El diagnóstico confirma un preocupante deterioro de la seguridad ciudadana: en el año 2025 se reportaron 13.428 casos de extorsión, frente a los 9.791 registrad
En Colombia se registra, en promedio, un caso de extorsión cada 39 minutos. Detrás de esta estadística hay comerciantes, transportadores y familias enteras que conviven diariamente con el miedo y la presión del crimen organizado.
Así lo revela el estudio técnico ‘Análisis y caracterización de la extorsión en Colombia’, elaborado de manera conjunta por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), a partir de las cifras del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO) de la Policía Nacional.
El diagnóstico confirma un preocupante deterioro de la seguridad ciudadana: en el año 2025 se reportaron 13.428 casos de extorsión, frente a los 9.791 registrados en 2022. Esto representa un incremento anual de 3.637 denuncias. Durante ese trienio, la frecuencia del delito se aceleró de un caso cada 54 minutos a uno cada 39, mientras que la tasa nacional escaló de 18,94 a 25,23 casos por cada 100.000 habitantes.
La tendencia al alza se mantiene en el año en curso: durante los primeros cuatro meses de 2026 se registraron 3.936 casos, lo que equivale a un aumento del 8% respecto al mismo periodo de 2025, y del 10,1% en las ciudades capitales.
“Hoy se registra un caso de extorsión cada 39 minutos en Colombia. Detrás de cada cifra hay un comerciante, un transportador o una familia que paga con miedo. Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali y Cartagena concentran dos de cada tres casos de las capitales, y hacia allá tiene que llegar primero el Estado”, aseguró Julián Buitrago Arango, director del DNP.
Concentración urbana y disparidad territorial
Las 32 ciudades capitales del país concentraron en 2025 un total de 7.291 casos, correspondientes al 54,3% del consolidado nacional. Sin embargo, el comportamiento del delito varía de manera drástica entre regiones.
Entre 2024 y 2025, Cartagena sufrió un incremento del 93,9% (pasando de 197 a 382 casos), seguida por alzas significativas en Tunja (76,7%), Pasto (37 %) y Sincelejo (36,6%). En contraste, urbes como Bogotá, Barranquilla y Cali reportaron disminuciones del 16,1%, 17,8% y 7,4%, respectivamente.
Por su parte, Cúcuta registró una reducción del 7,4% en 2025, al pasar de 296 casos en 2024 a 274 en el último año. No obstante, las cifras acumuladas reflejan la arraigada naturaleza del problema en la capital de Norte de Santander: entre 2010 y 2025, la ciudad contabilizó un acumulado de 2.374 denuncias.
La celda como centro de operaciones y la barrera del subregistro
El informe detalla que las llamadas telefónicas directas representaron el 48,8 % de los casos en las capitales durante 2025. Al mismo tiempo, las modalidades asociadas a redes sociales y tecnologías de la información escalaron al 18,6%, una cifra notablemente superior al 7,6 % medido en 2016.
El principal motor de este engranaje opera desde las cárceles. Estimaciones de la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional (DIASE) señalan que cerca del 70 % de las llamadas extorsivas provienen de establecimientos de reclusión. A esta realidad se suma un agudo subregistro: las autoridades calculan que menos del 20% de las víctimas reales acude a denunciar, debido a la desconfianza o al temor a represalias.
Asimetría institucional y la propuesta de un CONPES
Uno de los principales cuellos de botella identificados es la falta de competencias directas para los alcaldes. Aunque son la primera autoridad de policía en sus municipios, de 21 puntos normativos analizados sobre la materia, 14 corresponden al nivel nacional (66,7%) y solo dos a las administraciones municipales. La investigación penal, el control penitenciario y la capacidad operativa especializada dependen de entidades del orden central.
Ante esta brecha, el DNP y Asocapitales proponen la formulación de un documento CONPES específico contra la extorsión —con enfoque prioritario en la modalidad carcelaria, metas medibles y un plan plurianual de inversión—, acompañado de una batería de 27 acciones de política pública orientadas a la prevención, la articulación judicial y la atención a víctimas.
“El DNP pone el diagnóstico y propone el instrumento: un CONPES contra la extorsión, con metas, responsables y presupuesto. Se suma a la ofensiva del presidente Abelardo de la Espriella contra las estructuras criminales. Sin dinero y sin teléfonos desde las cárceles, la extorsión pierde su motor”, puntualizó Buitrago.