuestra, por sí mismo, la responsabilidad penal de las personas afectadas. Sin embargo, la medida tiene repercusiones políticas y diplomáticas, especialmente cuando involucra a funcionarios en ejercicio o figuras vinculadas a procesos de alto impacto.
Ricardo Roa, entre Ecopetrol y la campaña presidencial
El caso de Roa concentra buena parte de la atención por su papel como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y su posterior paso por la presidencia de Ecopetrol.
La Fiscalía le imputó dos delitos en procesos distintos. El primero, tráfico de influencias de servidor público, está relacionado con la compra de un apartamento en Bogotá y la posible relación de esa operación con contratos adjudicados por la petrolera estatal.
El segundo corresponde a una presunta violación de los límites de gastos electorales de la campaña presidencial.
Ambos procesos deben avanzar ante las autoridades competentes y las imputaciones no constituyen una declaración de culpabilidad. No obstante, el retiro de la visa incorpora un nuevo elemento a la controversia pública alrededor de la gestión de Roa y de la financiación de la campaña que llevó a Petro a la Presidencia.
La sombra de la UNGRD sobre varios políticos
Cuatro de los nombres incluidos en la lista aparecen relacionados con investigaciones por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Wadith Manzur fue capturado en marzo por orden de la Corte Suprema de Justicia, en una investigación que busca establecer si habría respaldado operaciones de crédito público a cambio de beneficios relacionados con recursos estatales. Karen Manrique también está vinculada al expediente. Ambos enfrentan procesos que deben resolverse judicialmente.
Liliana Bittar es investigada por presuntas irregularidades en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, mientras que Julio Elías Chagüí ha sido mencionado en testimonios sobre gestiones relacionadas con proyectos y contratos de la UNGRD. Las responsabilidades individuales siguen sujetas a la valoración de las pruebas y las decisiones judiciales.
El caso más avanzado en términos de condena es el de José Ignacio Mesa. En agosto, la Corte Suprema confirmó una pena de seis años y cuatro meses de prisión por concierto para delinquir agravado. Según la decisión judicial, la Oficina de Envigado le habría brindado apoyo económico y electoral para alcanzar cargos públicos.
Yahir Acuña, el único alcalde en ejercicio
Acuña es el único de los siete que continúa al frente de un cargo público. El mandatario de Sincelejo enfrenta varias investigaciones, entre ellas una relacionada con presuntos aportes económicos a la organización criminal Los Rastrojos y otra por un posible incremento patrimonial injustificado durante su paso por la Cámara de Representantes. No tiene una condena ni una orden de captura por esos hechos y ha sostenido que es víctima de persecución política.
La decisión de Washington se conoce semanas después de un tenso encuentro entre Acuña y el presidente Abelardo De La Espriella durante un consejo de seguridad en Sucre. En esa ocasión, el mandatario le manifestó: “Bajo el esquema de corrupción suyo yo no trabajo”.
¿Una nueva señal de Washington?
El retiro de las visas ocurre después de medidas similares contra la senadora Martha Peralta y el empresario Euclides Torres, cercano al expresidente Petro. También revive el debate sobre el alcance de las decisiones migratorias estadounidenses y su impacto en la política colombiana.
Durante la campaña presidencial, De La Espriella había entregado a funcionarios estadounidenses una lista de 30 personas que, a su juicio, debían ser objeto de medidas. Sin embargo, ninguno de los siete afectados en esta nueva decisión figuraba en ella.
Por ahora, Washington presenta la medida como parte de su estrategia regional contra la corrupción. En Colombia, sus efectos se trasladan al escenario político, donde coinciden investigaciones judiciales de distinta naturaleza, controversias entre el Gobierno y sectores políticos y cuestionamientos sobre la transparencia en el ejercicio del poder.