El Eln, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo se disputan las rentas de la minería ilegal en el sur de Bolívar.
El oro se ha convertido en una de las principales rentas en disputa entre los grupos armados ilegales que operan en el Magdalena Medio. En el sur de Bolívar, el Ejército de Liberación Nacional (Eln), las disidencias de las extintas Farc y el Clan del Golfo no solo buscan controlar el territorio y las rutas del narcotráfico: también se disputan los ingresos que genera la explotación ilícita de minerales.
La magnitud del negocio quedó expuesta en un informe del Ministerio de Minas y Energía y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Durante 2025, en Colombia se registraron evidencias de explotación de oro de aluvión en 118.410 hectáreas. De esa extensión, el 75% correspondió a explotación ilícita, incluso en zonas donde la actividad está prohibida, como áreas protegidas y reservas forestales.
Bolívar ocupó el tercer lugar nacional, con 7.222 hectáreas de explotación ilícita, detrás de Chocó, con 41.493, y Antioquia, con 24.282. Los tres departamentos concentraron el 82 % de la superficie identificada en el país.
Estas cifras ayudan a dimensionar por qué el oro ha ganado importancia en las economías de las organizaciones criminales. A diferencia de otras actividades ilegales, la minería puede generar ingresos recurrentes mediante el control de la explotación, el cobro de extorsiones y la participación directa en la producción.
Un negocio que alimenta la disputa territorial
Durante décadas, el sur de Bolívar ha sido escenario de narcotráfico y presencia de grupos armados. Según información de inteligencia recopilada por la Dirección de Carabineros de la Policía, en la zona operaron estructuras de las Farc, entre ellas los frentes 24 y 37, cuyos integrantes no se acogieron mayoritariamente al proceso de paz, así como el Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del Eln.
El equilibrio entre esas organizaciones cambió en 2020 con la llegada del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo. Desde entonces, la disputa se extendió al control de las rutas de narcotráfico, las rentas de la minería ilegal y las extorsiones impuestas a comerciantes y transportadores.
En febrero pasado, la Defensoría del Pueblo alertó sobre los enfrentamientos en Regidor, Río Viejo, Norosí y Montecristo, municipios que hacen parte de un corredor estratégico entre los ríos Magdalena y Cauca. La confrontación ha estado acompañada de minas antipersonales, artefactos explosivos improvisados, municiones sin explotar y ataques con drones, además de homicidios selectivos, confinamientos y acciones armadas en centros poblados.
Sin embargo, el control criminal de la minería no implica necesariamente que los grupos armados sean propietarios de las minas. Las investigaciones de las autoridades señalan que una de sus principales estrategias consiste en cobrar a quienes ingresan maquinaria, transportan insumos o desarrollan la explotación.
Los cobros identificados pueden rondar el 10% por el ingreso de equipos e insumos, además de pagos por supuesta seguridad. En otros casos, las organizaciones se quedan con cerca del 20% del oro producido. Así, el dominio territorial se traduce en capacidad para decidir quién puede explotar, bajo qué condiciones y cuánto debe pagar.
El oro ilegal busca entrar al mercado formal
La otra pieza del negocio es la comercialización. La Policía ha detectado casos en los que el oro se registra a nombre de supuestos mineros de subsistencia, pese a que las verificaciones han encontrado personas privadas de la libertad, fallecidas o que presuntamente nunca ejercieron esa actividad.
Estos registros pueden facilitar que el mineral pase a comercializadores y se incorpore a la cadena formal. En el sur de Bolívar, Santa Rosa del Sur y Simití concentran parte de esta actividad. Una vez el oro ingresa a los circuitos comerciales y sale del país, rastrear su origen real se vuelve más difícil.
El desafío, por tanto, no consiste únicamente en destruir maquinaria o intervenir minas. También exige identificar quién financia la explotación, verificar los registros de producción, vigilar a los intermediarios y cerrar las rutas que permiten legalizar el mineral.
La nueva ofensiva anunciada por las Fuerzas Militares busca intervenir varios eslabones de esa economía. El comandante de las Fuerzas Militares, general Erik Rodríguez, ordenó el despliegue de unidades especializadas del Ejército. La Armada incrementará las operaciones fluviales, la Fuerza Aeroespacial Colombiana reforzará los sobrevuelos y la Dirección de Carabineros prevé desplegar personal en terreno.
El resultado dependerá de que esas operaciones logren afectar las finanzas de las organizaciones y no se limiten a intervenciones temporales. Mientras el oro ilegal conserve mecanismos para circular hacia el mercado formal, la minería seguirá siendo una fuente de financiación y un motivo de disputa armada en el Magdalena Medio.