La discusión sobre el futuro de la JEP no se reduce a decidir entre cárcel o sanciones restaurativas, pues implica determinar qué necesita el país para conocer
Cuando Esneda Altamirano escuchó por primera vez hablar de justicia restaurativa pensó que aquello no era justicia. Habían pasado 15 años desde la desaparición de su sobrino John Harvey, un joven de 25 años asesinado y presentado falsamente como una baja en combate. Su deseo era que los responsables pasaran décadas en prisión.
Pero la historia tomó otro camino. Después de años de audiencias y de escuchar a los comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en marzo de 2024 Esneda y su hermana recibieron los restos de John Harvey, recuperados de una fosa común en Carepa, Antioquia.
“Gracias porque nos lo entregaron”, les dijeron a los responsables que contribuyeron a esclarecer lo ocurrido.
La experiencia de Esneda resume buena parte de la discusión que enfrenta hoy la JEP: ¿qué significa hacer justicia después de un conflicto de más de cinco décadas?
Casi diez años después de su creación, la Jurisdicción tiene más de 300.000 víctimas acreditadas y cerca de 18.000 comparecientes. Ahora enfrenta dos decisiones que podrían determinar su futuro: un recorte de $170.000 millones en el proyecto de presupuesto de 2027 y una propuesta de reforma constitucional que busca impedir que extienda su funcionamiento más allá de 2028.
El proyecto, promovido por el senador Enrique Gómez, plantea que los procesos pendientes pasen a la justicia ordinaria. La discusión ocurre justamente cuando la JEP entra en una etapa determinante de sus investigaciones y de definición de sanciones.
El debate no es solamente presupuestal. En el fondo, enfrenta dos concepciones sobre la manera de cerrar judicialmente un conflicto armado.
La justicia ordinaria tiene como eje la sanción penal. La JEP, en cambio, fue diseñada como un mecanismo de justicia transicional restaurativa, cuyos pilares son verdad, justicia, reparación y no repetición. Por eso, quienes reconocen responsabilidad y aportan verdad pueden recibir sanciones propias de entre cinco y ocho años, con restricciones de derechos y obligaciones de realizar trabajos y obras en beneficio de las víctimas y los territorios.
En Pitalito, Huila, por ejemplo, antiguos integrantes del Secretariado de las Farc participan en actividades de búsqueda de personas desaparecidas. En esos mismos escenarios intervienen miembros de la Fuerza Pública sancionados por hechos relacionados con asesinatos y desapariciones.
Para María Lucelly Escobar, firmante del Acuerdo de Paz y compareciente ante la JEP, el valor del modelo está precisamente en que obliga a quienes participaron en la guerra a confrontar sus responsabilidades y contribuir a la reparación. Su experiencia en el acompañamiento a madres buscadoras y en proyectos de memoria es, para ella, parte de esa respuesta.
Pero el conflicto también dejó víctimas entre quienes fueron reclutados siendo niños. René Otero tenía alrededor de diez años cuando ingresó a las filas de las Farc y logró salir seis años después. Su caso hace parte del expediente sobre reclutamiento y utilización de menores.
Su testimonio introduce otra deuda: la prevención. Para Otero, no basta con investigar lo ocurrido durante la guerra si el Estado no consigue evitar que otros niños sean reclutados por grupos armados.
Ahí aparece una de las mayores complejidades del debate. La JEP no solo debe responder por lo que ha logrado, sino también por lo que todavía no ha podido resolver. Su secretario ejecutivo, Harvey Danilo Suárez, reconoce que se trata de un “modelo imperfecto” y admite que existen víctimas que sienten frustración, rechazo o que consideran insuficiente la respuesta recibida.
El problema tiene además una dimensión temporal. Muchos de los hechos investigados ocurrieron hace 20, 30 o 40 años. Hay información perdida, responsables fallecidos y preguntas que probablemente nunca tendrán una respuesta completa.
Por eso, la discusión sobre el futuro de la JEP no puede reducirse a decidir entre cárcel o sanciones restaurativas. También implica determinar qué necesita el país para conocer la verdad, reparar a las víctimas y evitar que los hechos se repitan, y cuánto tiempo y recursos requiere para hacerlo.
La pregunta que queda planteada es si el cierre de la justicia transicional debe medirse por la fecha establecida para su funcionamiento o por la posibilidad real de concluir los procesos que dieron origen a ella.
Mientras el Congreso discute presupuesto y una eventual reforma constitucional, detrás de las cifras permanecen historias como la de Esneda, que encontró una respuesta después de 21 años, y la de miles de víctimas que todavía esperan saber qué ocurrió con sus familiares.
Ese es, finalmente, el punto central del debate: qué tipo de justicia necesita Colombia para cerrar una guerra que todavía tiene preguntas abiertas.