La CUT propone un alza del 38,5%, frente al 8% de los analistas. Inflación, productividad y empleo definirán qué aumento conviene al país.
La discusión sobre el salario mínimo de 2027 enfrenta dos cifras distantes. La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) plantea un aumento del 38,5%, mientras análisis empresariales proponen cerca del 8%. La pregunta es cuánto puede subir sin perder poder adquisitivo.
El porcentaje más conveniente no es necesariamente el más alto ni el más bajo. Debe compensar el costo de vida, reconocer la productividad y considerar sus efectos sobre empleo formal, precios, pequeñas empresas y finanzas públicas, sin convertir el salario en una cifra aislada.
El punto de partida es la inflación. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que el costo de vida aumentó 6,29% en los doce meses hasta septiembre de 2026. Corficolombiana proyectó una inflación de cierre del 6,8%.
Con esas previsiones, Corficolombiana estimó que sumar 6,8% de inflación y 1,2% de productividad daría un aumento técnicamente deseable del 8% para 2027. Otras proyecciones sitúan las propuestas empresariales y de analistas entre el 8% y el 10%.
Un ajuste del 8% elevaría el salario básico mensual, hoy en 1.750.905 pesos, a unos 1.890.977 pesos, antes del auxilio de transporte. El trabajador recibiría alrededor de 140.072 pesos adicionales al mes, sin contar descuentos ni otros pagos.
Si la inflación termina cerca del 6,8%, ese aumento dejaría una mejora real aproximada del 1,1%, siempre que la proyección se cumpla. Sería una recuperación modesta del poder de compra, no un salto sustancial en el bienestar de los hogares.
El escenario del 38,5% cambiaría mucho más el ingreso nominal. Llevaría el salario básico a unos 2.425.003 pesos, un aumento mensual cercano a 674.098 pesos, sin auxilio de transporte. Esa diferencia resulta atractiva para los hogares que dependen del mínimo.
Sin embargo, el incremento nominal no se traduce automáticamente en una mejora real equivalente. Si las empresas trasladan sus mayores costos a los precios, el poder adquisitivo crecería menos. También podrían reducir contrataciones o puestos formales si no logran absorber esos costos.
El salario que pueden sostener los precios y el empleo
El expresidente de la CUT, Fabio Arias, justifica su cifra con la brecha entre el salario mínimo vigente y el llamado salario vital. Según explicó, un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) había calculado un desfase de 48 puntos porcentuales.
Arias sostiene que, después del aumento de 2026 y de descontar la inflación, quedarían 32 puntos por recuperar. Añade una inflación cercana al 6,5% para defender el 38,5%. Es el cálculo sindical, no una fórmula legal obligatoria ni un consenso técnico.
El Banco de la República ha señalado otro riesgo. Su gerente, Leonardo Villar, atribuyó parte de las presiones inflacionarias al aumento salarial de 2026 y al mayor déficit fiscal. Según dijo, el ajuste del mínimo alcanzó el 23%, frente a una inflación cercana al 5%.
Villar advirtió que ese incremento, junto con la reducción de la jornada laboral, elevó el costo por hora y pudo afectar la credibilidad de la meta inflacionaria. La preocupación es que un alza muy superior a la productividad mantenga las presiones sobre los precios.
El Emisor también destacó que la demanda interna creció 4,8% en el segundo trimestre de 2026. Más consumo puede impulsar las ventas, pero si la producción nacional no aumenta al mismo ritmo, una parte de la demanda termina atendida con importaciones.
Según Villar, las importaciones en dólares crecieron cerca del 18% durante los primeros ocho meses del año. También advirtió que el país podría registrar un déficit comercial de bienes histórico, aunque las remesas y los servicios compensan parte del desequilibrio.
El dilema no consiste en elegir entre trabajadores y empresas. Un salario que pierde frente a los precios reduce el consumo de los hogares; uno que crece muy por encima de la capacidad productiva puede encarecer bienes y dificultar la creación de empleo formal.
Un aumento técnico no resuelve toda la discusión
Un incremento cercano al 8 % parece, con la información disponible, el punto de partida más defendible desde el criterio técnico. Compensaría una inflación proyectada del 6,8% y sumaría una productividad estimada del 1,2%. No resolvería, sin embargo, todos los problemas de ingresos.
El 8% tampoco debe convertirse en una cifra automática. La mesa deberá revisar la inflación observada, la productividad certificada, el crecimiento, el empleo y la situación fiscal. Si esos datos cambian, también debe cambiar la evaluación sobre cuánto puede aumentar el salario.
ANIF ha advertido que la negociación debe considerar la compresión salarial, la informalidad y el costo fiscal de las pensiones, además de la inflación y la productividad. Estos factores importan porque el mínimo influye en obligaciones públicas más allá de la nómina privada.
La negociación tripartita debe comenzar a finales de noviembre o principios de diciembre. Si Gobierno, sindicatos y empresarios no logran consenso antes del 15 de diciembre, el Ejecutivo podrá fijar el incremento por decreto antes del 30 de diciembre. La cifra final aún no está acordada.