La productividad y la inclusión deben avanzar juntas para que la prosperidad tenga raíces duraderas.
El Plan Nacional de Desarrollo hacia 2030 plantea retos: alcanzar un crecimiento del PIB del 6% y reducir la pobreza monetaria al 20 %. Lograr estos resultados exige fortalecer una industria de alto valor agregado, aumentar la productividad y generar empleo de calidad que abra oportunidades para las familias.
La pregunta es cómo organizar al país para cumplir esas metas. Necesitamos inversión, talento, energía confiable, infraestructura, financiación y seguridad jurídica. También un gobierno ágil que articule estas condiciones, resuelva obstáculos y mida su gestión por resultados verificables.
El crecimiento debe llegar a los hogares mediante ingresos laborales suficientes y emprendimientos sostenibles. Reducir la pobreza exige servicios públicos, educación pertinente, protección social y acciones dirigidas a quienes enfrentan mayores barreras. La productividad y la inclusión deben avanzar juntas para que la prosperidad tenga raíces duraderas.
Recientemente, visité el País Vasco junto al gobernador Eduardo Verano y encontré lecciones aplicables: instituciones comprometidas con el desarrollo empresarial, empresas que convierten conocimiento en productos de calidad, una academia que prepara el talento y una sociedad comprometida con su futuro. Su arquitectura fiscal es particular, pero su filosofía de trabajo ofrece aprendizajes cercanos.
Las cifras permiten dimensionar sus resultados. Al primero de julio de 2026, la población provisional era de 2.257.392 habitantes, frente a 49.801.559 en España. El PIB por habitante, según la estimación de avance de 2025, alcanzó 42.492 euros, frente a 34.237 nacionales. En el segundo trimestre de 2026, el desempleo fue del 7,11%, frente al 9,87% español, según la Encuesta de Población Activa.
El inicio fue difícil: según Eustat, el desempleo era del 21,1% en 1985 y rozó el 25% en 1994. Su transformación invita a estudiar cómo la continuidad institucional, la reconversión industrial y el conocimiento aplicado contribuyeron a fortalecer su economía.
El País Vasco cuenta con el Concierto Económico: sus diputaciones forales recaudan los tributos concertados y la comunidad aporta al Estado un cupo para financiar competencias que este conserva. Navarra también tiene un régimen foral. Esta autonomía vincula las decisiones territoriales con la responsabilidad fiscal.
Autonomía, disciplina y transparencia
Sostener los servicios públicos y la infraestructura requiere una economía que produzca y una administración que recaude y gestione bien. Durante nuestras conversaciones escuchamos una idea reveladora: si no recaudamos nosotros, nadie vendrá a rescatarnos. Esa conciencia conecta la autonomía con la disciplina y la transparencia.
Para Colombia, una autonomía fiscal comparable parece lejana. Avanzar exige acuerdos políticos, cambios institucionales y responsabilidades definidas. Entretanto, podemos articular producción industrial, ciencia aplicada, talento y gestión pública.
La ciencia, la tecnología y la innovación deben conectarse con problemas concretos: mejorar procesos, reducir costos, elevar la calidad y desarrollar productos que encuentren compradores. Observar los cambios del mercado y comprender las necesidades humanas permite convertir conocimiento en valor.
Trabajar sin silos ministeriales significa reconocer que cada cartera participa en una misma cadena de resultados. Una política industrial pierde fuerza si falta talento, la energía es incierta o la logística encarece el producto. La integralidad exige objetivos compartidos, responsables identificados y seguimiento oportuno.
Un gobierno ágil debe simplificar trámites, coordinar decisiones y reducir tiempos de respuesta, preservando los controles y la transparencia. Su eficacia se demuestra cuando las inversiones avanzan y las soluciones llegan oportunamente a la ciudadanía.
La transformación debe construirse desde y para las regiones, con una decisión real de avanzar hacia la autonomía: capacidad para decidir, recursos para ejecutar y responsabilidad para rendir cuentas. Gobernaciones y alcaldías deben articular empresas, academia y comunidades alrededor de apuestas productivas territoriales.
Todos debemos cumplir nuestra parte: el Estado crear condiciones mediante políticas públicas, las empresas invertir e innovar, la academia aportar conocimiento y la ciudadanía participar y exigir resultados. Cada región tiene potencialidades y brechas socioeconómicas que atender simultáneamente. Esto exige liderazgo, cooperación y relaciones de valor estratégico.
Trabajar unidos es un imperativo. Construir la Patria Milagro desde adentro requiere convertir responsabilidades en oportunidades y bienestar. El cambio comienza por mí y adquiere fuerza cuando cada uno cumple su parte.