El decreto mantiene el monto global, pero modifica la distribución del gasto, aumenta recursos para salud y deja pendiente un ajuste fiscal de $45 billones.
El presupuesto para 2027 quedó encaminado a regir por decreto, con un monto cercano a $634,9 billones y una distribución que refleja cambios entre el proyecto inicial y el texto aprobado en primer debate. El desenlace legislativo no alteró el total, pero sí algunas prioridades de gasto.
El Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana identifica una modificación central: mientras el monto global se mantuvo alrededor de $635 billones, la inversión aumentó $1,2 billones y los gastos de funcionamiento disminuyeron en la misma cuantía. El servicio de la deuda no registró cambios en esa comparación.
La diferencia importa porque no se trata de recursos adicionales para el Estado, sino de una redistribución dentro de un presupuesto que continúa bajo presión fiscal. El aumento de la inversión amplía esa partida, pero no resuelve por sí solo las necesidades de financiación ni las restricciones del gasto.
Salud y Protección Social registra el mayor aumento frente al proyecto inicial, con $2 billones adicionales, según el Observatorio. En contraste, Hacienda presenta la reducción más alta, de $3,6 billones. También aumentan las apropiaciones para el Congreso, el Ministerio del Trabajo, la Registraduría y organismos de control.
Estas variaciones ayudan a explicar por qué el monto total no basta para evaluar las prioridades presupuestales. La distribución entre sectores determina qué entidades tendrán mayores apropiaciones para cumplir sus funciones y cuáles deberán atender sus obligaciones con menos recursos frente a la propuesta inicial.
Las diferencias entre sectores
La comparación con el presupuesto de 2026 muestra otro panorama. Frente a ese año, las apropiaciones de Igualdad y Equidad caerían un 98% y las de Presidencia un 77%, mientras Inclusión Social aumentaría un 78% y el servicio de la deuda, un 46%.
Estas variaciones corresponden a una comparación interanual, no a los cambios introducidos entre el proyecto inicial de 2027 y el primer debate. Distinguir ambas mediciones es esencial para evitar conclusiones equivocadas sobre qué sectores ganaron o perdieron recursos durante la discusión legislativa.
La caída de Igualdad y Equidad y de Presidencia contrasta con el crecimiento de Inclusión Social y del servicio de la deuda. Sin embargo, los porcentajes por sí solos no muestran cuánto dinero tendrá cada sector ni explican las razones de las variaciones; para ello se requieren las cifras absolutas y el detalle de las apropiaciones.
El peso creciente de la deuda constituye una de las principales alertas del Observatorio. Según sus estimaciones, el servicio de las obligaciones financieras absorbería cerca del 24% del presupuesto de 2027, mientras la inversión representaría alrededor del 14%. La relación evidencia la presión sobre los recursos disponibles para proyectos.
El organismo también advierte que más del 40 % de la financiación provendría de nuevo endeudamiento y que el recaudo tributario no alcanzaría el 14% del producto interno bruto. Estas proyecciones hacen que la reducción del déficit y la búsqueda de ingresos sostenibles sean asuntos centrales del debate.
El ajuste que falta
El Gobierno anunció una ley de rescate económico con un recorte cercano a $45 billones. La iniciativa aún debe presentarse al Congreso y sus detalles no se conocen. Por eso, todavía no es posible determinar qué gastos se reducirían ni cómo cambiaría la distribución del presupuesto.
Si el ajuste se concreta, podría reducir las necesidades de financiación mediante deuda, aunque su impacto dependerá de las medidas adoptadas y de su ejecución. El Observatorio considera indispensable que el Gobierno explique qué rubros afectará y cómo justificará decisiones que pueden incidir en servicios y programas públicos.
El decreto también deja en discusión partidas adicionales que se habían planteado durante el trámite legislativo. Entre ellas figuran $3 billones para salud, otros $3 billones para subsidios de energía, $700.000 millones para universidades públicas y $4,1 billones para inversiones regionales, según la información del debate.
La existencia de esos montos en la discusión legislativa no significa que todos hayan quedado incorporados al presupuesto que regirá. El Gobierno sostiene que aplicará el proyecto inicial con las modificaciones aprobadas en primer debate, luego de que Senado y Cámara no lograran conciliar sus textos.
El representante Juan David Londoño, del Partido de La U, planteó tramitar una ley de traslados presupuestales y aprovechar el Plan Nacional de Desarrollo para revisar necesidades regionales. Esa alternativa dependerá de los mecanismos legales disponibles, de las decisiones legislativas y del margen fiscal para financiar nuevas asignaciones.
El Observatorio también pide mayor claridad sobre el aumento de cerca de $60 billones frente al proyecto inicial presentado por el Gobierno anterior, así como sobre los recursos para atender el terremoto y las obligaciones del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.
En materia de transparencia, el presupuesto contempla informes trimestrales de Hacienda sobre los saldos y la ejecución de recursos administrados mediante fondos especiales, patrimonios autónomos, fiducias públicas y otros mecanismos.
Su utilidad dependerá de que permitan rastrear las transferencias y conocer cómo se emplea el dinero público.