Identificaron 227 contratos firmados el 30 de enero de 2026, por un valor conjunto de $21.137 millones.
La revisión de 811 contratos suscritos durante el Gobierno de Gustavo Petro identificó coincidencias en los objetos contractuales, diferencias de hasta cuatro veces en los valores y posibles anomalías en los plazos. Los hallazgos preliminares fueron remitidos a la Contraloría, mientras la nueva administración impulsa medidas de austeridad para contener el gasto público.
La revisión de la contratación estatal que dejó el Gobierno de Gustavo Petro comienza a revelar situaciones que requieren explicaciones. La Cancillería informó que, desde el pasado 7 de agosto, ha examinado 811 contratos por cerca de $92.846 millones y encontró coincidencias en sus objetos, diferencias significativas en sus valores y condiciones que considera atípicas. Los resultados se conocen en medio de la apuesta del presidente Abelardo de la Espriella por reforzar los controles sobre los recursos públicos y revisar las actuaciones de la administración anterior.
Uno de los principales hallazgos es que 551 contratos contienen actividades repetidas o altamente similares. De ese grupo, 367 tienen objetos contractuales idénticos, aunque fueron suscritos por valores diferentes. Según la entidad, algunas de esas diferencias alcanzan hasta cuatro veces el valor de otros contratos con el mismo objeto.
Las alertas también incluyen un contrato por $2.839 millones con un plazo de ejecución de apenas dos días y otro registrado por cero pesos, cuya ejecución se extiende hasta 2028. Estas situaciones deberán ser examinadas para establecer si responden a condiciones justificadas o si existen elementos que ameriten actuaciones de los organismos de control.
La contratación bajo la lupa
Las fechas de suscripción también concentran la atención. La Cancillería identificó 227 contratos firmados el 30 de enero de 2026, por un valor conjunto de $21.137 millones. Según el reporte, esa cifra representa el 28,1% de la contratación anual. Además, 101 contratos fueron suscritos durante fines de semana y el 53,4% de la contratación del año se concentró en las semanas previas al inicio de las restricciones electorales.
A esto se suma que el 99,6% de los contratos revisados fueron adjudicados mediante contratación directa, una modalidad que no implica por sí misma una irregularidad, pero cuyo uso exige verificar que se cumplieran los requisitos legales y que existieran justificaciones para prescindir de procesos competitivos.
En total, la entidad reportó 19 contratos con observaciones por aproximadamente $100.164 millones y remitió los casos a la Contraloría para que determine si procede una actuación de control fiscal. La Cancillería precisó que ese monto corresponde al valor de los contratos observados y no constituye un detrimento patrimonial probado. Las conclusiones son preliminares y los responsables tienen derecho a ejercer su defensa.
La revisión forma parte de las auditorías ordenadas por De La Espriella el 29 de agosto para identificar inconsistencias, riesgos y posibles hechos de corrupción en las entidades estatales. En el Ministerio de Igualdad, el Gobierno también anunció la revisión de más de 60 contratos por cerca de $469.000 millones y la presentación de 13 denuncias por presuntas irregularidades. Por su parte, la Contraloría anunció que examinará tres contratos suscritos con la Cancillería, el Dapre e Inravisión, por cerca de $16.627 millones.
Austeridad y control del gasto
La revisión contractual coincide con la puesta en marcha de nuevas medidas de austeridad. Mediante la Circular 06, la Presidencia impartió instrucciones para limitar gastos administrativos, especialmente los relacionados con viajes oficiales y publicidad, y reforzar el control sobre los recursos del Presupuesto General de la Nación.
En esa línea, el Ministerio del Interior anunció que puso $103.000 millones a disposición de Hacienda para que puedan reorientarse hacia otras necesidades estatales. La cartera aseguró que conservará los recursos mínimos necesarios para cumplir sus obligaciones y que la decisión no afectará sus proyectos misionales.
Las nuevas directrices también exigen justificar los desplazamientos oficiales, priorizar las reuniones virtuales, comprar los tiquetes aéreos más económicos que respondan a las necesidades del servicio y reintegrar los saldos no utilizados en las comisiones. Los viajes al exterior requerirán autorización previa del Despacho Presidencial.
Las medidas se conocen en medio de los cuestionamientos por el viaje a Francia de la primera dama, Ana Lucía Pineda, quien aseguró haber cubierto los gastos con recursos propios: “Todo con recursos propios. Puedo ir a París y a donde quiera en el mundo con mi plata”.
El desafío del Gobierno será demostrar que la revisión de contratos y los recortes se traducen en controles efectivos, transparencia y un uso más eficiente del presupuesto. Las coincidencias contractuales y los valores observados justifican verificaciones, pero no equivalen automáticamente a pruebas de corrupción. La credibilidad de este proceso dependerá de que las investigaciones avancen con evidencia, garantías para los involucrados y resultados verificables.