Los señalamientos incluyen presuntas irregularidades financieras, posibles cobros por nombramientos y supuestos negocios con Venezuela.
Los contratos estatales de familiares de Verónica Alcocer, exprimera dama de Colombia, vuelven al centro del debate público en medio de las investigaciones y denuncias que rodean su entorno. Uno de los nombres que aparece en este escenario es el de Santiago Rafael Alcocer Vélez, empresario del sector automotor y primo de Alcocer, cuya compañía, Country Motors, ha celebrado negocios con entidades públicas.
La revisión de estos contratos coincide con una indagación de la Fiscalía General de la Nación relacionada con las acusaciones formuladas por Eva Ferrer, exasesora presidencial y antigua amiga de la exprimera dama. Los señalamientos incluyen presuntas irregularidades financieras, posibles cobros por nombramientos y supuestos negocios con Venezuela. Sin embargo, se trata de acusaciones cuya veracidad debe establecer la justicia y que no constituyen, por sí mismas, prueba de responsabilidad penal.
Ferrer fue citada en varias ocasiones por la Fiscalía para ampliar sus denuncias y aportar elementos de prueba. Su abogado ha sostenido que mantendrá las acusaciones. Alcocer, por su parte, manifestó su disposición a colaborar con las autoridades y cuestionó que se pretenda relacionarla con hechos ocurridos en Venezuela a partir de versiones de terceros.
Los negocios de Country Motors
Uno de los episodios que ha despertado interés es una operación comercial relacionada con la venta de 40 vehículos a la Corporación Mixta para la Sustentabilidad y el Desarrollo Integral Yapurutú. Posteriormente, los automotores fueron adaptados y vendidos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por $29.000 millones.
En agosto, Francisco Estupiñán, representante de Yapurutú, aceptó cargos por peculado e interés indebido en la celebración de contratos. Este hecho se enmarca en las controversias por la contratación de vehículos destinados a la atención de emergencias. No obstante, la información disponible no permite atribuir automáticamente a Alcocer Vélez responsabilidad en las conductas aceptadas por Estupiñán.
El empresario aseguró que Country Motors no contrató directamente con la UNGRD, sino que suministró camiones a proveedores de esa entidad. También afirmó que colaboró con la Fiscalía para esclarecer los hechos y defendió la legalidad de sus operaciones mediante el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop II).
Otro registro corresponde a un contrato por $849 millones suscrito en diciembre de 2025 con el Sena, regional La Guajira, para adquirir vehículos destinados a un proyecto de restauración de aerobombas en comunidades wayúu. La compañía también ha celebrado contratos con la Gobernación de Bolívar y otras entidades para la adquisición y el mantenimiento de automotores.
Alcocer Vélez negó tener propiedades o residencia en Miami y aseguró que ninguna autoridad lo ha citado. Asimismo, afirmó que desconoce las acusaciones formuladas por Ferrer y defendió la trayectoria comercial de su empresa.
Una controversia que trasciende los contratos
Los negocios de los familiares de la exprimera dama se conocen en medio de una disputa que también involucra al empresario español Manel Grau, mencionado por Ferrer en sus denuncias. Grau rechazó las afirmaciones, las calificó de falsas y calumniosas y anunció acciones judiciales para defender su reputación.
Las acusaciones de Ferrer también apuntan a supuestos testaferros, presiones dentro de la Casa de Nariño y posibles irregularidades en negocios y nombramientos. Hasta ahora, estas versiones deben diferenciarse de los hechos documentados sobre contratación pública y de las decisiones que adopten las autoridades.
El caso plantea interrogantes sobre los vínculos entre el poder político, los círculos familiares y los negocios con el Estado. La existencia de contratos públicos no demuestra por sí sola una irregularidad, pero sí hace relevante examinar sus condiciones, procedimientos y ejecución, especialmente cuando surgen cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés.
La clave estará en establecer si las operaciones cumplieron las normas de contratación y si existe alguna relación demostrable entre los negocios de los familiares y las conductas denunciadas. Mientras avanzan las indagaciones, la responsabilidad individual deberá determinarse con pruebas y decisiones judiciales, no únicamente a partir de señalamientos públicos.