La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York incorporó nuevos cargos contra la pareja, que permanece detenida desde enero de 2026.
La ofensiva judicial de Estados Unidos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores sumó un nuevo capítulo con la presentación de cargos por presunta conspiración para cometer torturas contra ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela. La nueva imputación amplía el expediente penal contra la pareja y sitúa las denuncias de graves violaciones de derechos humanos en el centro del proceso que enfrenta el expresidente venezolano.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York formalizó los nuevos señalamientos este jueves, que se agregan a las acusaciones previas por conspiración de narcoterrorismo, tráfico de drogas y delitos relacionados con armas, cargos que ambos han negado al declararse inocentes.
Según el documento judicial, los fiscales sostienen que durante más de 25 años Maduro y Flores habrían utilizado sus posiciones de poder para enriquecerse y mantenerse en la cúpula del Estado mediante presuntos vínculos con el narcotráfico, la corrupción y graves abusos contra los derechos humanos.
La acusación también reitera los señalamientos sobre el denominado “Cártel de los Soles”, una supuesta estructura que, de acuerdo con la Fiscalía, habría utilizado integrantes de las Fuerzas Armadas y organismos estatales para facilitar operaciones de narcotráfico. El expediente menciona presuntas alianzas con organizaciones criminales como las Farc, el ELN, el Cártel de Sinaloa, Los Zetas, el Cártel del Norte del Valle y el Tren de Aragua.
Los fiscales sostienen, además, que las actividades investigadas no se limitarían a hechos del pasado, sino que habrían continuado hasta 2025. El documento también hace referencia a otros presuntos colaboradores de alto nivel identificados mediante códigos, cuya participación estaría relacionada con operaciones de narcotráfico, inteligencia y represión estatal.
Denuncias de tortura bajo custodia venezolana
El componente más delicado de la nueva imputación se relaciona con las denuncias de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela durante el gobierno de Maduro. Más de una docena de ellos fueron arrestados y, según las autoridades estadounidenses y defensores de derechos humanos, algunos habrían sido utilizados como instrumentos de presión política.
Matthew Heath, veterano de la Marina estadounidense, y Osman Khan, liberados en un intercambio de prisioneros en octubre de 2022, denunciaron en una demanda haber sufrido asfixia simulada mediante waterboarding, descargas eléctricas, amenazas de violencia sexual, administración de sustancias psicotrópicas y aislamiento. Heath también intentó suicidarse durante su detención.
Otros denunciantes son integrantes del grupo conocido como los “CITGO 6”, seis ejecutivos petroleros estadounidenses detenidos en 2017 y retenidos durante casi cinco años. Tomeu Vadell, Alirio José Zambrano y José Luis Zambrano afirmaron haber sido sometidos a torturas.
Varios de estos detenidos estuvieron recluidos en instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), organismo señalado por investigaciones de Naciones Unidas por presuntas detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas contra opositores políticos y sus familiares.
Los informes internacionales han documentado denuncias de descargas eléctricas, golpizas, asfixia, violencia sexual, privación de alimentos y agua, posiciones de estrés y exposición a temperaturas extremas. La nueva acusación estadounidense sostiene que Maduro recibía información sobre interrogatorios y habría impartido instrucciones sobre el trato a determinados prisioneros. Estas afirmaciones forman parte de los señalamientos de la Fiscalía y deberán ser examinadas dentro del proceso judicial.
La defensa de Flores pide arresto domiciliario
La ampliación de los cargos coincidió con una audiencia de Cilia Flores ante el juez federal Alvin Hellerstein, en Manhattan. Su defensa solicitó que se le permita permanecer bajo arresto domiciliario en una vivienda de Nueva York, alegando problemas de salud.
El Departamento de Justicia se opuso a la petición al argumentar que existe riesgo de fuga y que Flores recibe atención médica adecuada en el centro de detención federal de Brooklyn, donde permanece junto a Maduro desde su captura en Caracas, durante una operación militar estadounidense en enero de 2026.
El caso trasciende la responsabilidad penal individual de la pareja: también pone bajo escrutinio internacional las denuncias de abusos cometidos por organismos de seguridad venezolanos y el presunto uso de las instituciones estatales para sostener actividades criminales.
No obstante, las acusaciones no equivalen a una condena. La Fiscalía deberá demostrar sus señalamientos ante los tribunales, mientras la defensa conserva el derecho a controvertir las pruebas. El juicio contra Maduro y Flores está previsto para junio de 2027, en un proceso que podría tener repercusiones judiciales y diplomáticas para Venezuela y para las relaciones entre Caracas y Washington.