Así será la hoja de ruta de De La Espriella para gobernar hasta 2030

Por Redacción Acento

La propuesta parte de una apuesta ambiciosa: llevar el crecimiento económico del país al 6% y ubicar a Colombia entre las 25 economías más fuertes del mundo.

Así será la hoja de ruta de De La Espriella para gobernar hasta 2030

El Gobierno de Abelardo De La Espriella ya trazó la hoja de ruta para construir el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2026-2030, el documento que definirá las prioridades de la administración durante los próximos cuatro años. La propuesta parte de una apuesta ambiciosa: llevar el crecimiento económico del país al 6% y ubicar a Colombia entre las 25 economías más fuertes del mundo.

El planteamiento conocido hasta ahora se estructura en seis ejes: Reconstrucción, Transformación y Resiliencia; Patriotismo Constitucional; Milagro Social; Milagro Económico; Colombia de las Regiones, y Transformación del Estado. La arquitectura muestra que la administración pretende combinar seguridad, crecimiento, inversión social, descentralización y una reforma de la gestión pública.

El primer eje concentra la reconstrucción de territorios afectados por desastres, además de infraestructura, vivienda, servicios esenciales, prevención y gestión del riesgo. El segundo incorpora seguridad, justicia, democracia, lucha contra las economías ilegales y control territorial. El tercero reúne las políticas sociales en salud, educación, vivienda, servicios públicos, alimentación y atención a poblaciones vulnerables.

Pero es el denominado Milagro Económico el que plantea una de las metas más exigentes del documento. El Gobierno busca alcanzar un crecimiento del PIB del 6 % mediante una estrategia enfocada en seis sectores: minero-energético, vivienda e infraestructura, agroindustria, turismo, ciencia, tecnología e innovación y bioeconomía. También plantea recuperar la inversión privada, generar empleo formal y fortalecer empresas y mipymes.

La otra apuesta relevante está en Colombia de las Regiones. El Gobierno plantea impulsar la descentralización mediante macroproyectos distribuidos en 12 nodos regionales, junto con una mayor transferencia de recursos y competencias hacia los territorios. En términos políticos y administrativos, esto supone intentar que buena parte de la ejecución del Plan se traduzca en obras y proyectos identificables fuera de Bogotá.

El sexto eje, Transformación del Estado, apunta a una administración más eficiente, reducida y digitalizada, con énfasis en transparencia, lucha contra la corrupción y gestión orientada a resultados. Esa intención se conecta con uno de los elementos centrales de la propuesta: el seguimiento mediante indicadores.

El documento contempla inicialmente 312 indicadores: 157 de producto y 155 de resultado. La diferencia es importante: mientras los primeros permiten verificar qué entregó el Gobierno, los segundos buscan establecer qué cambios produjo su gestión. Así, la ejecución presupuestal pretende quedar vinculada a resultados verificables y no solamente al gasto de los recursos.

Sin embargo, todavía no se trata de un Plan aprobado. Es una hoja de ruta en construcción y la batería de indicadores puede modificarse. El proceso contempla durante octubre la instalación de la consulta previa y espacios de participación; en noviembre, la presentación ante el Confis y el Conpes y la entrega de las bases al Consejo Nacional de Planeación. Las audiencias públicas están previstas entre noviembre de 2026 y enero de 2027.

El calendario tiene una fecha política clave: el 7 de febrero de 2027, cuando el Gobierno prevé radicar el proyecto de ley ante el Congreso. El trámite legislativo está proyectado hasta mayo del próximo año.

El reto será convertir los seis ejes y la meta de crecimiento en decisiones presupuestales, proyectos regionales y políticas que puedan ser ejecutadas y medidas. La promesa de administrar con indicadores hará que el cumplimiento del PND pueda contrastarse durante el cuatrienio con sus propios objetivos.

Por ahora, la propuesta deja clara la orientación general del Gobierno: crecimiento económico, seguridad, inversión, descentralización y reducción del tamaño del Estado, acompañados de una batería de medición que pretende determinar, más allá de los anuncios, qué resultados se alcanzan. El verdadero alcance de esa agenda empezará a definirse en el Congreso y en las etapas de participación que todavía están pendientes.