Durante años enteros, Colombia padeció una inversión perversa de los valores republicanos. Nos acostumbramos a un país donde el ciudadano honesto vivía tras rej
Durante años enteros, Colombia padeció una inversión perversa de los valores republicanos. Nos acostumbramos a un país donde el ciudadano honesto vivía tras rejas, pagando extorsiones y midiendo sus palabras, mientras los cabecillas del hampa se paseaban orondos, confiados en la parálisis deliberada de un Estado titubeante.
A la Fuerza Pública se le arrinconó, se le desmoralizó y se pretendió someterla al escarnio público cada vez que intentaba ejercer su mandato constitucional. Sin embargo, las imágenes recientes del megaoperativo en Barranquilla marcan un punto de quiebre indiscutible: el orden institucional no pide permiso; se ejerce con carácter y determinación.
Ver el despliegue coordinado de cientos de policías y militares en la madrugada, ejecutando allanamientos y asestando golpes certeros a estructuras criminales, no es únicamente un balance operativo exitoso. Es, ante todo, una declaración de principios.
La presencia de un liderazgo que baja al terreno, acompaña la tropa y respalda sin fisuras el uniforme militar y policial restituye la dignidad a quienes arriesgan su vida por la patria. La autoridad legítima jamás puede esconderse tras la comodidad de un escritorio cuando el ciudadano de a pie es asediado por el delito.
Pero el hecho verdaderamente revelador de esta jornada trasciende las cifras de capturas. La escena en la que se confronta directamente a delincuentes como alias Ñoño o alias Keko, mirándolos a los ojos y desarmando la cobardía de quienes amenazan por teléfono o detrás de un arma, tiene un profundo peso simbólico.
No se trata de un altercado personal ni de un arrebato retórico: es el imperio de la ley plantado frente a la criminalidad para advertirle que la impunidad se agotó. Es la Constitución recordándole al bandido que extorsionar, robar y sembrar terror tiene consecuencias reales e inmediatas.
La firmeza frente al crimen no constituye un capricho ni un exceso; es la condición indispensable para que exista verdadera libertad. Ninguna democracia puede florecer si el Estado claudica ante las mafias o si se pretende equiparar la legitimidad de un uniforme con la bajeza de quien delinque.
Por demasiado tiempo los violentos creyeron que el miedo era patrimonio exclusivo de la gente decente, de los comerciantes que madrugan y de las familias trabajadoras.
Esa etapa terminó. Cuando la ley se aplica sin complejos y el Estado asume su deber de proteger a los justos y perseguir sin tregua a los delincuentes, las prioridades se enderezan.
La tranquilidad le pertenece a quienes construyen el país desde la honestidad; el desasosiego y el peso implacable de la justicia le corresponden a quienes decidieron vivir al margen de las normas. El miedo cambió de bando, y esa es la mejor noticia para la República.