Hace dieciséis años, 2,5 millones de ciudadanos del Caribe marcaron una papeleta que no obligaba a nadie. El centralismo la archivó como un ejercicio pedagógico
Hace dieciséis años, 2,5 millones de ciudadanos del Caribe marcaron una papeleta que no obligaba a nadie. El centralismo la archivó como un ejercicio pedagógico. Hoy esa papeleta tiene, por primera vez, un camino jurídico para convertirse en decisión y un presidente que lo respalda.
La tesis de Acento es sencilla. La Región Entidad Territorial del Caribe no es una concesión de Bogotá. Es un mandato constitucional con 35 años de mora, y 2027 es la oportunidad de saldarlo.
El Caribe ha cumplido cada paso de la ruta. El artículo 307 de la Constitución de 1991 previó la conversión de las regiones en entidades territoriales. En 2017, los siete departamentos conformaron la RAP Caribe.
En 2024, sus gobernadores acordaron en Mompox iniciar la conversión. En 2025, las siete asambleas la autorizaron y la Comisión de Ordenamiento Territorial emitió concepto favorable.
El 29 de septiembre, la Comisión Primera del Senado aprobó en primer debate, por 17 votos contra ninguno, el Proyecto de Ley Orgánica 161 de 2026. Pocas veces una región ha cumplido tantos requisitos para pedir algo tan elemental: que se le permita votar.
El peso del Caribe no corresponde a su capacidad de decidir. La región reúne más de 11 millones de habitantes, cerca del 23% del país. Aporta el 14,9% del PIB y moviliza alrededor del 85% de la carga portuaria nacional.
Aun así, La Mojana se inunda año tras año mientras las soluciones se quedan atrapadas entre límites departamentales y ventanillas en Bogotá. Ese es el costo diario del centralismo: la región responde por decisiones que no toma.
El contexto político cambió. El presidente Abelardo De La Espriella gobierna desde las regiones y no desde un despacho en Bogotá. Despacha desde la sede alterna de la Presidencia en Barranquilla y tiene sedes alternas en Cali y Medellín.
Además, impulsa el reconocimiento constitucional de Barranquilla como capital alterna del país. Es la primera vez en más de un siglo que el poder presidencial se instala de manera estable fuera de Bogotá.
Su gobierno respalda, además, la conversión del Caribe en entidad territorial. Esa voluntad es la oportunidad. La ley es lo que la vuelve permanente.
Lo que sigue corresponde al Congreso. El proyecto debe superar la plenaria del Senado, la Comisión Primera de la Cámara y su plenaria, con las mayorías que exige una ley orgánica.
Solo entonces podrá convocarse el referendo en los siete departamentos, que debería coincidir con las elecciones territoriales de octubre de 2027. Cada legislatura perdida aplaza esa fecha al siguiente ciclo electoral.
Acento advierte un riesgo concreto: que la ley salga, como ya ocurrió antes, con competencias pero sin recursos. Una región sin financiación propia es apenas un nuevo nivel de trámite. El Congreso debe aprobarla con fuentes de financiación definidas y sin recortes que la vacíen.
En 2010 el Caribe habló sin que nadie estuviera obligado a escucharlo. Hoy el presidente lo escucha. En 2027 deberá votar con efectos jurídicos, y antes el Congreso tiene que permitírselo.