Desde la oposición, la expectativa está puesta en que el próximo año se pueda convocar a las urnas, aunque la fecha dependerá de que se establezcan garantías el
La depuración del registro electoral, la renovación de las instituciones y el levantamiento de las inhabilitaciones figuran entre los desafíos para garantizar comicios creíbles. La Iglesia católica también pidió elecciones libres, transparencia y un acuerdo nacional que permita superar la polarización.
La posibilidad de que Venezuela celebre elecciones presidenciales en 2027 comienza a perfilarse como uno de los principales desafíos de la transición política que atraviesa el país. Desde la oposición, la expectativa está puesta en que el próximo año se pueda convocar a las urnas, aunque la fecha dependerá de que se establezcan garantías electorales y se desmonten las estructuras que, según sus dirigentes, han comprometido la transparencia de los procesos anteriores.
Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora en la mesa de diálogo con el chavismo, manifestó su optimismo frente a ese escenario, pero advirtió que antes será necesario corregir las irregularidades del sistema electoral y recuperar las condiciones para una competencia política equitativa.
En entrevista con el diario venezolano El Nacional, Figuera explicó que reciben asesoría sobre el funcionamiento del sistema y del registro electoral, en los que han identificado presuntas anomalías. “Lo primero que debemos hacer es una depuración del registro electoral, del sistema, y establecer el tema de las magistraturas”, señaló, en referencia al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La dirigente espera que en diciembre esté listo un informe sobre la situación electoral. También considera indispensable que los partidos políticos recuperen sus tarjetas electorales y puedan participar sin restricciones, en un contexto en el que numerosas organizaciones opositoras permanecen inhabilitadas.
Aunque aspira a que los comicios se realicen en 2027, reconoció que podrían concretarse “por lo menos a finales del próximo año”. Su planteamiento deja claro que, más allá de una fecha, el principal desafío será acordar reglas que permitan reconocer los resultados y ofrecer garantías a los ciudadanos y a las distintas fuerzas políticas.
Una transición pendiente de acuerdos
La tercera ronda de conversaciones entre el chavismo y la oposición, impulsada por Estados Unidos como parte de su plan de transición tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado, se ha concentrado en las garantías políticas y civiles.
Figuera calificó esta fase como la más difícil, al considerar que al Gobierno le ha costado ceder en asuntos fundamentales. Uno de los desacuerdos gira en torno a las sanciones internacionales, cuyo levantamiento reclama el oficialismo, pero que la delegación opositora no tiene facultad para decidir.
La reforma institucional también ocupa un lugar central. La expectativa es que antes de finalizar diciembre sean designados nuevos magistrados del TSJ. Sin embargo, la discusión podría extenderse a otras entidades, como la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y las Fuerzas Armadas, señaladas por sectores críticos de mantener afinidad con el poder político.
La ausencia de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia en la mesa de diálogo constituye otro elemento relevante, pues ambos son figuras centrales de la oposición venezolana. La capacidad de los acuerdos para representar a las distintas corrientes políticas será determinante para su legitimidad.
La Iglesia reclama elecciones transparentes
A las exigencias opositoras se sumó la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), que al concluir su CXXVI Asamblea Ordinaria Plenaria pidió superar la polarización y avanzar hacia un acuerdo nacional sustentado en la verdad, el perdón, la justicia y la reconciliación.
El presidente de la institución, monseñor Jesús González de Zárate, llamó a abandonar la confrontación y el revanchismo político. “Todos estamos llamados a construir la Venezuela que necesitamos: una Venezuela de justicia, de verdad, de libertad, de paz, de fraternidad y de solidaridad”, expresó.
Los obispos también exigieron elecciones libres y transparentes, con un Consejo Nacional Electoral (CNE) imparcial y un TSJ independiente. Además, reclamaron el cese de las inhabilitaciones y el respeto al debido proceso y a los derechos políticos de todos los venezolanos.
La CEV pidió igualmente derogar las normas que restringen el trabajo de las organizaciones no gubernamentales, cuya participación considera necesaria para atender a las comunidades afectadas por los sismos de junio.
Así, la posibilidad de unas presidenciales en 2027 depende de algo más que la voluntad de las partes: requiere acuerdos verificables, instituciones independientes y condiciones para que todas las fuerzas políticas puedan competir. Por ahora, la fecha sigue siendo una aspiración de la oposición, mientras la transición venezolana enfrenta la prueba de convertir el diálogo en garantías concretas para los electores.