El magistrado Camilo Suárez defiende el modelo de justicia restaurativa frente a las críticas por las sanciones impuestas a antiguos jefes de las Farc.
Las imágenes de antiguos jefes de las Farc realizando trabajos restaurativos, como cortar bambú, reabrieron el debate sobre el alcance de las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La discusión plantea una pregunta de fondo: ¿cómo pueden estas actividades contribuir a reparar a las víctimas de crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre ellos el secuestro?
La controversia trasciende las labores restaurativas. En el Congreso avanzan iniciativas que podrían modificar el futuro de la jurisdicción, en medio de la discusión por un recorte presupuestal de $170.000 millones para 2027 y de propuestas para poner fin a la JEP en 2028 y permitir que la Justicia Penal Militar revise sentencias contra integrantes de la Fuerza Pública.
El magistrado Camilo Suárez Aldana, ponente de la sentencia de primera instancia del Macrocaso 01, defendió el modelo transicional, explicó sus alcances y cuestionó las iniciativas que, a su juicio, pondrían en riesgo la independencia judicial y los derechos de las víctimas.
Una justicia que busca reparar
El Macrocaso 01 permitió identificar cerca de 22.000 hechos de secuestro atribuidos a las extintas Farc durante aproximadamente dos décadas. Según Suárez, el aporte de la JEP fue más allá de investigar episodios individuales: estableció patrones y políticas criminales que explican cómo y para qué se cometieron estos delitos.
Entre las finalidades identificadas estuvieron la financiación de la organización, el control territorial y el intercambio de prisioneros. La investigación también documentó conductas asociadas, como homicidios, desapariciones forzadas y otros hechos que agravaron el sufrimiento de las víctimas.
Frente a los cuestionamientos por las sanciones restaurativas, el magistrado sostuvo que la finalidad de la jurisdicción no es reproducir exclusivamente un esquema punitivo.
“Cuando hablamos del Tribunal para la Paz, el nombre tiene un sentido. No es un tribunal de venganza, sino uno que busca recomponer el tejido social”, afirmó.
Las sanciones propias están dirigidas a comparecientes que reconocen su responsabilidad, aportan verdad plena y detallada y cumplen las condiciones establecidas por la jurisdicción. Incluyen proyectos relacionados con la búsqueda de desaparecidos, el desminado humanitario, el medioambiente y la memoria.
Su ejecución, explicó Suárez, contempla mecanismos de seguimiento, registros de actividades y dispositivos electrónicos para verificar la ubicación de los sancionados. Las víctimas, además, participan durante el proceso, presentan pruebas, controvierten versiones y conocen las iniciativas restaurativas.
Sin embargo, el magistrado reconoció que la reparación tiene límites frente a daños irreversibles. “Respetamos y comprendemos que haya víctimas insatisfechas”, señaló, al referirse a las más de 4.000 acreditadas en este macrocaso.
La apuesta consiste en que la verdad, el reconocimiento de responsabilidad y las acciones restaurativas contribuyan a mitigar el dolor, aunque no puedan borrar lo ocurrido.
El debate sobre los tiempos y las competencias
Otro cuestionamiento recurrente apunta a la duración de los procesos. Suárez rechazó que la JEP avance con lentitud y explicó que su trabajo exige reconstruir fenómenos de macrocriminalidad, analizar grandes volúmenes de información y establecer responsabilidades por hechos cometidos durante décadas de conflicto.
Según indicó, la jurisdicción comenzó a emitir sentencias antes de cumplirse el décimo año previsto para la investigación y trabaja para agotar las indagaciones de los once macrocasos dentro de los plazos legales.
Sobre las declaraciones del antiguo jefe guerrillero Rodrigo Londoño acerca del trato a las personas secuestradas, el magistrado insistió en que la sentencia del Macrocaso 01 documentó graves afectaciones a la dignidad humana. También precisó que la decisión abordó doce crímenes internacionales, entre ellos conductas relacionadas con la violencia sexual, el reclutamiento de menores y las desapariciones forzadas.
“Se negoció con la libertad y con la dignidad humana”, sostuvo al describir el uso de las personas secuestradas como moneda de cambio.
La discusión más delicada, a su juicio, es la propuesta de trasladar a la Justicia Penal Militar la revisión de sentencias de integrantes de la Fuerza Pública. Suárez considera que la iniciativa desconoce los límites constitucionales de esa jurisdicción frente a graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.
“Consideramos que afecta la seguridad jurídica de los comparecientes de la Fuerza Pública, los derechos de las víctimas, la verdad y la autonomía e independencia de los sistemas judiciales”, advirtió.
En medio de las críticas al modelo restaurativo y de las iniciativas que buscan modificar la jurisdicción, el debate no se limita a la duración de las sanciones o a la percepción de reparación. También compromete la estabilidad de las decisiones judiciales y las garantías de quienes comparecen ante la JEP.
El desafío es demostrar que la justicia restaurativa puede traducirse en verdad, reparación y garantías de no repetición, sin desconocer la gravedad de los crímenes ni las expectativas de las víctimas.