Nueve años después de este hito jurídico, la brecha entre las órdenes judiciales y la realidad en el territorio continúa cobrando vidas.
El 8 de mayo de 2017, la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en La Guajira. Con la Sentencia T-302, el alto tribunal determinó que la trágica muerte de niños y niñas Wayuu por hambre, sed y enfermedades prevenibles era el resultado directo de una vulneración masiva y sistemática de sus derechos fundamentales, atribuible a fallas estructurales del Estado.
Nueve años después de este hito jurídico, la brecha entre las órdenes judiciales y la realidad en el territorio continúa cobrando vidas.
Entre 2004 y 2016, antes de la sentencia, 4.772 menores de cinco años fallecieron por causas vinculadas a la desnutrición. Pese a las advertencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2015 y al fallo de la Corte, entre 2017 y 2026 se han registrado más de 550 muertes evitables en el departamento. La Guajira mantiene una tasa de mortalidad infantil 8,3 veces superior al promedio nacional.
El panorama reciente confirma la persistencia del drama:
Mortalidad recurrente: El Auto 1179 de 2025 estableció que entre 2018 y 2024 murieron 729 niños y niñas Wayuu menores de cinco años en Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia debido a desnutrición, Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) e Infección Respiratoria Aguda (IRA).
Acceso crítico al agua: El Auto 1019 de 2026 constató que apenas el 22,7% de la niñez Wayuu evaluada en los registros oficiales recibe más de 20 litros de agua diarios, pilar básico para la supervivencia.
La paradoja institucional
Para materializar la sentencia, la Corte dio un plazo de seis meses en 2017 para crear un plan único con responsabilidades, metas y recursos claros. Siete años después de vencido ese término, la respuesta institucional sigue fragmentada.
El magistrado Carlos Camargo, presidente de la Sala Especial de Seguimiento, reportó que la Corte ha expedido 136 providencias, realizado siete sesiones técnicas y tres inspecciones judiciales sin lograr una articulación efectiva del Estado.
“Mientras no exista un plan único con responsables definidos, con recursos identificados y metas medidas en goce efectivo de derechos, cada entidad seguirá respondiendo por sus actividades y ninguna responderá por los resultados”, advirtió.
La tragedia en las trochas
El fracaso en la implementación se traduce en pérdidas humanas irreparables. En septiembre de 2026, una gestante de la comunidad de Caraguama (Uribia) presentó complicaciones en el parto. La IPS y la Secretaría de Salud argumentaron imposibilidad de llegada por distancia, hora y seguridad. La comunidad asumió el traslado por sus medios, pero la recién nacida falleció en el trayecto.
“El Estado volvió a fracasar. Si la Sentencia T-302 de 2017 se hubiera cumplido, esa niña no habría muerto en una trocha (...) Esa muerte era evitable. Es la consecuencia directa de 9 años de órdenes incumplidas”, sentenció el magistrado Camargo, recordando que la Corte no dudará en abrir incidentes de desacato contra funcionarios responsables.
Propuestas ciudadanas frente al burocratismo
En la sesión técnica realizada en Riohacha el 13 de octubre de 2026, la veeduría ciudadana liderada por la investigadora Ruth Chaparro presentó una propuesta técnica de 200 páginas basada en más de 100 documentos y 1.000 folios. El documento propone una hoja de ruta con metas entre 2025 y 2035 respetando el sistema normativo Wayuu.
Sin embargo, la veeduría denunció que el Gobierno persiste en elaborar borradores paralelos sin integrar este insumo, tras 51 reuniones y decenas de asambleas que no se han traducido en un instrumento operativo. Las comunidades continúan siendo tratadas como simples "sujetos procesales" y no como actores decisivos.
Urgencias en el territorio: agua, soberanía alimentaria y salud
Para superar la crisis, los análisis y llamados de la sociedad civil apuntan a intervenciones de fondo: estudios hídricos reales, que permitan evaluar la oferta de agua y el impacto de la minería a gran escala, integrando el conocimiento ancestral wayuu.
Además, de la soberanía alimentaria para superar la dependencia de los paquetes del ICBF mediante el fortalecimiento de huertas locales, sistemas agroforestales y producción propia.
Y la salud intercultural, que permita poner en marcha centros de atención primaria, rutas móviles, traductores y articular el saber de las parteras al sistema de salud.
Superar la tragedia de La Guajira no requiere más expedientes ni burocracia, sino voluntad política y ejecución real para garantizar el derecho fundamental a la vida de la niñez wayuu.