El Mineducación anunció el restablecimiento del servicio para 1,27 millones de estudiantes afectados por el sismo, pero organizaciones advierten que persisten f
Han pasado un poco más de dos meses del terremoto del 10 de agosto, la reconstrucción del sistema educativo colombiano continúa siendo un desafío. Aunque el Gobierno anunció que el servicio fue restablecido para los estudiantes afectados, las condiciones en las que muchos regresaron a clases evidencian que recuperar la atención no equivale necesariamente a garantizar una educación digna, segura y de calidad.
Un análisis de la coalición NiñezYA advirtió que todavía existen instituciones con daños en su infraestructura y comunidades educativas que deben recurrir a soluciones temporales para mantener las clases. La situación pone en riesgo la continuidad de los aprendizajes, el bienestar emocional y la asistencia de niñas, niños y adolescentes.
El pasado 29 de septiembre, el Ministerio de Educación informó que había restablecido el servicio educativo para los 1.275.967 estudiantes afectados. Para llegar a ese balance, evaluó 5.539 sedes e incorporó variables como infraestructura, matrícula, ruralidad, condiciones socioeconómicas, conectividad y continuidad educativa.
“El proceso involucró la articulación de acciones en infraestructura, modelos pedagógicos flexibles, tecnología, acompañamiento a las comunidades y bienestar docente”, explicó la viceministra de Preescolar, Básica y Media, Gledy María Foliaco.
Sin embargo, las cifras de la Fundación Empresarios por la Educación (FExE) muestran una dimensión más amplia de la emergencia. Según su observatorio, dos meses después del sismo se identificaron 7.653 sedes afectadas en 22 departamentos y 527 municipios, donde estudiaban 1.658.022 menores y trabajaban 81.578 docentes y directivos docentes.
La diferencia entre los balances evidencia la importancia de precisar qué significa el restablecimiento del servicio y cuáles son las condiciones reales en las que funciona cada institución. Abrir las puertas o reanudar las clases no garantiza, por sí solo, espacios adecuados para aprender.
Aulas improvisadas y docentes
Los casos documentados por NiñezYA muestran las dificultades que persisten en las zonas afectadas. En Dagua, Valle del Cauca, dos de las seis sedes de la Institución Educativa Borrero Ayerbe colapsaron. Su rectora, Gladys Orcue, explicó que la comunidad ha tenido que reorganizarse para atender a los estudiantes mientras se recuperan las instalaciones.
“Estamos tratando de atenderlos como podemos, con la jornada completa, pero a veces, cuando hace mucho sol, toca despacharlos más temprano porque el calor no se soporta”, relató.
La situación también se presenta en el municipio de Atrato, Chocó. Allí, cuatro de las nueve sedes de la Institución Educativa Samurindó colapsaron y las clases debieron trasladarse a carpas donadas por Unicef.
“Desde el 7 de septiembre estamos dando clase. Además, hemos hecho unas atenciones de salud mental y psicosocial a los profesores porque también se han visto muy afectados. Una gran mayoría en sus viviendas”, señaló la rectora Nelly del Carmen Perea.
Estos testimonios reflejan que la emergencia no afecta únicamente la infraestructura. También compromete la salud mental de los docentes, las condiciones de trabajo y la capacidad de las comunidades para sostener la actividad escolar durante un periodo prolongado.
La reconstrucción exige coordinación
Ante las dificultades, Fundación Plan ha implementado Espacios Temporales para el Aprendizaje en Pereira y Dosquebradas, Risaralda, y contempla habilitar once espacios adicionales en zonas afectadas de Chocó y Valle del Cauca. Estas alternativas permiten mantener oportunidades de aprendizaje mientras se recuperan las instalaciones, pero no sustituyen la necesidad de garantizar un retorno seguro al sistema educativo formal.
En paralelo, la FExE adelanta diálogos con rectores y secretarías de Educación para consolidar información sobre el estado de las instituciones y los centros de desarrollo infantil, así como sus necesidades más urgentes.
“Necesitamos validar esta información con los rectores y las secretarías de Educación para entender en qué condiciones están regresando al aula y cómo podemos apoyarlos para que los estudiantes continúen su proceso de aprendizaje. La información la pondremos a disposición”, indicó Andrea Escobar, directora ejecutiva de la organización.
Los datos se reúnen en el micrositio Un millón de razones, que busca orientar los aportes de aliados y evitar la duplicación de esfuerzos. Allí, 74 organizaciones del sector privado han reportado 161 acciones en nueve departamentos, de las cuales 32 están en curso.
El reto, dos meses después del terremoto, es convertir el restablecimiento anunciado en una recuperación efectiva. Esto implica priorizar las sedes con mayores daños, coordinar los recursos disponibles y garantizar condiciones adecuadas para estudiantes y docentes. La continuidad educativa no puede depender indefinidamente de carpas, jornadas recortadas o espacios improvisados: el regreso a clases debe ser también un retorno seguro y digno.