Estados Unidos rebate el rechazo social a la tecnología y la rebautiza, mientras pacta con Silicon Valley cuatro capas de auditorías de seguridad.
La Casa Blanca firmó una orden ejecutiva para eliminar de forma oficial el uso de los términos inteligencia artificial e IA dentro del poder ejecutivo federal.
El presidente Donald Trump instruyó a todas las agencias gubernamentales a sustituir estas palabras por superinteligencia y su acrónimo SI en la correspondencia, informes y sitios web.
El Gobierno estadounidense justifica este giro lingüístico al asegurar que las herramientas tecnológicas actuales van mucho más allá de simplemente imitar o automatizar la mente humana.
Según el mandatario, la terminología oficial debe capturar de manera apropiada la promesa, el potencial y las capacidades de rápido avance que generan oportunidades ilimitadas.
Esta decisión busca alterar la percepción pública negativa sobre un mercado marcado por fuertes preocupaciones sobre destrucción de empleo y el encarecimiento de la energía eléctrica.
La creciente resistencia social aceleró las acciones políticas en la capital estadounidense para remodelar la imagen pública de este sector y promover sus ventajas económicas.
El acuerdo
Trump reunió en la sede presidencial a casi una treintena de ejecutivos de Silicon Valley para discutir los diversos riesgos inherentes al acelerado desarrollo informático.
Al término del encuentro, la Casa Blanca difundió un acuerdo conjunto firmado por el mandatario y los principales líderes de las mayores corporaciones tecnológicas del país.
Entre los firmantes destacan Sundar Pichai por Google, Dario Amodei por Anthropic, Mark Zuckerberg por Meta y también Greg Brockman al frente de la firma OpenAI.
El compromiso empresarial incluyó las firmas del magnate Elon Musk en representación de la red social X y de Jensen Huang en nombre de Nvidia.
Los ejecutivos acordaron aplicar cuatro capas estrictas de controles e inspecciones técnicas sobre cada uno de los modelos informáticos que desarrollen sus respectivas empresas.
El plan contempla la implantación inmediata de barreras internas contra ciberataques informáticos, riesgos de bioseguridad y eventuales amenazas químicas desarrolladas por sistemas avanzados.
Las empresas establecerán equipos internos de supervisión continuada y contratarán auditores externos independientes para evaluar el comportamiento técnico de sus herramientas.
Cada junta directiva designará un comité independiente de supervisión para velar por el cumplimiento de estas exigencias y proteger el entorno digital de los usuarios.
Los empresarios y el Gobierno señalaron que este esquema preventivo de seguridad representa un paso fundamental para garantizar un entorno tecnológico seguro y estable.
Asimismo, las partes signatarias reconocieron que estos compromisos voluntarios sobre controles y auditorías técnicas podrían convertirse más adelante en normas o leyes federales.
Controles e inversión
La directiva fija un plazo de 60 días al asesor de Ciencia y Tecnología para redactar un proyecto de ley con la definición federal formal del término.
Esta propuesta legislativa analizará si la nueva denominación modifica, expande o reemplaza de forma definitiva la definición vigente en el título 15 del Código estadounidense.
La disposición no obligará a alterar reglamentos emitidos anteriormente, actos presidenciales pasados, subvenciones estatales ni contratos públicos y privados que continúen en marcha.
En el plano presupuestario, el Gobierno federal ha destinado más de 5.000 millones de dólares a la Misión Génesis para acelerar investigaciones científicas y médicas.
Esta estrategia se suma al Plan de Acción publicado por la Casa Blanca, que establece más de 90 medidas para expandir la infraestructura tecnológica nacional.
El plan busca garantizar el liderazgo histórico de Estados Unidos en este campo, un dominio que la nación ha mantenido durante más de 70 años.