La nueva regulación del uso de la fuerza pública desató demandas ante el Consejo de Estado y dividió al Congreso.
La protesta social se convirtió en el primer gran pulso político entre el Gobierno de Abelardo De La Espriella y el petrismo, luego de la expedición del Decreto 1525 de 2026, que modificó las reglas de intervención de la Fuerza Pública durante las manifestaciones. La norma, firmada el 13 de octubre, provocó anuncios de demandas judiciales y marcó el ambiente de las movilizaciones del día siguiente en distintas ciudades del país.
El Ejecutivo sostiene que la medida busca proteger las manifestaciones pacíficas y establecer condiciones claras para intervenir cuando se presenten agresiones, daños a la infraestructura o riesgos para la vida. Sus críticos, en cambio, consideran que los cambios podrían exceder las facultades reglamentarias del Gobierno y debilitar las garantías para quienes ejercen su derecho a protestar.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, defendió la decisión al señalar que “es un decreto garantista y democrático”. Y agregó: “El presidente ha sido claro, se respeta la protesta social, pero no se toleran los bloqueos”.
La discusión no se limita a la posibilidad de intervenir ante hechos violentos. También gira alrededor de cuándo puede darse por terminado el diálogo entre las autoridades y los manifestantes, y de qué manera deben protegerse los derechos de quienes marchan pacíficamente frente a las conductas individuales que alteran el orden público.
Las dudas jurídicas
La senadora Jennifer Pedraza anunció acciones judiciales al considerar que el Gobierno no podía modificar las reglas de la protesta por medio de un decreto. A su juicio, una regulación que incida en este derecho fundamental debe tramitarse mediante una ley estatutaria en el Congreso.
La congresista también cuestionó que se concedieran siete días para la consulta pública y que no se convocara a la Mesa Nacional de Garantías. Su principal preocupación es que el diálogo previo a la intervención de la Fuerza Pública deje de ser un paso obligatorio y se convierta en una opción para las autoridades.
Pedraza advirtió, además, que los bloqueos no constituyen automáticamente un delito y citó la Sentencia C-742 de 2012 de la Corte Constitucional. Desde el Pacto Histórico, el vicepresidente del Senado, Alejandro Ocampo, también anunció una demanda de nulidad, al considerar que el Ejecutivo podría haberse excedido en sus facultades reglamentarias.
Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis, y Daniel Monroy se sumaron a las acciones contra la norma y anunciaron, además, una tutela y una solicitud de suspensión cautelar.
El oficialismo defiende las nuevas reglas
Desde el Centro Democrático, el representante Daniel Briceño rechazó las críticas y afirmó que “lo que busca el nuevo decreto es proteger la protesta pacífica, los derechos de los ciudadanos y tener reglas claras para la aplicación del diálogo”.
Julio César Triana, de Cambio Radical, defendió tanto las garantías para los manifestantes como los derechos de quienes necesitan trabajar y movilizarse sin restricciones indebidas. En la misma línea, el procurador Gregorio Eljach recordó que la protesta está protegida constitucionalmente, aunque no es un derecho absoluto.
El Decreto 1525 contempla que los gestores de convivencia y los equipos de diálogo puedan continuar su labor mientras la Fuerza Pública actúa frente a quienes cometan agresiones. También establece que el Puesto de Mando Unificado debe verificar y dejar constancia de las circunstancias que permiten dar por agotado el diálogo, entre ellas impedir el paso de ambulancias, afectar servicios hospitalarios, portar armas o destruir infraestructura.
El texto precisa que esta decisión no autoriza el uso generalizado de la fuerza y que los bloqueos, por sí solos, no eliminan el carácter pacífico de una protesta. Asimismo, las autoridades deben publicar, dentro de las 72 horas siguientes a una jornada con afectaciones, un balance de heridos, daños y denuncias.
Una primera prueba para el Gobierno
Las movilizaciones del pasado 14 de octubre reunieron a docentes, estudiantes, centrales obreras y sectores de oposición en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y otras ciudades. Aunque el Gobierno calificó la jornada como pacífica en un 98%, también reportó intervenciones policiales, seis capturas y afectaciones a estaciones de TransMilenio.
“La gran mayoría de participantes ejercieron su derecho a protestar de manera pacífica, como corresponde”, afirmó De La Espriella, quien insistió en que las marchas pacíficas tendrán garantías, pero que no permitirá actos de violencia ni destrucción.
El balance oficial no cierra el debate. Las demandas deberán determinar si el decreto se ajusta a la Constitución y a las competencias del Ejecutivo. Mientras tanto, el desafío institucional será evitar que la defensa del orden público se convierta en una restricción desproporcionada de la protesta, sin desconocer los derechos de los demás ciudadanos.