ANIF considera conveniente explorar recursos multilaterales por sus menores costos, pero advierte que el financiamiento debe acompañarse de ajustes fiscales par
La búsqueda de respaldo del Fondo Monetario Internacional (FMI) abre una discusión sobre cómo financiar al Estado colombiano sin agravar sus desequilibrios.
La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) considera conveniente explorar esa alternativa, pero advierte que conseguir crédito no sustituye el ajuste fiscal.
El Gobierno solicitó el 27 de septiembre iniciar una misión técnica para la consulta del Artículo IV, mediante la cual el organismo evalúa la economía y las políticas públicas.
Según la ANIF, el acercamiento permitiría estudiar opciones de cooperación y financiamiento en medio de crecientes necesidades de recursos.
El problema está en la magnitud del desequilibrio. La deuda neta del Gobierno alcanza el 56% del producto interno bruto (PIB), mientras las proyecciones oficiales contemplan déficits fiscales del 7,2% del PIB en 2026 y del 9,4% en 2027.
El deterioro obliga a conseguir recursos para cubrir gastos y obligaciones, tanto en Colombia como en el exterior.
El Plan Financiero prevé desembolsos externos por 40,8 billones de pesos en 2026 y 87,7 billones en 2027, montos que aumentan la exposición del país a las condiciones internacionales.
Crédito más barato, pero condicionado
La ANIF sostiene que un programa del FMI podría ofrecer financiación más económica que la obtenida mediante bonos internacionales.
Sus cálculos estiman una tasa efectiva anual del 3,7% para determinados créditos, frente a cerca del 6,6% que Colombia paga por títulos externos comparables.
La diferencia equivaldría a unos 290 puntos básicos, es decir, 2,9 puntos porcentuales. Ese ahorro potencial reduciría los intereses asociados al financiamiento, aunque dependería de la línea aprobada, el monto, los plazos y los cargos aplicables a la operación.
Entre las opciones examinadas están la Línea de Precaución y Liquidez y el Acuerdo Stand-By. La primera exige fundamentos económicos sólidos y una deuda sostenible; la segunda permite negociar un programa de ajuste, pero supone compromisos de política económica y revisiones periódicas.
La antigua Línea de Crédito Flexible dejó de ser una opción inmediata después de que el FMI suspendiera el acceso de Colombia por considerar que sus políticas y fundamentos ya no cumplían los requisitos. El Gobierno canceló el acuerdo en octubre de 2025 sin utilizar los recursos disponibles.
La experiencia nacional muestra que los acuerdos no implican necesariamente desembolsos. En 1999, durante la crisis económica, Colombia pactó un programa con el FMI por cerca de 2.700 millones de dólares, pero cumplió sus compromisos sin retirar los recursos previstos.
Entre 2002 y 2006, los gobiernos de Álvaro Uribe recurrieron a acuerdos Stand-By para respaldar programas de ajuste y reformas. Esos antecedentes muestran que el organismo puede aportar recursos y credibilidad, pero también vincula su apoyo a metas fiscales, financieras y económicas verificables.
El ajuste que no puede aplazarse
El principal límite de un eventual crédito es que no resuelve por sí solo el déficit. Si el Gobierno mantiene una brecha persistente entre ingresos y gastos, los recursos recibidos aumentarán las obligaciones futuras o aplazarán la necesidad de tomar decisiones difíciles.
Por eso, la corrección fiscal requiere revisar el gasto público, identificar partidas que puedan reducirse y evaluar la eficiencia de los programas estatales. La tarea consiste en contener gastos de bajo impacto sin debilitar servicios esenciales, inversión productiva ni ayudas destinadas a la población vulnerable.
Otra vía es fortalecer los ingresos permanentes mediante un mejor control de la evasión y la elusión, la revisión de beneficios tributarios y una administración más eficaz del sistema impositivo. Las medidas deben evaluarse según su capacidad recaudatoria y sus efectos sobre empresas, empleo y hogares.
También resulta necesario examinar los compromisos de gasto que crecen por encima de los ingresos disponibles. Las reformas deben considerar transferencias, obligaciones pensionales, subsidios y costos de funcionamiento, con transparencia sobre sus efectos presupuestarios y sin confiar exclusivamente en ingresos extraordinarios o supuestos optimistas de crecimiento.
La venta de activos públicos podría generar recursos puntuales, pero no corregiría un desequilibrio permanente. Del mismo modo, recurrir a más deuda interna, externa o multilateral permite atender vencimientos y necesidades de caja, aunque traslada obligaciones al futuro y puede elevar los costos si no mejora la credibilidad fiscal.
El respaldo del FMI también podría enviar una señal a los mercados sobre la disposición del Gobierno a cumplir metas y corregir desequilibrios. Sin embargo, esa señal dependerá de la consistencia del programa, la ejecución de las medidas y la capacidad de sostener los compromisos más allá de los anuncios.
La conclusión de la ANIF es que explorar recursos multilaterales resulta pertinente ante los altos costos y las necesidades de financiamiento. No obstante, la conveniencia del mecanismo depende de que el Gobierno lo integre en una estrategia fiscal creíble, con medidas que reduzcan el déficit y estabilicen la deuda.