La revocatoria de visas a Peralta y Torres pone bajo la lupa a los otros 30 nombres señalados por De La Espriella, mientras crece el debate sobre una eventual
Lo que comenzó como una lista de nombres entregada durante la campaña presidencial terminó teniendo su primer efecto concreto en Washington. Estados Unidos revocó las visas de la senadora Martha Peralta y del empresario Euclides Torres, dos de las personas que Abelardo de la Espriella había señalado meses atrás ante el subsecretario de Estado Christopher Landau.
Pero la historia no termina allí. En el listado que el entonces candidato puso en conocimiento de las autoridades estadounidenses aparecen alrededor de 30 personas, entre dirigentes políticos, exfuncionarios, empresarios y líderes regionales vinculados o relacionados con el expresidente Gustavo Petro. La inclusión de esos nombres, sin embargo, no significa que Estados Unidos haya comprobado las acusaciones formuladas contra ellos ni que haya decidido retirarles la visa. Hasta ahora, las revocatorias confirmadas dentro de ese grupo corresponden a Peralta y Torres.
Entre los nombres que siguen bajo esa lupa están Carlos Caicedo, Patricia Caicedo, Felipe Hernández, Rafael Martínez, Antonio Correa, Fernando Niño, Iván Vargas, Andrea Vargas, Eduardo Pulgar, Agmeth Escaf, Juan Carlos Muñiz, Pedro Flórez, los hermanos Calle, Mario Fernández Alcocer, Karime Cotes, Rafael Macea, Luis Ramiro Ricardo, Carlos Felipe Quintero, Johana Osorio, Musa Besaile y Luis Fernando Lobo. A ellos se sumaron posteriormente Felipe Harman, Alexandra Pineda, Daniel Quintero, Isabel Cristina Zuleta, Carlos Andrés Trujillo y Julián Bedoya, de acuerdo con los reportes sobre la relación ampliada durante la campaña.
Ese inventario adquiere ahora una dimensión distinta. La decisión contra Peralta y Torres demuestra que las advertencias hechas durante la campaña sí llegaron al radar de Washington, aunque la decisión final corresponde exclusivamente a las autoridades estadounidenses. El Departamento de Estado ha utilizado en distintos momentos herramientas migratorias para restringir el ingreso a personas extranjeras vinculadas, según sus determinaciones, con corrupción u otras conductas consideradas contrarias a los intereses estadounidenses.
La discusión da un salto mayor con la propuesta de llevar algunos de estos casos a la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro). De la Espriella planteó que la lucha contra la corrupción podría ampliarse mediante esa herramienta, una posibilidad que ya empieza a generar solicitudes concretas: el Instituto Anticorrupción pidió a Washington evaluar a Euclides Torres bajo el marco de la Ley Global Magnitsky.
Aquí está la diferencia sustancial. Una revocatoria de visa es una medida migratoria; una designación de OFAC puede convertirse en una sanción financiera. Bajo el programa Global Magnitsky, Estados Unidos contempla sanciones contra extranjeros involucrados en corrupción y permite bloquear bienes e intereses en bienes bajo jurisdicción estadounidense, además de prohibir generalmente a las personas estadounidenses realizar transacciones con los designados.
Y no se trata únicamente de narcotráfico. Las reglas de Global Magnitsky contemplan expresamente conductas de corrupción, incluidos sobornos, apropiación indebida de recursos públicos y corrupción relacionada con contratos estatales. Un antecedente es el expresidente paraguayo Horacio Cartes, sancionado por OFAC en 2023 por corrupción.
Eso explica por qué el debate sobre la OFAC es considerablemente más fuerte que el de las visas. Una designación puede afectar activos, operaciones financieras y relaciones comerciales vinculadas con Estados Unidos y generar, además, efectos de cumplimiento para entidades que decidan evitar operaciones con una persona sancionada.
Pero hay una precisión fundamental: la Casa de Nariño no decide quién entra en la OFAC. La determinación corresponde al Gobierno estadounidense y depende del programa jurídico aplicable, la información disponible y los criterios de designación. Por eso, la lista de 30 nombres entregada durante la campaña no equivale a una lista de sancionados y tampoco permite anticipar quién será objeto de una nueva medida.
La verdadera dimensión de esta historia está, entonces, en lo que ocurra después de Peralta y Torres. Si Washington decide avanzar sobre alguno de los nombres que permanecen bajo revisión, el episodio pasaría de ser una controversia electoral colombiana a convertirse en un asunto con consecuencias migratorias y, eventualmente, financieras internacionales. La lista dejó de ser solamente un recurso de campaña. Ahora está bajo la mirada de una administración estadounidense que ya demostró que está dispuesta a utilizar sus herramientas de presión.