Mientras el Consejo de Seguridad de la ONU reclama recursos y garantías para la justicia transicional, la JEP denuncia una campaña de desinformación.
La política de paz del Gobierno de Abelardo De La Espriella comienza a mostrar sus principales tensiones: la relación con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), las garantías para quienes dejaron las armas y la capacidad institucional para cumplir los compromisos derivados del Acuerdo Final. Tres asuntos que, aunque tienen alcances distintos, coinciden en una discusión de fondo sobre el futuro de la justicia transicional y la reincorporación.
El episodio más reciente se produjo en la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) de Valle del Guamuez, Putumayo, donde permanecen 58 excombatientes de los Comandos de la Frontera, vinculados a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Carlos Andrés Ríos, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y comisionado de paz encargado, anunció que el Gobierno cerrará el espacio en dos meses, pese a la decisión judicial que suspendió durante seis meses el desmonte.
Durante una sesión de la Comisión Legal de Paz del Congreso, Ríos argumentó que la continuidad de la zona no es viable por falta de presupuesto. “¿Cómo yo voy a cumplir esa tutela si no tengo plata para poderlo hacer? No la tengo”, afirmó.
El funcionario también cuestionó las acciones judiciales de los excombatientes y sostuvo que el Gobierno no puede permitir que los jueces sean instrumentalizados. Sin embargo, el fallo del Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Puerto Asís advirtió que el plan de salida requería mayor coordinación institucional y garantías de seguridad.
La decisión ordenó proteger los derechos a la integridad física, la reincorporación y el tránsito a la vida civil. También planteó la necesidad de articular a entidades como la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la Fiscalía y los ministerios involucrados para definir una salida con garantías.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, presentó a los excombatientes de la ZUT como “una primera muestra de la política de sometimiento” del Gobierno. La declaración coincide con la radicación de un proyecto de ley sobre esa política, una señal de que el Ejecutivo busca establecer su propia ruta frente a los grupos armados, aunque persisten interrogantes sobre la financiación y las condiciones jurídicas de su aplicación.
La JEP, entre el respaldo internacional y la controversia política
En paralelo, la justicia transicional enfrenta cuestionamientos sobre su funcionamiento. La JEP denunció una presunta estrategia sistemática de desinformación, con noticias falsas y manipulación de contenidos mediante inteligencia artificial, que, según la entidad, busca desacreditar sus resultados y afectar su autonomía.
La jurisdicción rechazó las versiones sobre un supuesto derroche de recursos y aseguró que su presupuesto representa el 0,14% del Presupuesto General de la Nación. Indicó que esos fondos se destinan a investigar más de 250.000 crímenes, atender a más de 600.000 víctimas acreditadas y resolver la situación jurídica de más de 17.000 comparecientes. También reportó 3.618 decisiones con efectos de sentencia y destacó que, en 2025, alcanzó un cumplimiento presupuestal del 99,3%, según el balance citado por la institución.
“La verdad es que la JEP hoy es objeto de un ataque político basado en mentiras”, señaló la entidad, que advirtió sobre mensajes intimidatorios contra magistrados y funcionarios.
La discusión contrasta con el llamado que hicieron representantes de países miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante la presentación del informe trimestral del secretario general, António Guterres, el 12 de octubre. Rusia, Reino Unido, Francia, China, Panamá y Dinamarca insistieron en la necesidad de asegurar financiación, independencia institucional y condiciones de seguridad para avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz.
La delegada danesa calificó el inicio de las sanciones propias como un momento importante para la justicia transicional, mientras otros representantes reclamaron recursos estables para que las decisiones judiciales puedan ejecutarse y beneficiar a las comunidades afectadas por el conflicto.
El desafío de convertir los anuncios en garantías
El Gobierno tiene el reto de demostrar que su política de sometimiento puede ofrecer resultados sin desconocer las decisiones judiciales ni poner en riesgo a quienes abandonaron las armas. A su vez, la JEP necesita preservar la confianza pública y garantizar que sus sanciones se traduzcan en verdad, reparación y compromisos restaurativos.
La falta de recursos, las controversias políticas y las dificultades de coordinación institucional pueden convertirse en obstáculos para la implementación. En ese escenario, el rumbo de la paz no dependerá únicamente de los anuncios del Ejecutivo, sino de su capacidad para conciliar el orden jurídico, la seguridad y los derechos de las víctimas y los excombatientes.