El encuentro pasó de ser una reunión presentada para avanzar en el esclarecimiento de la verdad sobre el paramilitarismo a convertirse en un escándalo político
La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra Armando Benedetti y Angie Rodríguez por un presunto plan para vincular a dirigentes políticos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en plena campaña presidencial. Mientras Salvatore Mancuso ratifica los señalamientos, Gustavo Petro niega haber impartido órdenes y pide que se conozcan todas las pruebas.
El llamado Pacto de Valledupar pasó de ser una reunión presentada como un espacio para avanzar en el esclarecimiento de la verdad sobre el paramilitarismo a convertirse en un escándalo político y judicial que compromete a antiguos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro, a exjefes de las AUC y a dirigentes de distintas corrientes políticas.
El caso se remonta al 24 de octubre de 2025, cuando cuatro funcionarios del Ejecutivo —Armando Benedetti, entonces ministro del Interior; Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre); Víctor de Currea Lugo, asesor presidencial, y Jorge Lemus, director de la Dirección Nacional de Inteligencia— se reunieron en Valledupar con 11 antiguos comandantes paramilitares designados como gestores de paz.
El encuentro, según la explicación oficial, buscaba avanzar en el cierre del proceso de Ralito, relacionado con la desmovilización de las AUC y los compromisos pendientes en materia de verdad, justicia y reparación. Sin embargo, las declaraciones posteriores de Rodríguez y del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso abrieron una nueva controversia: la presunta intención de obtener testimonios que relacionaran a Álvaro Uribe, Germán Vargas Lleras y Abelardo De La Espriella con estructuras paramilitares, en medio de la campaña presidencial de 2026.
Las versiones enfrentadas
Rodríguez aseguró que el entonces presidente le habría dado instrucciones para que los excomandantes hablaran sobre esos dirigentes. En declaraciones a la revista Semana, afirmó: “Gustavo Petro me dio la orden y era que teníamos que hacer el cierre de la negociación de Ralito con el pretexto de su política de paz total”.
Según su relato, el propósito habría cambiado cuando recibió una instrucción específica: “Bueno, lo que necesito es que ellos hablen de la participación que tuvo Álvaro Uribe, Abelardo De La Espriella y Germán Vargas Lleras”.
Mancuso respaldó parte de esa versión y señaló que los delegados del Gobierno habrían solicitado pronunciamientos contra los tres políticos. No obstante, aseguró que los exparamilitares rechazaron la petición. “Nadie aceptó. Hubo molestia de parte nuestra y ahí se dañó el encuentro”, manifestó.
El excomandante también estableció una diferencia importante: sostuvo que Petro nunca le pidió directamente hacer esas acusaciones y que corresponde a los involucrados responder ante la justicia.
El expresidente, por su parte, rechazó los señalamientos y pidió que se divulguen las actas, las comunicaciones y las grabaciones de las reuniones. “No le tengo miedo a la verdad. Lo que no acepto es que se utilice la mentira para destruir a una persona”, afirmó en respuesta a las acusaciones.
Benedetti también anunció que defenderá su buen nombre y cuestionó los señalamientos en su contra. “Si me quiere oír, hablo”, advirtió, al anticipar acciones penales.
¿Qué investiga la Procuraduría?
El pasado 20 de octubre de 2026, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Benedetti y Rodríguez para establecer si conocieron o participaron en el supuesto plan. La entidad solicitó información a la Fiscalía y ordenó una inspección al Dapre para recopilar registros de asistentes, grabaciones, informes y otros documentos del encuentro.
También dispuso recibir testimonios de Jorge Lemus, Hollman Morris y Otty Patiño, con el propósito de reconstruir lo sucedido y determinar las posibles responsabilidades.
Paralelamente, Alejandro Carranza, abogado de Petro, presentó una denuncia penal contra Rodríguez. La defensa sostiene que el exmandatario nunca ordenó buscar testimonios falsos y pidió que Mancuso identifique a quien supuestamente le propuso involucrar a los dirigentes políticos.
La controversia también se concentra en un documento sobre los compromisos de la mesa, divulgado por medios de comunicación. Según esas publicaciones, el texto contemplaría explorar beneficios para los gestores de paz, revisar condiciones de reclusión y estudiar mecanismos jurídicos relacionados con sus procesos. Aunque no incluiría expresamente los nombres de los tres dirigentes, su contenido podría ayudar a esclarecer qué se discutió y cuáles fueron los compromisos adquiridos.
Las consecuencias políticas y judiciales
El caso plantea interrogantes sobre los límites de los diálogos de paz, el uso de la información de antiguos integrantes de grupos armados y la posibilidad de que un espacio de búsqueda de verdad haya sido utilizado con fines electorales.
El abogado penalista Óscar Santamaría señaló que, de comprobarse determinadas conductas, podrían configurarse delitos como concierto para delinquir, falso testimonio y fraude procesal. Sin embargo, cualquier responsabilidad dependerá de las pruebas y de las decisiones de las autoridades competentes.
Rodríguez, quien ratificó sus denuncias y aseguró temer por su vida y la de su familia, afirmó: “No me retracto de ninguna de las denuncias ni declaraciones que he realizado públicamente”.
Por ahora, las versiones enfrentadas no constituyen por sí solas una demostración de culpabilidad. La investigación deberá establecer si hubo una solicitud para fabricar acusaciones, quiénes habrían intervenido, si se ofrecieron beneficios a cambio de testimonios y qué conocimiento tuvo el entonces presidente.