Gobierno busca ampliar las herramientas del Estado para combatir a las organizaciones armadas ilegales con la presentación del Estatuto Antiterrorista, un proye
El Gobierno de Abelardo De La Espriella prepara una ley estatutaria que crea un registro de organizaciones terroristas, endurece penas y establece nuevas herramientas de inteligencia y persecución financiera. La oposición advierte riesgos para las libertades públicas, mientras la iniciativa se encamina a una revisión técnica antes de llegar al Congreso.
El Gobierno busca ampliar las herramientas jurídicas del Estado para combatir a las organizaciones armadas ilegales con la presentación del Estatuto Antiterrorista, un proyecto de ley de 116 páginas que ya abrió un debate sobre los alcances del poder estatal en materia de seguridad y sus posibles efectos sobre los derechos fundamentales.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció que el documento será presentado ante el Consejo de Política Criminal, instancia que deberá emitir un concepto antes de que la iniciativa avance hacia el Congreso. El Ejecutivo sostiene que Colombia necesita instrumentos más precisos para perseguir a las organizaciones terroristas, sus cabecillas, financiadores y redes de apoyo.
La propuesta pretende llenar vacíos en el marco jurídico mediante nuevas figuras, mayores sanciones y mecanismos de cooperación internacional. Sin embargo, su alcance va más allá del endurecimiento penal, porque también plantea procedimientos administrativos que podrían tener consecuencias económicas y políticas para quienes sean incluidos en el registro de organizaciones terroristas.
Una lista con consecuencias económicas
Uno de los ejes centrales es la creación del Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas, inspirado en mecanismos como la lista OFAC de Estados Unidos y los sistemas de designación de organizaciones terroristas extranjeras.
La Instancia Técnica del Consejo de Seguridad Nacional elaboraría los expedientes y recomendaría las inclusiones, mientras que la decisión definitiva correspondería al Consejo de Seguridad Nacional mediante un acto administrativo.
La inclusión tendría efectos inmediatos: congelamiento de fondos, activos y recursos bancarios, además de restricciones para contratar con el Estado o acceder a subsidios, programas y recursos públicos. El borrador contempla que los afectados puedan solicitar su exclusión y que la decisión negativa pueda llevarse ante el Consejo de Estado.
El punto más sensible será establecer qué conductas y evidencias justifican una designación. Una definición demasiado amplia del terrorismo podría generar controversias sobre el debido proceso, la presunción de inocencia y la posibilidad de impugnar oportunamente las decisiones.
El Gobierno afirma que el mecanismo está dirigido contra organizaciones criminales, entre ellas el Eln, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc. Lara ha insistido en que la iniciativa no busca perseguir adversarios políticos ni criminalizar la protesta social.
Nuevos delitos y mayores facultades
El proyecto también propone aumentar las penas para conductas relacionadas con narcotráfico, extorsión, secuestro, minería ilegal, contrabando, trata de personas, delitos informáticos y ataques contra infraestructura crítica, entre otras.
En determinados casos, las sanciones podrían incrementarse cuando los hechos beneficien a organizaciones incluidas en el registro.
Las asonadas recibirían un tratamiento más severo cuando se dirijan contra unidades de la Fuerza Pública durante operaciones o se realicen en coordinación con organizaciones catalogadas como terroristas. La iniciativa también contempla un régimen penitenciario especial para sus cabecillas, con pabellones exclusivos, restricciones a las visitas y limitaciones de las comunicaciones, salvo aquellas relacionadas con la defensa.
A esto se suma la creación del Alto Comisionado contra el Terrorismo, adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia, designado directamente por el jefe de Estado por un periodo de cinco años. El borrador contempla, además, facultades extraordinarias para el presidente durante seis meses para reglamentar esa oficina.
La amplitud de estas disposiciones será determinante para evaluar si las nuevas herramientas cuentan con controles suficientes y delimitan claramente las competencias de las autoridades.
La oposición en alerta
El senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, cuestionó la generalidad de algunas definiciones y advirtió que podrían utilizarse para criminalizar manifestaciones sociales.
“Es evidente que ese carácter genérico e indefinido puede dar lugar a que, por ejemplo, bajo la concepción del actual gobierno, expresiones de la protesta social sean catalogadas como acciones terroristas”, señaló.
Cepeda también cuestionó la figura del Alto Comisionado, al considerar que podría concentrar atribuciones excesivas. Lara, por su parte, rechazó esos señalamientos y defendió el proyecto como una herramienta para garantizar la seguridad en todo el territorio.
La iniciativa también recuerda el antecedente del estatuto antiterrorista impulsado durante el gobierno de Álvaro Uribe, aprobado por el Congreso y posteriormente declarado inexequible por la Corte Constitucional en 2004.
El examen decisivo
Por su naturaleza estatutaria, el proyecto requiere mayoría absoluta en el Congreso, debe aprobarse en una sola legislatura y estará sujeto a revisión previa de la Corte Constitucional.
El desafío del Gobierno será demostrar que el endurecimiento de las herramientas de seguridad no desborda los límites constitucionales. La eficacia contra las organizaciones criminales dependerá no solo de las facultades otorgadas, sino de la calidad de las pruebas, la independencia de los controles y las garantías para quienes puedan resultar afectados.
El concepto del Consejo de Política Criminal y el posterior debate legislativo serán decisivos para determinar si el Estatuto Antiterrorista se convierte en un instrumento eficaz contra las estructuras criminales o si sus disposiciones requieren ajustes para evitar interpretaciones que comprometan derechos fundamentales.