Marco Rubio sostuvo que trabajan con la Asamblea Nacional de 2015 para celebrar los comicios electorales lo antes posible.
La celebración de elecciones libres en Venezuela volvió a ocupar el centro de la agenda internacional después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmara que Washington trabaja con la Asamblea Nacional opositora electa en 2015 para establecer las condiciones que permitan realizar nuevos comicios “lo antes posible”.
La declaración marca un nuevo capítulo en la estrategia estadounidense hacia Venezuela, en un momento en el que la administración de Donald Trump mantiene conversaciones con el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez y, paralelamente, sostiene contactos con sectores de la oposición. Rubio evitó establecer una fecha electoral, pero dejó claro que la transición democrática continúa entre las prioridades de Washington.
El dato político relevante está en el interlocutor escogido. La Asamblea Nacional elegida en 2015, cuya representación opositora mantiene una estructura política encabezada por Dinorah Figuera, participa en conversaciones con el gobierno encargado. Ese proceso ha incluido asuntos institucionales como la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y otras condiciones relacionadas con una eventual ruta electoral.
Rubio plantea que unas elecciones no pueden reducirse simplemente a fijar una fecha. La posición estadounidense, según sus declaraciones recientes, vincula el proceso electoral con la creación previa de condiciones institucionales que permitan que los comicios sean considerados libres y justos. La recuperación económica también forma parte de esa agenda, lo que muestra que Washington está abordando la transición venezolana desde varias dimensiones y no exclusivamente desde lo electoral.
Ese planteamiento coincide parcialmente con las demandas de María Corina Machado, aunque la dirigente opositora ha insistido en la necesidad de mayor concreción. Machado ha reclamado un calendario electoral con una fecha definida y la renovación de instituciones como el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia. Para la dirigente, la reconstrucción política debe estar acompañada por garantías para la participación de los venezolanos dentro y fuera del país.
La presión también se ha trasladado a las calles. En los últimos días, simpatizantes de Machado se movilizaron para exigir su regreso a Venezuela y reclamar elecciones presidenciales. La situación de la dirigente se ha convertido en uno de los asuntos que deberán resolverse dentro de cualquier eventual negociación electoral, debido a que sectores opositores demandan que pueda regresar y participar políticamente.
En ese escenario, Machado ha intentado colocar otro elemento sobre la mesa: el protagonismo de la sociedad venezolana. En una intervención reciente sostuvo que los venezolanos quieren elegir y hacerse responsables de su propio destino, al tiempo que reclamó que la transición no quede limitada a acuerdos entre dirigencias políticas.
El desafío ahora es convertir las declaraciones sobre elecciones en una hoja de ruta verificable. Hasta el momento, no existe una fecha oficial para las presidenciales ni un cronograma electoral definitivo. Tampoco está completamente resuelto cómo se renovarán las instituciones que deberían administrar y garantizar esos comicios.
Por eso, la frase de Rubio sobre elecciones “lo antes posible” tiene un peso político importante, pero todavía deja abiertas las principales preguntas: cuándo serán los comicios, quiénes podrán competir, qué garantías tendrán los candidatos, cómo participarán los venezolanos en el exterior y qué instituciones estarán encargadas de organizar el proceso.
La discusión venezolana entra así en una etapa en la que el consenso sobre la necesidad de elecciones parece avanzar más rápido que los mecanismos para hacerlas posibles. Estados Unidos busca mantener influencia sobre la transición, la oposición reclama garantías y calendario, mientras el gobierno encargado enfrenta el desafío de convertir las conversaciones políticas en decisiones concretas. El siguiente paso será determinar si ese proceso puede pasar de las declaraciones a un acuerdo institucional que permita a los venezolanos volver a las urnas.