Tomás González, director del CREE, advierte sobre los riesgos de suministro, el rezago en infraestructura y la dependencia del gas importado.
La seguridad energética vuelve al centro del debate en Colombia. El país enfrenta riesgos en el suministro de electricidad y gas natural porque la demanda crece más rápido que la oferta. El fenómeno de El Niño agrava una situación que ya existía.
Según Tomás González, director del Centro Regional de Estudios de Energía (CREE), el problema es que Colombia perdió capacidad para desarrollar proyectos energéticos a tiempo. La generación eléctrica incorpora menos de una quinta parte de la capacidad prevista cada año, mientras las líneas de transmisión acumulan retrasos de varios años.
“La línea que trazó el país entre seguridad energética y protección ambiental y social quedó mal trazada», afirma a Acento el exministro de Minas y Energía. A su juicio, las dificultades para construir infraestructura obligan a revisar cómo se protege el ambiente sin poner en riesgo el abastecimiento de energía.
La preocupación tiene una explicación sencilla. Cuando el consumo aumenta más rápido que la capacidad para producir y transportar energía, el sistema pierde margen de respuesta. Esto puede traducirse en precios más altos y dificultades para atender toda la demanda de electricidad y gas.
El fenómeno de El Niño añade presión porque reduce las lluvias y la disponibilidad de agua para las centrales hidroeléctricas. Colombia necesita entonces generar más electricidad con plantas térmicas, que requieren combustibles para funcionar y dependen, en parte, del suministro de gas natural.
“Cuando usted tiene menos oferta o la demanda crece más rápido que la oferta, tiene problemas de precios. El riesgo no se limita al costo de las facturas, sino que también incluye posibles dificultades para abastecer a todos los usuarios”, explica.
Una crisis energética y financiera
A los problemas de suministro se suma la falta de recursos para pagar la energía. Las deudas de empresas comercializadoras, especialmente en la costa Caribe, superan los cuatro billones de pesos, según informa González.
Los retrasos en los pagos afectan a las empresas que producen y transportan electricidad. También dificultan la compra del gas que necesitan las centrales térmicas para generar energía. Así, las dificultades financieras agravan los problemas físicos de abastecimiento en momentos de mayor demanda.
“Gobernar es tomar decisiones difíciles. El sector necesita destrabar proyectos, reducir trámites y facilitar la entrada de nueva energía al mercado. Sin embargo, las medidas administrativas no resuelven de inmediato los retrasos acumulados ni reemplazan las inversiones necesarias”, afirma el exministro a Acento.
El directivo compara la recuperación del sector con el despegue de un avión de gran tamaño. Ponerlo en movimiento exige tiempo y capacidad para recuperar velocidad. De igual forma, Colombia necesita reactivar proyectos, ampliar la generación y fortalecer las redes que transportan electricidad.
Las obras también enfrentan dificultades para conseguir licencias, adquirir terrenos y obtener permisos ambientales. A esto se suman bloqueos y problemas de seguridad. Estos obstáculos retrasan la entrada de nueva infraestructura y reducen la capacidad del sistema para responder al aumento del consumo.
El gas importado y la incógnita venezolana
Colombia necesita importar gas porque la producción nacional no alcanza para cubrir la demanda. Gonzaléz señala que se esperan dos nuevos proyectos de regasificación, uno pequeño en el Pacífico hacia finales de año y otro mayor en el Caribe durante febrero o marzo.
El gas importado procede principalmente del golfo de México y de Trinidad y Tobago. Venezuela podría convertirse en otro proveedor, pero antes deben definirse los volúmenes disponibles, los precios, los contratos y las garantías que permitan asegurar entregas estables durante varios años.
Advierte que Colombia no debería depender de un solo proveedor sin garantías suficientes. La experiencia de Europa con el gas ruso demuestra los riesgos de concentrar el abastecimiento en un país. La seguridad energética exige diversificar las fuentes y reducir la exposición a cambios políticos.
El transporte de gas desde Venezuela requeriría obras que podrían tardar alrededor de año y medio. “La dificultad principal no es construir la infraestructura, sino acordar quién suministrará el gas y bajo qué condiciones”, señala González a Acento.
La discusión también alcanza a la transición energética. El director del CREE considera que reducir las emisiones es necesario, pero no suficiente. Colombia debe garantizar que haya energía disponible y que sus precios sean razonables para los hogares y las empresas, sin abandonar los objetivos ambientales.
Decisiones que requieren tiempo
Los problemas actuales reabren el debate sobre el equilibrio entre las exigencias ambientales y la construcción de infraestructura. El exministro sostiene que Colombia debe revisar los obstáculos que retrasan los proyectos, sin eliminar los controles necesarios para proteger los ecosistemas y las comunidades.
González reconoce señales del nuevo Gobierno para mejorar la gestión institucional y acelerar las obras. Sin embargo, advierte que la recuperación del sector requiere inversiones, decisiones difíciles y continuidad. Los resultados no llegarán de inmediato, aunque algunas medidas puedan adoptarse durante el mandato.
La situación también tiene consecuencias para Norte de Santander. Una eventual reactivación comercial con Venezuela abriría oportunidades para las empresas de la región, pero ese crecimiento aumentaría la necesidad de energía, infraestructura y condiciones estables para invertir y desarrollar nuevas actividades productivas.
El desafío de Colombia va más allá de superar el fenómeno de El Niño. El país necesita aumentar la oferta, ampliar las redes, asegurar el gas y resolver las deudas que afectan al sector. Sin estas medidas, los riesgos de suministro persistirán después de la temporada seca.