Aunque el Gobierno formalizó el contrato del Fondo Milagro aún están pendientes las reglas para evaluar los proyectos y garantizar la transparencia en el manejo
El Gobierno formalizó la fiducia para administrar el patrimonio autónomo destinado a atender las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto. Aunque se anunció una primera bolsa cercana a $1 billón, todavía no están definidos los criterios para seleccionar, evaluar y priorizar las obras.
La reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto comienza a tomar forma institucional, pero aún tiene interrogantes por resolver. El Gobierno de Abelardo De La Espriella formalizó el contrato para constituir y administrar el Fondo Milagro, el mecanismo con el que espera canalizar recursos públicos y privados hacia las regiones damnificadas. Sin embargo, mientras la estructura administrativa avanza, las reglas para decidir cómo se invertirán los recursos siguen pendientes.
El Ministerio de Hacienda vinculó a la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior (Fiducoldex) para administrar el patrimonio autónomo, cuya primera etapa contará con cerca de $1 billón. No obstante, la formalización del instrumento, casi dos meses después de la emergencia, no significa que estén resueltos los procedimientos para poner en marcha las obras.
El presidente atribuyó parte de las demoras a la complejidad de la administración pública y a la falta de información consolidada sobre los daños. Incluso cuestionó a alcaldes y gobernadores por no entregar oportunamente los reportes de afectaciones, un insumo necesario para establecer las necesidades de cada municipio y orientar las inversiones.
Una estructura en marcha, pero sin manual de operación
Uno de los principales vacíos está en la definición de las funciones y los procedimientos del Fondo Milagro. Aunque ya tiene gerente y Consejo Directivo, todavía no se conocen con precisión los mecanismos para evaluar los proyectos, determinar su viabilidad, aprobar las intervenciones y establecer prioridades.
Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros e integrante del Consejo Directivo, reconoció que los miembros de la junta apenas comenzarán a conocer los detalles del funcionamiento. Tampoco pudo confirmar cuáles recursos ingresarán efectivamente al fondo, incluidas las donaciones recibidas por la primera dama, Ana Lucía Pineda.
La incertidumbre también aparece en las cuentas oficiales. Durante el debate presupuestal en el Congreso, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, presentó las fuentes aproximadas de financiación de la emergencia, pero el rubro de donaciones identificado como “UNGRD/Primera Dama” seguía registrado como “por cuantificar”.
A esto se suma la incorporación de $624.656 millones al Presupuesto General de la Nación mediante el Decreto 1488 del 6 de octubre de 2026. Los recursos provienen de créditos externos contratados por la Nación y fueron asignados al Ministerio de Hacienda para transferirlos al Fondo Milagro mediante transferencias corrientes.
El diseño financiero también plantea preguntas. Fiducoldex operará el patrimonio autónomo, pero los recursos monetarios serán administrados por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, a través del Sistema de Cuenta Única Nacional. Además, el contrato contempla una remuneración fija de 142 salarios mínimos mensuales, sin IVA, equivalente a unos $248,6 millones al mes. La representante Catherine Juvinao cuestionó el costo de mantener la fiducia desde la fase preparatoria, incluso antes de que comiencen las obras o los desembolsos.
La experiencia del Eje Cafetero como referencia
La reconstrucción también pone sobre la mesa las lecciones del terremoto de 1999. Jaime Arrubla, exsecretario jurídico del gobierno de Andrés Pastrana y partícipe de la creación del Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero (Forec), recordó que la atención de una catástrofe comprende distintas etapas.
Primero están las necesidades urgentes, como albergue, alimentación y atención médica. Después comienza la reconstrucción, un proceso que requiere identificar daños, establecer necesidades y organizar las intervenciones.
Desde esa perspectiva, Arrubla considera que el Fondo Milagro llega en un momento pertinente para iniciar esta segunda fase, siempre que el inventario de afectaciones permita definir qué debe reconstruirse y dónde.
Transparencia: el desafío que sigue pendiente
El fondo estará gerenciado por Jaime Andrés Uribe y contará con un Consejo Directivo integrado por empresarios y el secretario general de la Presidencia, Carlos Ríos. Entre sus responsabilidades estarán definir la estrategia, priorizar recursos, aprobar proyectos y hacer seguimiento a su ejecución.
Sin embargo, la experiencia del sector privado de sus integrantes no reemplaza la necesidad de reglas públicas, verificables y conocidas desde el comienzo. La eficiencia prometida dependerá de que existan criterios transparentes de selección, mecanismos de control, información sobre los recursos disponibles y rendición de cuentas sobre cada inversión.
Mientras se concretan esas definiciones, la Federación Nacional de Cafeteros ya adelanta obras con recursos solidarios en las zonas afectadas. Estas iniciativas muestran que hay capacidad para movilizar ayudas, pero no resuelven la necesidad de contar con un esquema integral de reconstrucción.
El Gobierno ha insistido en que no tolerará la corrupción en el manejo de estos recursos. El reto será convertir esa promesa en procedimientos concretos de vigilancia y control. El contrato representa un avance administrativo; la verdadera prueba del Fondo Milagro será demostrar que el dinero llega a las familias damnificadas y se traduce en viviendas, hospitales, colegios y servicios reconstruidos.